En la mayoría de países europeos, a excepción de estados como Vaticano, Malta o Luxemburgo, la interrupción voluntaria del embarazo está sujeta a plazos para los supuestos en los que la gestación del embrión ponga en peligro la vida de la madre o su salud mental, así como cuando el embarazo sea fruto de una violación, o en el caso de que el feto presente graves defectos físicos o psíquicos. En algunos países europeso como es el caso de España, Noruega, Bélgica o Dinamarca, sus respectivas legislaciones también admiten la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la gestante dentro, claro, de unos plazos establecidos.
El hecho de despenalizar el aborto, no supone que las mujeres comiencen a mantener relaciones sexuales sin protección por el simple hecho de tener más libertad para detener el embarazo en el caso de producirse, como premonizaban las organizaciones opuestas a la libertad de elección de las mujeres. Lejos de aumentar el número de abortos, éste se mantiene pues -y eso es algo que a muchas personas les cuesta entender- el aborto no es agradable para las mujeres, si no que se lleva a cabo en última instancia y como método para poner solución a una situación insostenible física, psíquica o económicamente.
En España, en mitad de un proceso de transición y de recuperación de libertades y derechos, en 1985, el Partido Socialista Obrero Español aprobó la Ley Orgánica 9/1985 en la que se despenalizaba el aborto en los tres mismos supuestos que está contemplando el gobierno de Chile en estos momentos: cuando peligre la vida de la madre, cuando el feto sea inviable o presente graves defectos físicos o psíquicos, o cuando el embarazo sea fruto de una violación. En el momento de su aprobación, entraron en cólera los sectores más conservadores de la población, considerando esta nueva legislación como un atentado directo a la vida; pero treinta años después, la interrupción terapéutica del embarazo se concibe como un derecho básico e intocable del que disfrutan las mujeres. Tanto es así, que hace unos meses, el entonces ministro de justicia español, Alberto Gallardón, propuso una modificación de la ley para penalizar el aborto terapéutico, y provocó que la población saliera a la calle enfurecida, lo que obligó al ministro no sólo a detener la aberrante propuesta de ley, sino también a dimitir de su cargo.
Pero en España, el aborto terapéutico -interrupción del embarazo por causas médicas- no es el único legal. La ley también contempla el derecho al aborto voluntario, que permite a las mujeres detener el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Para ello, deberán acudir a una de las clínicas de interrupción del embarazo donde el personal sanitario les informarán sobre los riesgos psicológicos de la intervención, así como de posibles métodos alternativos en el caso de que la gestante no esté completamente convencida.
Si, tras obtener toda la información al respecto, la mujer desea ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ésta se llevará a cabo de forma legal y bajo supervisión médica para no poner en peligro la vida de la mujer. Se trata de la ley de plazos que también tiene vigencia en otros países eurpeos como Noruega o Bélgica y que, cuando se aprobó en España en el año 2010, supuso un auténtico terremoto político y social por la férrea oposición que se levantó en contra de esta ley, y que tachaba de «asesino» a todo aquel que la apoyara.
Los opositores a la ley de plazos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo profetizaban que ésta provocaría un aumento estrepitoso de abortos en España, pero lejos de eso, el número de abortos en este país europeo se mantuvo estable, siendo 111.482 el número total de interrupciones que se llevaron a cabo en España en 2009 -antes de la aprobación de la nueva ley-, y 108.690 el número de abortos realizados en España durante el pasado 2013. La estadística confirma que en este país el número de interrupciones del embarazo ha caído en un 3,3%. Del número total de interrucpiones de embarazos realizadas durante el año 2013, la mayoría las llevaron a cabo mujeres de entre 25 y 34 años, ¿acaso no son edades lo sufucientemente maduras para poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo y futuro?.
El 89,93% de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2013, lo hicieron por elección, ejerciendo el derecho al aborto que se consagró en ese país hace cuatro años y que posibilita que las gestantes puedan interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas por voluntad propia, ya sea por poblemas ecomómicos, por poblemas psíquicos o por ser un embarazo no deseado. La mujer en España, Canadá, Grecia o Camboya tiene la libertad de decidir acerca de su futuro, de si quiere o no traer un niño a un mundo en el que, en el caso de España, más del 50% de los jóvenes no tiene trabajo, y donde el coste de la educación, la sanidad y la vida en general, aumenta de forma insostenible cada año.
Mientras eso ocurre en países de Europa y del resto del mundo, en Chile las mujeres están obligadas a continuar con sus embarazos a pesar de que su vida esté en serio peligro, que hayan sido fecundadas por un indeseable que abusó de ellas, o a pesar de que el feto sufra graves malformaciones o que no vaya a sobrevivir más allá del parto. Esta situación limita enormemente las libertades de las mujeres y las obliga a acudir a medios alternativos para interrumpir sus embarazos, medios que ponen en grave riesgo su salud.
Datos obtenidos del Ministerio de Sanidad español
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
