El Nuergate sigue estando en la polémica, tras la renuncia de Sebastián Dávalos de su cargo en la dirección sociocultarl de La Moneda, lejos de sellarse, el conflicto recién comienza su segunda parte a partir de la investigación que recién comienza. EL Nueragate ha desviado la atención del Pentagate, a pesar de que de este último caso han surgido nuevos antecedentes, mientras la investigación sigue su curso. En tanto, alianza y gobierno intentan competir por cual de los dos casos es menos graves, mientras el resto, vemos como la clase política -en su mayoría- está completamente desprestigiada a razón de su nexo con el poder empresarial.
El lunes por la tarde, los personeros de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (en la foto) presentaron una denuncia ante la fiscal nacional (s) Solange Huerta, para solicitar la investigación del caso Caval por «tráfico de influencia» y «uso de información privilegiada». Tras esta acción judicial, se designó al fiscal regional de Rancaga, Luis Toledo para investigar estas acusaciones por parte de la derecha.
Cabe recordar que la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon es dueña del 50% de Caval S.A. Empresa a la cual fue otorgado un préstamo por 6.500 millones de pesos por el Banco de Chile luego de una reunion de Dávalos, Compagnon y Andróniko Luksic en diciembre de 2013. Tras la aprobación de este crédito (negado en otras instituciones financieras) Caval compró 44,3 hectareas en Machalí que luego fueron vendidas en 9.500 millones de pesos.
Cuando Toledo recibió la denuncia, que según el matutino La Tercera, tendría 3 hojas de extensión, organizó las diligencias en conjunto con el OS-9 de Carabineros, tareas que principalmente constaron de búsqueda de documentos sobre la transacción de estos terrenos, contratos y análisis que se hicieron en la Seremi de vivienda para investigar si hubo cambio al plan regulador. También se considera la documentación que Caval presentó al Banco de Chile para acceder al «creditazo».La recopilación de los documentos será en primera instancia voluntaria, sin embargo, si los involucrados se niegan el fiscal podría solicitar permiso al tribunal para incautar. Además, el fiscal pretende tomar declaraciones a los involucrados antes de mediados de año.
Toledo aseguró que «estamos en una etapa inicial, que es recolectar los antecedentes con la finalidad de saber y de poder determinar si los hechos investigados constituyen o no un delito penal». Además, se refirió a que esta investigación involucra al hijo de la Presidenta y dijo «la relación parental que tenga con la señora Presidenta de la República, sin duda es un dato de la causa, pero no habilita ni determina las diligencias de investigación en torno a esta indagatoria. Es otro dato a considerar, pero que no determina la manera en que investigamos, pues la fiscalía tiene 15 años en el país y le ha tocado investigar a distintas personas con sus relaciones«.
Cabe recordar que ayer, de vuelta en La Moneda, el vocero de gobierno Álvaro Elizalde se refirió a esta iniciativa de los miembros de Renovación Nacional y dijo: «ahora hay que ser bien claro porque si la UDI se midiera con la misma vara con la que se mide al gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes. Un ex subsecretario de la UDI ha reconocido que ha recibido pagos con boletas falsas, sus parlamentarios han reconocido que han recibido financiamiento irregular para sus campañas (…) El país ha sido testigo de cómo sus dirigentes han desfilado por la fiscalía, así que la UDI en primer lugar debería hacerse cargo de su propia situación».
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