El gobierno ecuatoriano hizo recomendaciones a Suecia en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos para que avance en la defensa y protección de los derechos humanos, en particular por el caso del informático australiano Julian Assange, asilado hace más de dos años en su misión diplomática de Londres.
Un comunicado difundido este martes por la Cancillería señala que la delegación ecuatoriana, presidida por la embajadora ante la ONU en Ginebra, María Fernanda Espinosa, refirió las dificultades del sistema de justicia sueco, que han impactado negativamente en el goce de los derechos fundamentales de Assange, cuya situación se mantiene en un limbo ante la inacción de Estocolmo.
En agosto de 2012, el fundador de WikiLeaks solicitó resguardo en la sede diplomática de Ecuador en el Reino Unido para evitar ser extraditado a Estados Unidos luego de revelar cables que pusieron al descubierto la política imperial de ese país en su relación incluso con países considerados amigos.
Sin embargo, 29 meses después no ha podido abandonar ese recinto, territorio ecuatoriano, en virtud de que las autoridades londinenses auguran que será aprehendido una vez que ponga un pie fuera de la embajada para ser enviado a Suecia, donde pesan dos denuncias en su contra por supuestos delitos sexuales.
La justicia sueca se niega a tomarle declaraciones en esa sede y reclama su presencia en el país para darle curso al proceso legal, pese a que sus leyes le permiten dar ese paso, e incluso hacerlo a través de una videoconferencia.
En la sesión de la ONU en Ginebra, la representante de este país latinoamericano felicitó a Suecia por sus avances en derechos humanos desde la presentación de su último EPU, pero le recomendó limitar el tiempo de prisión preventiva o situación equivalente de privación de libertad, sin formulación de cargos.
Además, sugirió agilizar los mecanismos de cooperación internacional en los órganos judiciales y de la fiscalía, para garantizar el debido proceso, específicamente cuando la persona afectada esté protegida por una decisión de asilo o por el estatuto de refugiado.
Con este paso, el gobierno ecuatoriano promueve el pleno respeto de los derechos humanos de Assange, señala la Cancillería en su informe este martes, donde explica que el protegido no ha sido formalmente acusado de cometer ningún crimen y tampoco ha tenido acceso a las pruebas en su contra.
La delegación de Argentina resaltó la necesidad de tomar medidas concretas que permitan ofrecer garantías de no devolución a quien sea considerado como un refugiado por otro Estado, mientras la representación cubana insistió en la necesidad de garantizar el acceso a las pruebas en cualquier régimen de detención.
Uruguay insistió en la necesidad de garantizar el derecho a procedimientos judiciales justos y Nicaragua recomendó a Suecia otorgar sin discriminación las garantías de protección judicial a los detenidos de conformidad a los compromisos internacionales. Entretanto, Eslovaquia propuso a ese país nórdico que se ofrezcan todas las garantías necesarias a los individuos privados de libertad.
La semana pasada, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ratificó en entrevista con Andes la decisión de su país de concederle asilo a Assange, y dijo que cada vez se comprueba más que es víctima de una persecución política.
via ANDES