El poder de la Iglesia en España

En España, durante el franquismo, la Iglesia jugó un papel relevante en la consolidación del régimen. Hoy su protagonismo no ha disminuido y su poder se mantiene intacto a pesar que la Constitución de 1978 en su artículo 16.3 señala el carácter aconfesional del Estado.

Durante la transición, la Iglesia católica no estuvo dispuesta a perder ninguno de los privilegios ganados durante 40 años de dictadura. Para sus miembros fue mejor reconocer el carácter aconfesional que pasar a una fórmula de Estado laico. Fue una solución de compromiso de los constituyentes que dejaba claro el papel de la Iglesia y los límites de la reforma política. No se ponía en cuestión su función garante de la moralidad de los españoles. Lo que Franco ató, siguió atado.

Así, la Iglesia católica podría seguir gozando de un trato de favor a la vez que se marginaban otras confesiones. La enseñanza de la religión en los colegios públicos se dejó en manos del clero. Así, el Estado paga la educación católica de los colegios privados concertados, cuya cifra de alumnos supera el millón. La ley franquista de 1970 que lo avala no ha sido derogada. Igualmente, el episcopado confecciona sus programas de estudio y contrata a sus profesores pagados por el Estado.

En otro orden de cosas, los hospitales públicos mantienen en su plantilla sacerdotes y las universidades cuentan con una capilla. Ni que decir que no hay ni mezquitas ni sinagogas, ni templos budistas. Los rituales políticos utilizados por el poder civil para asumir los cargos de representación popular están sometidos a ceremonias donde el crucifijo preside las ceremonias.

No menos importante es su presencia en los medios de comunicación social públicos. Televisión Española transmite todos los domingos una misa, amén de un programa llamado Pueblo de Dios. Tampoco debemos pasar por alto que la mayoría de los días festivos forman parte del credo católico. Semana santa, la inmaculada, los reyes magos, la Almudena, etcétera.

Asimismo, el episcopado posee una radio de ámbito estatal, la cadena Cope, utilizada como medio para arremeter contra el poder político y dar rienda suelta a sus campañas contra el aborto, los homosexuales, el uso del preservativo y la asignatura Educación para la Ciudadanía donde se apoya una visión progresista de las relaciones sexuales, de la inmigración, de la tolerancia religiosa o de los matrimonios gays. En este caso han llamado directamente a la objeción de conciencia. Un sin sentido.

No menos importante es su poder económico. Y no me refiero al patrimonio cultural atesorado en los monumentos de interés nacional, hago mención a los terrenos urbanos y rurales, los edificios, las casas, mansiones y el conjunto de propiedades cuyo origen es la donación testamentaria. Sin menospreciar las empresas subsidiaras y sus inversiones en la bolsa. El uso de su capital para fines especulativos ha quedado al descubierto con los escándalos de Afinsa, entre otros. Sus turbios negocios han salido a la luz cuando los imputados han debido declarar quiénes eran sus principales inversores.

La Iglesia desde 1993 controla 40 por ciento de las universidades privadas. Jesuitas, dominicos, escolapios, Opus Dei, legionarios de Cristo o franciscanos gozan de los fondos públicos para sus proyectos. Mientras tanto la enseñanza aconfesional y pública sufre los envites del clero cuando se trata de subvenciones.

Su poder es tan grande que ningún gobierno del PSOE, hasta la fecha, quiere tomar el toro por los cuernos. Incluso algunos destacados militantes como el ex ministro de Justicia y creador de jueces para la democracia Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza, ha considerado ejemplar dedicar una calle al fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, amén de obligar a los concejales del consistorio a participar del rosario y las misas cantadas en honor a la patrona de la ciudad en la catedral el día 12 de octubre. Sus actos no son sino otra manera de poner en cuestión el carácter aconfesional del Estado.

Pero sin ir más lejos, la próxima visita del papa Benedicto XVI a España será sufragada en 50 por ciento por Hacienda. Desde la seguridad, el transporte, una parte de la publicidad, la estancia y el conjunto de la parafernalia, tanto como ser considerada una visita de Estado. Son muchos millones de euros los que se invertirán en apoyar a la Iglesia católica. En contrapartida, sus máximos responsables deciden bajar los decibelios en la crítica a la nueva ley de aborto.

Si hacemos memoria, los orígenes de su actual poder están ligados al golpe de Estado contra la Segunda República, en 1936. Para los alzados, el gobierno del Frente Popular fue una suma de políticos masones, judíos y comunistas interesados en destruir la unidad de España, era necesario combatirlos y la iglesia se convirtió en la mano derecha de Franco. Éste gobernó con la Iglesia y la Iglesia gobernó para el régimen. La guerra civil se consideró parte de una cruzada, y su objetivo consistió en aniquilar al enemigo. Ellos avalaron los fusilamientos de miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas.

La Iglesia aupó a Franco a la categoría de caudillo por la gracia de Dios y desde esa atalaya lució una aureola cercana a la santidad. Un enviado del Señor cuya tarea consistía en blandir su espada contra los comunistas, representantes del demonio en la tierra. Su triunfo se consideró por la Iglesia católica la primera derrota del comunismo internacional y el renacer de España como la reserva espiritual de Occidente. Era un enviado y no podía renunciar a su tarea, los obispos se encargaron de recordárselo siempre. Él hubiese preferido llevar una vida sencilla y en familia.

Pero los hechos lo situaron en el papel de salvador de la patria. Se transformó en un martillo de herejes bajo la mano férrea de una Iglesia católica, apostólica y romana que hasta hoy no ha perdido ningún ápice de su poder real. La España actual sigue teniendo miedo a realizar una reforma que relegue a la Iglesia católica a su única función, ser un refugio para sus creyentes a título de fe y al margen de la esfera de lo público.

por Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada