Las mujeres, en éxodo permanente por sus derechos

La violencia en México rebasa la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos, en un contexto en el que la impunidad ante casos de abusos graves abona la permanencia del delito.

Actualmente en México las muertes de mujeres por violencia de género reflejan una sociedad en la que prevalece un modelo patriarcal que eleva la “supremacía” del hombre sobre la mujer, y que ha generado la percepción de que el maltrato verbal, físico, psicológico, sexual, simbólico, laboral y económico sobre el género femenino, son un acto permitido o de menor importancia.

“El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista” señala Comunicación e Información de la Mujer AC en uno de sus artículos.

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, sostiene la Convención Belém do Pará

Lucía Melgar, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló en septiembre pasado que en el país 60 por ciento de las mujeres son violentadas con algún tipo de maltrato físico o psicológico.

Al día de hoy la lucha que los colectivos de mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen, ha trascendido la geografía nacional e internacional, y mantiene el clamor de justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero han vuelto extensivo el clamor hacía todas las victimas de violencia de género.

México ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) misma que está fundamentada en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer” y exige a las naciones firmantes el reconocimiento de derechos iguales para la mujer y el hombre.

Aún así, la ratificación de Arturo Chávez Chávez como abogado de la nación al frente de la Procuraduría General de la República “da señales claras de una falta de sensibilidad ante el tema por parte del Estado mexicano”, coinciden organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Con este panorama México llega al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) que se celebra cada 25 de noviembre y en el que la encargada de llevar la voz al respecto de los impunes asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez será Marisela Ortiz, maestra y presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y quién fuera profesora de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez.

En este contexto se llevó a cabo el segundo Éxodo por la vida de las mujeres, caravana que convocó la organización Mujeres de Negro y que recorrió ocho estados de la República con la finalidad de compartir experiencias de lucha y crear soluciones colectivas y concretas al fenómeno de la violencia contra la mujer.

Cecilia Espinosa Martínez del colectivo Mujeres de Negro e Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, comentaron en entrevistas por separado para Cencos la experiencia colectiva que representó el Éxodo por la vida de las mujeres

Para Cecilia Espinoza Martínez la caravana que partió del Distrito Federal el 10 de noviembre y que recorrió Morelos, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luís Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, hasta llegar a Chihuahua el pasado lunes, cumplió con sus objetivos inmediatos, pero la lucha no finaliza, “el encuentro con otros colectivos trajo nuevas propuestas para seguir en la exigencia de justicia para todas las mujeres y contra todos los tipos de violencia. Un punto de convergencia que nos reunió a los estados por donde circuló la caravana y a otros también, fue la labor que ha hecho el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio”, afirmó.

Imelda Marrufo, quién formó parte de la organización, tanto del foro Mujeres y feminismo como del éxodo en Ciudad Juárez, resaltó la importancia de fortalecer los procesos de lucha a nivel municipal “hay solicitud de otras compañeras de ser apoyadas en sus procesos de denuncia para que puedan ser visibles, es por eso que hicimos un llamado a las organizaciones para que quienes puedan participar de manera más cercana en los procesos de acompañamiento en los municipios propicien una mayor articulación.”

Las organizaciones de mujeres de Chihuahua que participaron solicitan un centro de atención para la justicia de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; de acuerdo a lo contenido en la Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se declare la alerta de género en Ciudad Juárez; exigir que los presupuestos para la prevención atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres sea estrictamente etiquetado para programas muy específicos y que no se diluyan en el gasto corriente de las administraciones, de tal manera que se concreticen en los programas de desarrollo comunitario para las mujeres.

“Una propuesta concreta que tenemos es la creación del Memorial de las mujeres en Ciudad Juárez, misma que ya hemos presentado ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y que va con su agenda al respecto de generar ciudades seguras para las mujeres, para esto pensamos coordinarnos con expertos en desarrollo urbano y hacer gestiones a nivel municipal para encontrar el lugar adecuado, eso empezó a coordinarse desde ayer con la entrega de la campana, misma que se construyó con 75 kilos de metal de llaves que fueron recolectadas por organizaciones del Distrito Federal”, apuntó la activista.

LA CORTE IDH

“El primer Éxodo por la vida nos movió a realizar una queja internacional, ahora en el marco del segundo éxodo y del encuentro estatal de feminismo se da la noticia del próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún cuando todavía desconocemos puntualmente en que línea resolverá la CIDH, -aclara Cecilia Martínez – claro que nos da esperanza de justicia, de que el Estado mexicano con todo lo que se evidenció durante este recorrido, después de los testimonios de los familiares, expertas y de mujeres que han acompañando cercanamente la situación, periodistas que han recopilado los sucesos, nos dan la satisfacción de una posible sentencia favorable a los familiares, y a todas las mujeres que vivimos en esta ciudad (Juárez).”

