WikiLeaks denunció que la acción forma parte de una violación a la privacidad y los derechos periodísticos del staff.
Los periodistas afectados son: la directora de investigaciones Sarah Harrison, la periodista Kristinn Hfransson y Joseph Farrell, quien trabaja con Julian Assange (creador de la página Web Wikileaks) en la embajada de Ecuador en Londres (capital británica), donde el informático australiano está refugiado desde junio 2012.
Google se encargó de facilitarle al Gobierno estadounidense toda la lista de contactos, contenidos de mensajes enviados y eliminados, así como los datos de los ordenadores de estos tres periodistas.
El gigante del Internet alegó haber recibido tres órdenes judiciales en marzo 2012 por un Juez Federal donde le pedían toda la información disponible de estos tres periodistas. La orden judicial tenía un plazo de entrega, antes de abril de ese año.
Para Wikileaks esto no es motivo de que Google aportara información de sus periodistas porque ellos se comprometen a velar por la confidencialidad de sus clientes. “No pusieron ningún reparo a la orden y cooperó dócilmente”.
En el documento Wikileaks recalcó que una vez alegada una infracción en relación con un periodista o su fuente, todos los medios de comunicación (por la naturaleza de su flujo de trabajo), pueden ser blancos por supuesta “conspiración”.
El Gobierno de Estados Unidos está alegando jurisdicción universal y busca aplicar el Acta de Espionaje, el Estatuto General de Conspiración y el Acta de Abuso y Fraude Cibernético a periodistas y editores de Wikileaks.