Empujada por el escándalo Penta, la diputada comunista Karol Cariola presentó ayer un proyecto de ley que establece normas para investigar y sancionar la falta de probidad de funcionarios públicos en el ejercicio de cargos de elección popular.
Apoyada por la diputada y también militante comunista Camila Vallejo y el diputado Pepe Auth, las personas que ejerzan cargos de elección popular no podrán invocar en su beneficio salidas alternativas al procedimiento penal –como lo son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso- asegurando así que, en caso de delitos de corrupción, deban enfrentar a la justicia.
La ex dirigente estudiantil señaló que “Esta es una Ley anti corrupción así lo hemos planteado porque lamentablemente ha habido casos en los cuales autoridades públicas se han acogido a la suspensión condicional de procedimiento, y han quedado absueltas de sus responsabilidades de corrupción o de delito derechamente”.
Cariola explicó que la iniciativa se creo también en conjunto con algunos alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Además, agregó que “No todos los chilenos pueden pagar treinta millones para poder dejar de lado una investigación. Sabemos que no todos tienen las mismas condiciones y eso nos parece que por lo menos en el caso de los parlamentarios y representantes, somos nosotros quienes tenemos que resguardar la fe pública y no que finalmente la pasemos por el lado”.
Por su parte, Pepe Auth dijo que “nosotros estamos estableciendo una obligación adicional para quienes somos electos por el pueblo. Cualquier ciudadano puede escoger el proceso administrativo y enmendar pagando el error cometido. Los parlamentarios no debiéramos estar autorizados sino para comprobar nuestra inocencia”.
Camila Vallejo sostuvo que “hemos tenido casos en el mismo Congreso donde parlamentarios, parlamentarias han hecho triangulación de fondos y se acogen a esta posibilidad de pagar para evitar un juicio” y agregó que “la misma parlamentaria Claudia Nogueira hizo este tipo de delito: contrató a una persona y le pidió que esos recursos se los devolviera a ella, eso es una triangulación de recursos públicos y pagó treinta millones para eximirse del juicio. Creemos que eso no puede pasar en los parlamentarios y en ningún representante popular, ni Alcaldes, ni Concejales, ni Cores, que también son electos; en el futuro los intendentes, es decir ninguna autoridad electa democráticamente pueda acogerse a esta excepcionalidad”.