Instituto de DD.HH podrá presentar querellas en casos de genocidio, tortura, desaparición y trata de personas

El Senado aprobó, en votación dividida, la norma contenida en el veto enviado por la Presidenta de la República para perfeccionar el proyecto que crea a la citada entidad. Con el despacho de las observaciones presidenciales el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley.

Con 16 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un pareo, el Senado aprobó la disposición que permitirá al Instituto de Derechos Humanos, deducir querella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas. La norma también señala que podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados en la Constitución.

Esa disposición forma parte de las 15 observaciones que hizo la Presidenta de la República al proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos y que fueron aprobadas, algunas por unanimidad y otras en votación dividida, por la Sala del Senado. Con ello, la iniciativa queda en condiciones de ser promulgada como ley.

Durante el debate intervinieron los senadores Andrés Chadwick, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier, Jaime Naranjo, Alberto Espina y Adolfo Zaldívar, además del Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Uno de los puntos que concitó mayor discusión fue el veto que entrega al Instituto la facultad de deducir querella en casos de crímenes gravísimos. Mientras la senadora Alvear señaló que no se puede impedir que un organismo de estas características tenga esa posibilidad en casos tan graves como crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada o trata de personas, el senador Chadwick manifestó que el Ministerio Público es quien tiene la facultad de iniciar acción penal, por lo que al darle esta facultad al Instituto, se estaría en presencia de una doble acción.

En una línea similar se manifestó el senador Espina, mientras que los senadores Letelier y Naranjo señalaron que en este tipo de casos se debe actuar con normas de excepcionalidad, puesto que la mayoría de esos delitos se cometen en dictadura, por lo que se requiere que un organismo independiente tenga esa facultad.

DERECHO INTERNACIONAL

Otra de las disposiciones que generó debate y que fue aprobada con 15 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un pareo, es la que señala que el Instituto deberá velar por los derechos humanos «establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional».

En opinión del senador Chadwick, la última parte de esa disposición le  estaría dando a un organismo público un objeto de competencia que no está precisado en la ley; mientras que para la senadora Alvear es necesario que se apruebe el criterio propuesto pues refuerza lo establecido en nuestra Constitución.

En tanto, el senador Letelier señaló que si bien se debe incorporar esa disposición, el Instituto ya tendría entres sus facultades la posibilidad de velar por los derechos reconocidos por la comunidad internacional.

La Sala también aprobó por 15 votos a favor, 14 en contra y un pareo, la observación presidencial que señala que «los estatutos (del Instituto) deberán ajustarse a los principios internacionales que rigen a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos».

Según los senadores Chadwick y Espina, esa norma es inaceptable desde el punto de vista de la técnica jurídica, pues se debe legislar en virtud de nuestro ordenamiento jurídico, opinión que no fue compartida por el senador Naranjo quien señaló que en materia de derechos humanos no existen límites ni fronteras.

En tanto, el senador Zaldívar destacó que en esta materia deben primar los criterios éticos y políticos de fondo, por lo que no pueden darse señales equívocas en materia de derechos humanos. En tal sentido criticó que nuestro país haya dado asilo político al matrimonio Honecker, pues por un lado fortalece la protección de los derechos humanos, pero por otro le dio privilegios a alguien que violó tales derechos en su país.

PENSIONES Y BENEFICIOS

Otra norma que fue aprobada con 28 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo, fue la que iguala la pensión de las viudas de presos políticos a lo que es la pensión de viudez con las leyes y bonificaciones que se indican, por lo que si la viuda fuera menor de  60 años, va a recibir $104.960, si es entre 60 y 75 años recibiría $114.766 y si es mayor de 75 años de edad $122.451.

También se aprobó con 29 votos a favor una norma que permite que los 188 menores de edad nacidos en prisión o detenidos junto a sus padres, reciban la pensión que actualmente sólo reciben 140 de ellos.