Rechazo a protocolo de acuerdo sobre Ley de Protección de Glaciares

Finalmente el Ejecutivo se pronunció  sobre la Ley de Glaciares, y lo hizo a puerta cerrada y con la firma de un acuerdo de contenidos para la indicación sustitutiva que se ingresará al proyecto de Ley de protección de glaciares presentado por la autodenominada Bancada Glaciar el pasado mes de mayo.

Luego de plazos y plazos vencidos sin que se hiciera la indicación pertinente y asegurando que las presiones mineras no estarían incidiendo en el retardo del texto, el ejecutivo presentó 14 puntos específicos con los que según el firmante del documento, Pablo Badenier, «está asegurada la protección del cien por ciento de los glaciares en el territorio nacional”.

Esta teoría ya está siendo cuestionada no obstante por ciudadanos y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, cuyo director en Chile, Matías Asún, calificó el documento de «confuso e insuficiente».

Y es que este señala, entre otros, que habrá una diferenciación entre glaciares relevantes -para los que se creará una categoría especial, y glaciares menores, eludiendo referirse a si los glaciares que ya se encuentran en territorios de concesión minera serán protegidos.

El documento considera asimismo el reconocimiento de los glaciares como reservas de agua dulce y proveedores de servicios ecosistémicos; el reconocimiento legal de distintas clases de glaciares y su entorno, en el marco de una conceptualización que recoja estándares internacionalmente aceptados; su declaratoria como bienes nacionales de uso público, y la prohibición de constituir derechos de agua sobre ellos.

El director de Greenpeace criticó en primera instancia el carácter no participativo del acuerdo firmado; “No permitiremos que  el territorio de los glaciares, agua de las futuras generaciones de chilenos, sea destruido a través de una ley a puerta cerrada y con letra chica” .

“El protocolo de acuerdo, entendemos, establece diferentes tipos de protección para glaciares; mayores y menores. Ello es confuso e insuficiente, en especial dado que en Chile los principales intereses mineros hoy operan en zonas donde existen glaciares. Si este es el caso, no reglamentar y limitar los espacios que hoy tiene la minería para destruir glaciares es simplemente legislar a favor de unos y no de la gran mayoría de los chilenos. Los glaciares son nuestras principales reservas de agua y permitir que ellas queden a merced de grupos económicos específicos sería horroroso”, explica  Asún.

El protocolo, a juicio de Greenpeace “es contrario al sentido del proyecto de ley original ya que no aclara si los glaciares que están en territorio de concesión minera están protegido; “Queremos saber cuál es la ley que el gobierno chileno quiere implementar para proteger todos los glaciares del país. No hemos sido parte de este protocolo de acuerdo y por lo mismo exigimos se haga pública a la brevedad la indicación sustitutiva del Gobierno, pues hoy tenemos la duda si el gobierno busca proteger los glaciares que serán afectados por proyectos mineros como Pascua Lama, Los Bronces, la división Andina de Codelco o Pelambres del grupo Luksic”.