Diputados reconocen al agua como derecho humano y su integridad con la tierra en el caso de territorios indígenas

En lo que fue calificado como un “paso histórico para Chile y los chilenos”, desde la sociedad civil se celebró la aprobación unánime por parte de la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados de varias indicaciones que modifican la institucionalidad de los recursos hídricos, entre las que destacan: el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, y la indivisibilidad jurídica del agua con respecto de la tierra en el caso de territorios indígenas.

La sesión se realizó este miércoles 7 de enero y forma parte del trámite de reforma al Código de Aguas, que corre en paralelo a los cambios constitucionales que se discuten en el Senado.

Por unanimidad la comisión aprobó la indicación de los diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (DC) y Matías Walker (DC) que consagra “el derecho humano al agua y al saneamiento”, en consistencia con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas suscrita por Chile el año 2010. Además, mandata al Estado como responsable de cautelar esta garantía. “El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado” fue la frase que quedó en el proyecto.

Pero no fue lo único. También en forma unánime se acordó incluir en la ley que “en el caso de territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente”.

La comisión además sancionó por una mayoría la denominación de las aguas en cualquiera de sus estados como “bienes nacionales de uso publico” cuyo “dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.”

“Este es un paso fundamental para los cambios que se necesitan” afirmó al concluir la sesión Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable. “Luego de más de 30 años estamos recuperando la tutela del agua para el bien común, como un bien público y no una mercancía transable en el mercado. Esto es un paso histórico para Chile y los chilenos”.

En visión de la dirigenta el Código de Aguas de 1981 “ha generado un escenario de concentración y especulación de derechos de agua sin ningún control por parte del Estado, lo que ha generado múltiples conflictos donde no solo se confrontan grandes proyectos mineros y energéticos con comunidades locales, sino también con agricultores, emprendedores turísticos e industriales por la competencia sobre el recurso.”.

La diputada Cristina Girardi destacó que pese a que “temas como el interés publico y el derecho humano al agua fueron bastante discutidos, estamos muy conformes de que en la comisión, conglomerados políticos transversales hayan aprobado las primeras reformas unánimemente”. En tanto, la diputada Yasna Provoste recalcó que estos cambios al citado cuerpo legal han sido demandas históricas de la ciudadanía en el país, “que en muchas zonas vive una situación de sequía, escasez de agua y dificultades para avanzar hacia una distribución justa y sustentable, por causa de las distorsiones del marco normativo vigente”.

Compleja tramitación

Durante los últimos años el Congreso ha constituido comisiones investigadoras por robo y usurpación de aguas, y por sequía. También ha ingresado a tramitación una veintena de reformas al Código de Aguas y a la Constitución, con el objetivo de resolver las causas de estos conflictos.

El proyecto que avanzó este miércoles en la Cámara (Boletín 7543-12) corresponde a una de estas iniciativas.

“La aprobación de estos primeros artículos constituye una noticia esperanzadora para los millones de chilenos que claman por la equidad en el acceso y distribución del agua en Chile. Lo ocurrido el miércoles es un primer gran paso en la dirección correcta” indicó Sara Larraín.

Participaron en la votación el presidente de la comisión Luis Lemus (PS) y los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Sergio Gahona (UDI), Cristina Girardi (PPD), Jorge Insunza (PPD), Andrea Molina (UDI), Daniel Núñez (PC), Yasna Provoste (DC), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (RN), Raúl Saldívar (PS) y Matías Walker (DC).