Boca Chica, una zona turística venida a menos de la República Dominicana, es un destino habitual para el turismo sexual infantil. Está a menos de 40 kilómetros de la capital del país caribeño, pero esa cercanía no impide que haya todo un entramado de mediadores en la playa que ofrecen al turista “lo que quiera”. Si el turista acepta, llaman a un “motoconcho” para que conduzca todo hacia los moteles donde se consuma el intercambio. Pero eso está empezando a cambiar: la asociación Caminante, una ONG local que logró atraer el apoyo de UNICEF, ha conseguido ahora movilizar al gobierno dominicano para brindar ayuda a los niños y adolescentes explotados.
Marleny Guante, fiscal de menores de Boca Chica, explica que “muchos dominicanos ven normal que un menor vaya con un extranjero” y que “ni siquiera algunos policías lo contemplan como un ilícito”, por eso han decidido aplicar masivamente “una concienciación que comience en la escuela”. La Procuradoría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de Personas ha empezado a trabajar en serio contra la prostitución infantil, liderados por el procurador Jonathan Baró. Y se creó además una unidad especializada en perseguir estos delitos, para investigar y perseguir a los responsables de la mano de la Procuradoría de Baró. “Hemos habilitado un teléfono de denuncia, pero también estamos empezando a aplicar otras estrategias, como señuelos que se hacen pasar por turistas. Gracias a esto, hace un mes rescatamos de la explotación a 16 menores de una comunidad”, explica el fiscal.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado, el nuevo cuerpo cuenta con la voluntad de los altos mandos por colaborar. Parte de sus tareas es no solo controlar, sino asesorar y ayudar a los implicados a salir de ese mundo, y que no vuelvan a familias abandónicas ni a hogares sin recursos. Baró cuenta que los mayores esfuerzos ahora están puestos en que los menores liberados de la explotación no vuelvan a ella. Para ello es vital el apoyo económico de algunas empresas asentadas en la isla, que cumplen con su cuota de responsabilidad social corporativa aportando recursos que el Estado no puede brindar. Meliá Hotels International, que cuenta con varios complejos turísticos en la República Dominicana, se dedica activamente a combatir la prostitución: desde galas solidarias en los resorts con artistas como David Bisbal o “check-in solidario”, a través del cual se carga un dólar adicional de la primera estancia en el hotel para sacar a jóvenes de la calle, a la posibilidad de que los jóvenes que se salvan de la trata consigan trabajo en la cadena de hoteles.
En los hoteles se han implementado medidas para identificar comportamientos sospechosos: en sus instalaciones está completamente prohibido que un adulto acceda acompañado de un menor si no son parientes y se exige la identificación a todos los que entran. La Fiscalía controla todas estas operaciones. La concienciación entre los turistas es crucial; por eso se ha propuesto un Código de Conducta al que han adherido aerolíneas, agentes de viaje, hoteles y otros rubros para erradicar estas prácticas. Y también es vital concientizar a la población local, compromiso que ha asumido Raúl Valette, presidente de la asociación de comerciantes de Boca Chica. “Es una labor de toda la sociedad: los restauradores, los sindicatos, los motoconchos. Es el empoderamiento de la comunidad lo que realmente puede terminar con la explotación sexual infantil”, explica.
Es una buena noticia que los propios dominicanos y sus autoridades se pongan manos a la obra para acabar con esta práctica. Ha pasado demasiado tiempo de indiferencia, y ya es hora de cambiar.
via BuenDiario