El drama de los desahucios en España

Carmen, desahuciada por avalar a su hijo en un préstamo

El drama de los desalojos en España se ha llevado la vida de más de treinta personas que, viéndose en una situación desesperada, optaron por el suicidio como forma de escapar de una deuda a la que no podían hacer frente. Miles de familias viven situaciones de auténtica alarma humanitaria, ¿los culpables? La mentira, la manipulación, la ambición empresarial y la falta de escrúpulos, principalmente.

Para entender el drama de los desahucios que vive España, hay que mirar hacia atrás y volver al decenio que trascurre entre 1997 y 2007, periodo en el que la construcción de viviendas e infraestructuras adquirió grandes y excesivas proporciones en España. El sector inmobiliario-contructivo y el bancario se unieron para construir masivamente hasta 6,6 millones de viviendas nuevas, la misma cantidad que la que se construyó en Francia, Italia y Alemania juntas en el mismo periodo.

El sector financiero, por su parte, facilitaba a los ciudadanos el acceso a esas nuevas viviendas mediante créditos y préstamos que repartían sin apenas criterio, aceptando como avales a familiares pensionistas, en paro o con sueldos insuficientes para hacer frente a la hipoteca. Todo muy ético y responsable, por supuesto.

A este gran negocio montado por estos dos grupos empresariales se unió un tercero y más peligroso: la clase política. Para ayudar a sus ‘amiguitos’ constructores, jefes de inmobiliarias o banqueros, muchos políticos españoles sucumbieron a la tentación de recalificar terrenos a cambio de favores, lo que constituye un delito en toda regla por el que una mínima parte del total de culpables está pagando en estos momentos. Pero este es otro tema.

Durante años, los gobernantes del país vendieron la imagen de una economía estable e indestructible que duraría para siempre. Los espacios publicitarios se llenaban de promociones de bancos que ofrecían créditos a cambio de nada, animando a la población a unirse al régimen de la propiedad privada que se llevaba promoviendo desde hacía décadas en toda Europa. Así, bancos, constructoras y clase política contruyó una gran mentira de prosperidad económica ilimitada que animó a la población a endeudarse de por vida comprando casas a precios desorbitados que, a día de hoy, venden por menos de la mitad del precio que las compraron.

En el periodo que transcurrió entre 1997 y 2007, el endeudamiento de la renta familiar pasó del 55% a un 130% y millones de familias se ataron una cadena al tobillo contratando elevadísimas hipotecas que tendrían que estar pagando durante más de 30, 40 o 50 años. En este punto hay que especificar que muchos de los contratos se firmaron gracias a publicidad engañosa y al desconocimiento de una población que confiaba en sus gobernantes y en las promesas de prosperidad y bonanza que salían de su boca.

Pero la burbuja inmobiliaria que inflaba los precios de las contrucciones, explotó y cayó precipitadamente como una bola de demolición, llevándose consigo las economías de miles y miles de familias españolas. A partir de 2007, y tras la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos, el sector de la construcción y el inmobiliario comenzaron a sentir las consecuencias de la quiebra del capitalismo, lo que derivó en menos trabajo, y muchos despidos.

Las cifras del paro en España aumentaron del 8% en el 2007 al 23,9% registrado el pasado mes de noviembre, lo que supone miles y miles de familias que se vieron obligadas a hacer frente a una hipoteca que, debido a su situación laboral, no podían pagar. El 70% de los desalojos por impago de la hipoteca obedece a la pérdida de empleo. Si a esto unimos la bajada de los salarios y de las pensiones y la subida de los precios y del coste de la vida, tenemos un auténtico drama social que sufren en España desde niños hasta ancianos.

Desde hace unos años en España se vive una situación de auténtica urgencia a consecuencia de todo lo anterior. Cuando las familias -y los avales usados por esas familias, también afectados por los desalojos- no pueden hacer frente a unas hipotecas infladas cuyos importes son completamente desorbitados, el banco interviene, se queda con su casa, les obliga a seguir pagándola a pasar de ser ya propiedad del banco, y las familias -el 70% con, mínimo, un menor- tienen que pedir ayuda a amigos, familiares o vecinos para poder dormir bajo un techo.

A consecuencia de un conjunto de malas prácticas, malas intenciones y mucha avaricia, en España más de 150 mil familias se han visto obligadas a dejar sus casas, mientras que el país presenta el porcentaje más elevado de viviendas vacías de Europa, con un 13,7% frente al 8% de Alemania o el 1,5% de los Países Bajos.

El lado positivo de todo este drama traumático para miles de personas, es que la acción ciudadana, organizada en plataformas como la PAH -Plataforma de Afectados por la Hipoteca- o Stop Desahucios, han conseguido tramitar iniciativas ciudadanas como la dación de pago -para que los desahuciados no tuvieran que seguir pagando la deuda de la casa aún cuando ya le habían quitado la vivienda- la moratoria en los desalojos o permitir a las personas afectadas permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.

El Parlamento Europeo, la Asociación de Jueces por la Democracia, y otras organizaciones internacionales apoyaron la causa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reconociendo su labor en la lucha por la defensa de los derechos humanos. La PAH ha conseguido parar 1.135 desalojos desde su formación, y realojó a 1.180 familias después de que fueran echadas de sus propias casas. Estos logros son muy importantes pero aún insufientes, es necesario que el gobierno intervenga de forma efectiva para proteger a sus ciudadanos de la indigencia.