El fallo se espera por actos de corrupción, negligencia de funcionarios federales y locales desde procuradores y gobernadores del estado de Chihuahua, hasta expresidentes de la República, mismos que incurrieron en violaciones a los estatutos de la Convención Belém do Para además de falta de medidas de protección y prevención -ante un fenómeno que se hizo presente en el estado desde 1993 y que obedecía a un fenómeno patológico de violencia de género-, la carencia de respuesta inmediata de las autoridades cuando era reportada una mujer desaparecida, carencia de una investigación puntual y adecuada, ausencia de reparación del daño y desatención a los familiares, todas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una muy posible sentencia condenatoria al Estado mexicano, una caravana que recorrió ocho estados de la República buscando el encuentro y el aprendizaje, un foro en el que cientos de mujeres reflexionaron acerca de sus condiciones y posibilidades con miras a revertir el papel histórico de la mujer frente a una sociedad y un Estado que les ha otorgado un papel secundario, no pueden entenderse sin la organización y la demanda constante de las madres y los familiares que sufrieron la pérdida de una mujer en manos de un feminicida, ni la constante labor de las organizaciones encargadas de defender los derechos humanos que llevaron en conjunto y que abrieron al mundo la realidad de un país en el que las mujeres sufren de manera sistemática la violencia de género.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se apresta a emitir un inédito fallo que compromete al Estado mexicano por el asesinato de tres jóvenes en 2001, un caso emblemático en la historia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que suman más de 400 en 10 años.

«Es el primer caso que llega a la corte, es el primer asunto que se trata sobre ‘feminicidios’ de Ciudad Juárez» y «estamos esperando que la sentencia sea condenatoria» contra el Estado mexicano por no haber investigado las desapariciones y los asesinatos, por omisiones y por fabricar culpables, entre otros, dijo David Peña, abogado del caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó en 2007 al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por los homicidios de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice.

En los nueve años se inculpó en diferentes momentos por estos homicidios a nueve personas, que fueron declaradas no culpables.

«Tantos años fabricando culpables, desviando la investigación hace suponer que hay un interés específico o genérico del Estado para no castigar a los responsables», añadió Peña.

El 29 de octubre de 2001 Esmeralda Herrera salió de su casa para no volver, dos meses antes había cumplido 15 años y esperaba con ilusión la fiesta que su familia le preparaba, recuerda su madre, Irma Monreal, en conversación con AFP.

Su cuerpo fue localizado a la semana siguiente junto a otros siete cadáveres de mujeres que se habían extraviado en diferentes fechas. En un primer momento las autoridades le impidieron a Irma ver el cuerpo de su hija.

Al entrar a donde estaba cubierto con una sábana «me aventaron una blusa y unos calcetines rotos, jamás me dejaron verla, pese a mis súplicas», relata.

Tres años después pidió la exhumación y tras muchos trámites burocráticos y obstrucciones de la autoridad, Esmeralda fue plenamente identificada.

Se trata de una de las más de 380 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, el periodo en que más jóvenes fueron víctimas de homicidios de índole sexual con alto grado de violencia, incluidas mutilaciones. Pero en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos, las jóvenes siguen desapareciendo.

«Cuando fui a denunciar la desaparición de Esmeralda las autoridades me dijeron que se había ido con el novio, yo les dije que no tenía novio ni amigos. ‘Eso dicen todos porque las conocen en su casa, pero no las conocen afuera'», recuerda Irma que le dijeron los oficiales.

Las hipótesis de lo sucedido en Ciudad Juárez son muchas, pero para Irma -que conoce a decenas de familias en su situación- se trata de gente de «mucho dinero» que utiliza a las jóvenes en «fiestas» donde «se divierten».

«Hay unos policías que les llevan a la niñas, se las llevan a estas personas, donde se reúne gente de mucho dinero, hacen sus fiestas, se divierten, y hacen lo que les da su gana con ellas y les pagan a los mismo policías para que las vuelvan a tirar ya muertas», sostiene Irma.

Conclusiones similares han sido planteadas por los periodistas Sergio González y Diana Washington, en sus libros Huesos en el desierto y Cosecha de mujeres, donde hacen amplias revelaciones sobre estos crímenes de Ciudad Juárez.

El fallo de la corte debe producirse en los próximos 10 días, y las familias esperan una condena que obligue al Estado mexicano a acabar con la impunidad y a cumplir un larga listado de peticiones que tienen como fin prevenir que sigan los asesinatos de mujeres, así como medidas y leyes para que se investiguen los muchos casos pendientes.

«Tengo mucho miedo del gobierno, de lo que pueda pasar después de que salga la sentencia y más si es a favor de nosotros, por hijos y por mí, pero aún así es algo muy importante», señala Irma Monreal.

Fuente: La Jornada

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos -Centro Nacional de Comunicación Social