Defender la salud y el territorio es una de las luchas frente a los conflictos ambientales

El proyecto “Termoeléctrica Parinacota” se instalaría a dos kilómetros del Cerro Chuño, en Arica. El lugar ya está contaminado. En la década de los 80 hubo un acopio de desechos tóxicos como plomo y arsénico en el sector, generando consecuencias graves en la salud de sus habitantes. Existe un historial de contaminación que hasta hoy tiene sus consecuencias; principalmente, porque en el mismo lugar se construyeron conjuntos habitacionales para personas sin vivienda.

En el 2013 la empresa “Eléctrica de Arica” -que aún no tiene ninguna instalación en el lugar- propone hacer un cambio en el tipo de combustible para hacerlo más sustentable. Sin embargo, no hacen un estudio de impacto ambiental, en ese momento se presentaron recursos de protección a la Corte Suprema quien determinó que la empresa debía ingresar las nuevas modificaciones.

Por esto, se reunieron con el Ministro Pablo Badenier para solicitar su intervención en el tema termoeléctrico presente en Arica. En el año 2009 la empresa, tras presentar un Declaración de Impacto Ambiental, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregó su aprobación. Esto quiere decir que el proyecto contaba con las condiciones, exigencias o medidas necesarias para ser ejecutado.

Aquí surgen las posibles esperanzas, las modificaciones deberán hacerse de acuerdo a la legislación actual que fue modificada posterior a la primera Declaración de Impacto Ambiental que entregaron. El 26 de enero caduca la RCA y deben presentar nuevamente una declaración. Por tanto, tienen plazo hasta esa fecha para hacer algún tipo de gestión, como trámites administrativos o construcciones. Además, no han hecho cambios en el uso del suelo. Hoy es agrario y debiese pasar a industrial; y eso debe ser evaluado.

Gabriela Meza abogada y vocera de la Asamblea Ciudadana por la Dignidad y la Vida de Arica y Parinacota, explica que van a ingresar una solicitud ciudadana a través de la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental para que esto se cumpla. Respecto a la reunión con el ministro comenta que: “Le hemos pedido al ministro, básicamente, que haga cumplir que en esa fecha se vence el plazo de la empresa”.

Aquí comienza a verse lo que en el pasado la empresa no hizo correctamente. El 5 de diciembre del 2014 se interpuso un recurso de Protección por el Abogado de Derechos Humanos, Lorenzo Morales, que se sustenta en que no hubo participación ciudadana y se faltó al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten.

Gabriela Meza que también es representante de la Junta de vigilancia del Río Lluta, orientada a proteger los intereses de los agricultores en el valle, sostiene que la transgresión del Convenio 169 se debe a que las comunidades indígenas serán afectadas por la termoeléctrica ya que estará sobre vestigios de la cultura Aymara, generando un desequilibrio en su cosmovisión. Además, ilógicamente se interviene un espacio que ha sido declarado como Patrimonio Nacional.

La no consulta ciudadana que transgrede dicho convenio, se ampara en un error inicial. Se hizo una Declaración Impacto Ambiental y estas se deben realizar cuando no haya intervención de comunidades. En este caso ellas sí se verán afectadas, por lo que se debería haber hecho un Estudio de Impacto Ambiental, que seguramente y dentro de lo posible considerando la flexible legislación ambiental chilena, entregaría un panorama mejor.

Finalmente, otro punto a considerar en este conflicto son los engaños. Según Meza, el propio gerente de “Eléctrica de Arica”, Ricardo Miranda, ha reconocido un engaño, ya que se dice que la empresa proveerá de energía a la Región de Arica y Parinacota o a la minería nacional, mientras que la empresa, en realidad tiene un contrato hasta el 2027 con una termoeléctrica peruana. Por tanto, la central nacional enviará la energía para Tacna en Perú y no se quedará en Chile.