La declaración de ayer de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet no terminó con la polémica del caso Caval protagonizado por su hijo Sebastián Dávalos y su nuera Natalia Compagnon. Contrario a ello, las reacciones a su declaración pública de ayer y nuevos antecedentes del caso popularmente conocido como Nueragate lo han mantenido en la palestra en las últimas horas.
La Presidenta quién asumió haber pasado por un doloroso momento como madre y mandataria, también fue criticada por desconocer de la reunión de su hijo y su esposa junto con el empresario Andrónio Luksic. De sus declaraciones de ayer, se desprendió la confirmación de su compromiso con la igualdad y en sus respuestas a la prensa remarcó que su hijo ya no trabaja en el Gobierno. Pese a la jugada comunicacional que se reservó para el regreso de sus vacaciones y que consideró preguntas de la prensa, el caso Caval ha seguido en la polémica, pues por una parte ha significado una gran oportunidad para la derecha -y por ello se explica el afán de querer poner este caso a la altura de Penta e insistir en el empate- y también en ha impactado en la Nueva Mayoría y en el Gobierno, que a pesar de todo, no han podido desmarcarse de las acciones de Dávalos y Compagnon. Prueba de ello, fue la última encuesta Cadem que otorgó la más baja aprobación para el Gobierno y la Presidenta, justamente cuando el gobierno y sus reformas había sido bien evaluado y repuntaba la última semana de enero. El golpe ha sido transversal para la Nueva Mayoría.
En ese marco se suma un nuevo dato aportado por el denunciante del caso Sergio Bustos, el ex trabajador de Caval que destapó la olla de este escándalo, y quién agregó nueva información para sazonar el desarrollo de esta polémica que ya ha cobrado dos “víctimas”: el renunciado hijo de la Presidenta y el mismo Gobierno que cayó rotundamente en las encuestas obteniendo su evaluación más baja hasta ahora.
En conversación con radio ADN, esta mañana Bustos informó de un pago que se le ofreció desde Caval, para evitar que siguiera hablando del tema y “frenara” las declaraciones respecto del caso.
Bustos señaló que «Cuando la revista sacó la publicación, a los dos días me llaman y tratan de iniciar un arreglo conmigo, viajan a Talca y terminamos negociando en 160 millones de pesos para quedarme callado, retirar la demanda laboral, con un contrato de que no puedo decir nada nunca más y con una cláusula penal de pago de 5 mil UF si yo abría la boca». Cabe recordar que Bustos fue trabajador de la sociedad Caval desde mayo de 2013 hasta noviembre de 2014 y además interpuso una querella en contra de la empresa por el no pago de 14 meses de sueldos. Además informó que él gestionó los préstamos por 6.500 millones y que nunca conoció en persona ni a Dávalos ni a Compagnon.
Reacciones a las declaraciones de la Presidenta
Desde Evópoli, su presidente Jorge Saint Jean dijo que “la gente no quiere que se llenen los bolsillos y que se vayan para la casa tranquilamente”, además señaló que se deben dar “cuentas claras”. En tanto, desde Renovación Nacional, Mario Desbordes se refirió a una serie de dudas que a su juicio no fueron despejadas tras la declaración de la Presidenta, Desbordes dijo: “¿A quién le entregó el crédito Luksic?, ¿con quién es la deferencia del señor Luksic?, ¿cuál es realmente la participación del seremi de vivienda?, ¿qué se sabía de parte de los involucrados en el caso del cambio del plan regulador?… Hay tanta pregunta que todavía está dando vuelta. Este negocio es un negocio extraordinario, no hay duda. ¿Por qué el crédito se concede al día siguiente de la elección? Hay tanta cosa que debe ser investigada y nosotros confiamos en el trabajo que va a hacer el Ministerio Público, en el Fiscal Regional de la VI Región, que debe actuar sin ningún tipo de presión. Espero que no lo cambien, obviamente. Y en ese contexto, esperamos se aclaren todas estas dudas y que el gobierno actué con la transparencia que ha dicho defender el día de hoy”.
Desde Amplitud, Joaquin Godoy señaló que tanto a los políticos de izquierda y derecha no les interesa solucionar el problema. A su juicio, “no les interesa que quienes financian campañas de mala manera tengan que dejar sus cargos, no les interesa que aquellos que se enriquecen por tráfico de influencias tengan que ir a la cárcel. Lo que les interesa e empatar. Echarse la culpa unos a otros”.
Desde la Nueva Mayoría, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade fue duro con la reunión que Dávalos y Compagnon concertaron con Andrónico Luksic, razón por la cual, este miércoles se presentará el caso al tribunal supremo del Partido Socialista, instancia donde se evaluará la permanencia en la colectividad de ambos involucrados.
Mientras que el líder de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker manifestó su molestia por lo tardía que fue la declaración de Bachelet y porque a su juicio, el caso afectó a todo la coalición oficialista. Walker señaló a Cooperativa que “Éste ha sido un tema muy complejo. Déjeme decirlo derechamente: yo creo que el caso de Sebastián Dávalos, el caso Caval, nos rayó la pintura como Gobierno de la Nueva Mayoría en el mes de febrero”. Además, agregó que “Una cosa es el tema de la legalidad, al parecer no hay nada ilegal, pero otra cosa es el tema ético, y siendo hijo de la entonces candidata presidencial, y después asumiendo un cargo político de director sociocultural, lo menos que uno pudiera haber esperado es que le hubiese informado a la Presidenta de la República, que además es su madre, de esta situación, en que hay desde el punto de vista ético serias interrogantes en relación con el rol que él cumple”.
Desde la UDI, el presidente de aquel partido, Ernesto Silva no se quedó fuera de las criticas y se sumó afirmando que «Los chilenos tiene muchas preguntas y valoran que la Presidenta haya hablado ayer, pero después de que habló la Presidenta siguen teniendo las mismas preguntas. Lo que quieren saber si el negocio de la nuera de la Presidenta, que la hizo ganar 3 mil millones, fue de acuerdo a la ley». En relación a esa interrogante, afirmó que respetaran la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Además, el líder de la tienda gremialista -donde militan la mayoría de los involucrados en el caso Penta- afirmó que concuerda con «la necesidad de que los partidos políticos asuman su responsabilidad de proponerle a la ciudadanía una etapa nueva de transparencia, de calidad y de financiamiento. Y creo que esa tarea la vamos a emprender con mucha fuerza».