Aborto: por una decisión informada

Por Dra. Nelly Baeza Tapia, coordinadora del Programa de Salud Pública de la Universidad Central

Aborto: por una decisión informada

Autor: Marta Ubeda

El 31 de enero es la fecha límite de presentación de la propuesta de proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en tres causales, ya conocidas por la gran mayoría de la opinión pública: peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

Lamentablemente, en nuestro país no existen datos conocidos y fidedignos sobre el aborto, debido a su prohibición desde el año 1989 a nivel terapéutico. Su caracterización se realiza estimando que por cada egreso por aborto hay cinco que no se hospitalizan, por lo que existirían 160.000 abortos clandestinos en el territorio nacional. Por la distribución de nuestra natalidad esto aumentaría más en adolescentes.

Los programas de maternidad responsable o de métodos anticonceptivos han disminuido nuestra tasa de fecundidad; además, con la mejora en la atención profesional del parto y de las condiciones sanitarias de la población se ha logrado disminuir la tasa de mortalidad materna en general y por aborto también.

Preocupa entonces que mujeres de cualquier edad, que no tuvieron la información o acceso a anticoncepción y que cursan un embarazo no deseado, decidan abortar, y se les niegue una atención sanitaria multidisciplinaria segura durante este difícil proceso que lleva a tan radical decisión.

Un aborto clandestino expone a las mujeres a consecuencias sanitarias importantes como la muerte materna, esterilidad, infecciones uterinas; problemas de salud mental como depresión, ansiedad, anorgasmia, dispareunia y otros generales como sobrepeso, hipertensión, diabetes.

Por el contrario, se podría tener acceso a un programa de atención sanitaria multidisciplinario para que la mujer abortara en condiciones seguras e incluso pudiera desistir o cambiar su decisión primaria al conocer por sus terapeutas los riesgos y beneficios de su decisión.

Una vez más la educación en salud, especialmente la salud sexual y reproductiva, tiene que ser una prioridad para que todas las personas, no importando su condición social, tomen una decisión informada.


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