Hacia la cooficialidad del Mapuzugun

En el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) el Movimiento por la Oficialización del Mapunzungún convocó a la primera marcha para demandar que el Mapuzugun sea una lengua co-oficial junto con el castellano, la que se celebrará el día 20 de febrero en Temuco, a las 10 am desde la Plaza del Hospital.

Con el establecimiento de la co-oficialidad de la lengua, el Movimiento solicita que a esta le sea otorgado el mismo status que al castellano, la asignación de recursos para la revitalización de la lengua, su inserción en los espacios y servicios públicos y en los medios de comunicación.

«Todo esto con el fin de ir transformando social, política y culturalmente este territorio y que refleje y acepte su diversidad, pero en igualdad de derechos y libertades», señalan desde el movimiento.

Avances en municipios

En tanto que se tramita la Ley de Derechos Lingüísticos en el Congreso, la organización de las comunidades y el apoyo brindado por varios municipios ha permitido avanzar hacia la co-oficialización del mapuzugun en las comunas que se encuentran dentro del Wallmapu;

Fue así como en 2013 se logró consignar el Mapuzugun como lengua co-oficial en la comuna de Galvarino, lo que provocó un pronunciamiento de la Contraloría en Junio de 2014 -que reconoce las atribuciones de los municipios para poder regular la oficialización del idioma originario- y la creación de un documento donde se explica el procedimiento a seguir por las pertinentes intendencias para dicho fin.

A partir de ese momento, diversas comunas comenzaron a trabajar en aras de que el idioma alcanzara el status perseguido, situación que se cristalizó el pasado mes de octubre en Padre Las Casas, Región de la Araucanía.

No obstante, esta no es la única diligencia que en el marco de las demandas lingüísticas de los pueblos originarios se ha llevado a cabo en lo que va de año; El pasado mes se realizó el Tercer Congreso de las Lenguas Indígenas de Chile, «Muestra tu lengua al mundo» con el objetivo de trabajar en el fortalecimiento de las lenguas indígenas del país y crear una agenda de trabajo que establezca los mecanismos pertinentes para ello.

¿Consulta o no consulta?

El Convenio 169 de la OIT insta a los Estados a celebrar consulta toda vez que se realicen acciones que afecten de una u otra manera a los pueblos originarios, en este caso para la creación de la Ley de Derechos Lingüísticos, lo que no obstante fue rechazado por el referido congreso celebrado en Enero por motivos relacionados con el alcance del derecho a legislar y la afectación positiva que su instauración tendría para los pueblos originarios.

La declaración emitida por el Congreso sostiene que «El Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos y la  oficialización de las lenguas no deben ser consultados (salvo que se introduzcan indicaciones en el parlamento en que debe consultar), por fundarse estas reivindicaciones en: a) son derechos humanos que el Estado debe reconocer, respetar y garantizar; b) ambas iniciativas  surgieron del ejercicio de libre determinación de los pueblos por defender sus lenguas; c) el proyecto de ley DDLL fue elaborado con una amplia participación de los Pueblos Indígenas; d) ambos son proyectos de reconocimiento de las lenguas indígenas que afecta positivamente a los pueblos indígenas; y, e)  las demandas ya cuentan con el consentimiento de los pueblos.»

Sin embargo, la comunidad austral Kawesqar, en un comunicado publicado el pasado 9 de febrero y remitido al medio Mapuexpress, rechaza la determinación por el riesgo que engendra para los pueblos minoritarios, señalando que “si bien los resultados publicados de esa reunión reiteran lo que han sido las reivindicaciones que en el campo lingüístico y cultural hemos sostenido los diversos pueblos originarios,  ha llamado fuertemente nuestra atención la posición que ese evento asumió respecto de la procedencia de NO efectuar una consulta previa e informada acerca de la ley de derechos lingüísticos que se debate hoy en el Congreso de la República”.

«Sostener, como lo hacen esos resultados, que tal consulta no sería necesaria, bajo el argumento de que la ley en discusión es ‘beneficiosa’ para los pueblos originarios, rompe con la lucha que hemos llevado adelante para lograr que la consulta previa en materias que nos afectan, tal como es declarada en el Convenio N° 169 de la OIT, sea llevada a cabo de manera imparcial y conforme a los procedimientos y mejores prácticas internacionalmente reconocidas. De hecho, conocemos acerca de las consecuencias que traen acciones supuestamente beneficiosas para nuestro pueblo,  cuando ellas son calificadas como tales por quienes han detentado el poder público y civil. Acciones ‘beneficiosas’ nos han llevado a la condición de práctico exterminio en que nos encontramos los pueblos canoeros australes.

El ejercicio de los derechos lingüísticos apunta a un aspecto central de la cultura de los diversos pueblos originarios en Chile. En efecto, una de las expresiones más directas del colonialismo ha sido la negación o el entorpecimiento del ejercicio de nuestro derecho a comunicarnos en nuestras distintas lenguas. Ellas aseguran la continuidad de nuestras identidades, del contenido y sentido de nuestras tradiciones. Cualquier acción dirigida a condicionar el ejercicio de este derecho afecta, por lo tanto, nuestras respectivas identidades.

Por ello es que la moción de ley sobre derechos lingüísticos debe ser tratada con la seriedad y profundidad que el tema amerita. Particularmente, desplegando todos los esfuerzos para dar voz en su tramitación a los distintos pueblos originarios, a través de los correspondientes procesos de consulta. Negarse a esto, tal como lo aventuran los resultados de la mencionada reunión, afecta a la sustancia misma de la proposición de ley, poniendo en cuestión las condiciones que le otorgan legitimación.

Para los pueblos minoritarios, esta idea de obviar los procedimientos de consulta es particularmente grave. Representa el claro riesgo de que nuestros derechos lingüísticos queden subsumidos en los enfoques e intereses de pueblos dominantes, inaugurando nuevas formas de colonialismo cultural. Dado que esta posibilidad debe ser evitada, es que la idea de obviar la consulta en el proceso de aprobación de la ley sobre derechos lingüísticos la rechazamos de plano y exigimos que ella sea llevada a cabo conforme a los términos que declara a nuestro favor el derecho internacional.»