El Nueragate ha tenido dos ramas, una que desprende la estrecha relación entre la política y los poderosos grupos empresariales y otra, de la que se ha colgado la derecha que apunta al nepotismo y la forma en que Sebastián Dávalos podría haber utilizado su apellido y condición de hijo de la presidenta para acceder al creditazo que le otorgó el Banco de Luksic. Sin embargo, de esta última rama que cuelga la UDI -en un desesperado intento por sobrevivir- tiende a debilitarse cada vez que uno recuerda el escándalo Penta que aún es materia de investigación y tiene a varios de sus históricos rostrillos con el agua hasta el cuello, por delitos que podrían ser comprobados a la brevedad, como es el fraude al FUT y financiamientos irregulares de campañas a través de boletas de honorarios de servicios que nunca se prestaron.
Por ello y por todos los antecedentes que se han conocido desde que se destapó el caso Penta, donde están involucrados y siendo investigados Iván Moreira, Ena Von Baer, Jovino Novoa, Ernesto Silva, es que desde la ciudadanía -a través de redes sociales y comentarios en general- parece una patudez que desde la UDI critiquen el caso Dávalos, pues es como si nos quisieran engañar y hacernos creer que ellos no tienen tejado de vidrio, como si de verdad creyeran que el Nueragate nos hizo olvidar el Pentagate. Pero, no señores. La cuidadanía está cada vez más alerta y no olvida. Sabemos prefectamente que el escándalo protagonizado por el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos les sirvió de salvavidas y de distractor, y claro, aunque ya estabamos aburridos de Penta, desviar la atención a otro bochornoso episodio de nuestra clase política no significaría que olvidariamos lo de Penta.
Por eso, cuando hoy la UDI y RN anunciaron que llevarían el caso Dávalos hasta la Fiscalía Nacional a través de Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, para solicitar que se investigue un presunto “tráfico de influencias” y “uso de información privilegiada” por parte de Caval S.A. a una, como ciudadana de a pie, no le queda más que citar a Rolando Jiménez -líder del Movilh y valiente activista contra la dictadura- y decir que estos tipos de la Alianza tienen «un carenalguismo» brutal. Sobre esta instancia a la que recurrirán, Edwards afirmó que el hecho de que Dávalos haya renunciado, «no nos entrega transparencia, en un caso que cada vez que se entrega más información hay más opacidad y entendemos menos de por qué puede haber ocurrido algo como lo que ocurrió». En tanto, Monckeberg señaló que «este el primer paso, no hemos evaluado la presentación de una querella, queremos que la investigación avance, que se investigue no solo a los integrantes de la empresa en cuestión, sino también a todos los funcionarios de la sexta región que han tenido relación con el cambio del uso de suelo».
Sin embargo, de todas las inverosímiles declaraciones emitidas desde la derecha, la que más llama la atención es la del vocero de la bancada UDI, Felipe Ward, quién señaló “No vamos a dejar de fiscalizar por el hecho de que estamos complicados por el otro tema”, remarcó.Y fue más allá diciendo, que “Aquí hay un favor político, la pregunta es a cambio de qué». Frase que -sin ánimos de defender a nadie- es imposible de no generar anticuerpos, sobretodo porque todo el país fue testigo de cómo Ena Von Baer calló durante una semana, de cómo desapareció para no tener que dar la cara de su vinculación en el caso Penta y sus correos que dejaban en evidencia cómo le pedía dinero a los controladores del Grupo Penta para financiar su campaña que la tenía tan complicada.
Aquí es cuando el periodismo debe dejar de mostrar datos objetivos y unir hechos, interpretar la realidad y entregar una realidad mucho más sintetizada. La UDI no tiene ética para exigir lo que hoy exige del Gobierno. Ambos casos demuestran la relación de la política y el dinero proveniente de grupos poderosos. Sin embargo, hasta el momento los únicos favores que están siendo investigados, las únicas devueltas de mano que hemos visto, son por ejemplo, la votación de Ernesto Silva en favor de las Isapres y la solicitud del socio Penta, Carlos Eugenio Lavín, quién por correo le pedía a Lavín que le explicara cómo la Ley de Isapres los afectaría a ellos, los poderosos.
Entonces que no nos vengan con cuentos, sabemos gracias a la información y los medios con posición que el poder corrompe y la clase política esta desprestigiada transversalmente (salvo algunas excepciones) por casos como este. Si Luksic prestó dinero a Dávalos por hacer un gesto con la Presidenta, Penta financió campañas con la certeza de que ese favor sería retribuido desde el Congreso.