Este martes se reunieron en Guatemala los países que componen el Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, El Salvador y Guatemala- juno a Estados Unidos y al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para diseñar un «borrador» del que será el plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyos detalles se ultimarán en Washington los próximos 16, 17 y 18 de marzo.
Al encuentro entre estos países centroamericanos acudieron, además de los jefes de los respectivos estados, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden; la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Rubio; y el presidente del BID Luis Alberto Moreno.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, explicó durante una rueda de prensa que el borrador que se discutió durante el encuentro «fue realizado con los insumos que cada país le presentó al BID«. «El 16, 17 y 18 de marzo se van a afinar los detalles del plan en Washington, con los equipos de cada país, para llegar al detalle de las acciones que se van a hacer y el costo de las mismas«, precisó Pérez Molina.
¿Qué es el plan Alianza para la Prosperidad y cuáles son sus objetivos?
El plan discutido esta semana en Guatemala por los países centroamericanos y Estados Unidos es un proyecto destinado a promover el desarrollo de la región y frenar la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. La idea de la creación de este acuerdo surgió a partir de que en 2014 se concentraran en la frontera entre Estados Unidos y México, miles de niños provinientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que habían viajado solos hasta allí con la intención de alcanzar territorio estadounidense.
Según los datos facilitados por el BID, cerca del diez por ciento de la población de estos países centroamericanos decidió emigrar de sus respectivos estados en busca de oportunidades o huyendo -en muchos ocasiones- de la violencia.
El plan se divide en cuatro ejes principales: dinamizar el sector productivo para crear más oportunidades económicas; desarrollar oportunidades para el capital humano; mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justcia; y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. Para llevar a cabo todo esto el plan requiere de unos 15 mil millones de dólares, de los cuales los países del Triángulo Norte de Centroamérica tendrán que desembolsar el 80 por ciento.
‘El Periódico’ de Guatemala advierte de que para que el plan funcione, la supervisión, el control y la fiscalización de las inversiones deben ser muy estrictos, debido que «los recursos destinados a inversión pública y social -en los países centroamericanos- se malversan, extravían, desvían o roban, sin perjuicio del despilfarro, de la sobrevaloración de obras y de la ineficiencia en el uso de los fondos públicos».
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