Larga fila de manifestantes y autos congregó la segunda marcha-caravana de este año contra el megaproyecto Octopus de Biobíogenera. En esta instancia, presentaron alrededor de mil observaciones ciudadanas al Estudio de Impacto Ambiental de la Central El Campesino de Bulnes, que contó con el apoyo de organizacones de Tomé, Penco, Lirquén, Talcahuano y Coronel. Uno de los principales argumentos presentados fue el fraccionamiento del proyecto, sumando el EIA de Terminal GNL Penco-Lirquén, lo que haría ilegal el proyecto.
En pleno recambio de veraneantes, la conciencia no se tomó vacaciones convocando una gran cantidad de opositores al megaproyecto que marcharon desde la plaza Perú de Concepción hasta el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Nuevamente es puesto en tela de juicio el proyecto Octopus, que sumado a las observaciones anteriores entregadas al terminal, tendría aproximadamente 2 mil observaciones que hicieron organizaciones sociales, medio ambientales, vecinales, entre otras, además de la ciudadanía, en general.
Las comunidades en conflicto, presentaron dos informes que critican el proyecto. Según Victor Díaz, presidente del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, el primero tendría un sólido sustento técnico y jurídico, donde el fraccionamiento del proyecto incurre en una ilegalidad según la Ley de Bases del Medio Ambiente.
También presentaron un segundo informe donde recopilaron una serie de observaciones de vecinos del campo como el sector urbano de Bulnes, así como organizaciones de la costa en conflicto con el terminal presentaron sus propias observaciones, el concejal de Talcahuano Hernán Pino, y la ciudadanía en general, lo que bordearía las mil observaciones.
Díaz, antes de entregar las observaciones señaló que ahí van las inquietudes y “preguntas que no pudo responder la empresa que ha engañado con mentiras a la gente” proceso que se ha dado en las diversas instancias de Participación Ciudadana, de las cuales muchas terminaron abruptamente por la molestia de la gente frente a esta situación.
Ahora la empresa está obligada a responder el primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) con las observaciones de los diversos servicios técnicos, para así generar un segundo ICSARA que incluya las más de 2 mil observaciones, y otras preguntas que pudieran plantear los servicios, respuestas que de no ser satisfactorias la ciudadanía y organizaciones podrían insistir para que se aclaren.