Radios allanadas por la PDI: Como en los peores tiempos de la Dictadura

Diversas reacciones de rechazo, provenientes de distintos sectores ligados a la comunicación, han generado los últimos allanamientos a radios comunitarias registrados en las comunas Carahue y Puerto Varas. En ambos casos fueron requisados todos los equipos y en uno se detuvo a comunicadores mapuche.

El primero de los allanamientos ocurrió el 14 de enero y afectó a la radio comunitaria La Voz de Carahue que funciona en el dial 102.9 FM, cuando efectivos de la PDI llegaron hasta los estudios de la radioemisora ubicada en calle Estadio 760 de dicha ciudad, sede también de la Asociación de Pensionados y Montepiados SSS Juan Arévalo, en cuya personalidad jurídica ésta se ampara.

Según información proporcionada por la Fiscalía local, la denuncia fue ingresada con fecha 03 de noviembre de 2014 por la Subtel bajo el número 106.226 de septiembre de 2014, referida a la operación ilegal de una radioemisora ratificada por funcionarios especializados de la Subsecretaría de Telecomunicaciones quienes habrían ejecutado una investigación técnico administrativa en dicha localidad. Por lo anterior, se ordenó allanar la radio, amparados en una ley impuesta por la dictadura que sigue vigente como ley marco para las telecomunicaciones.

Para Juan Huenuman, presidente de la Asociación y representante legal de la radio, el allanamiento fue imprevisto y nunca esperaron que una situación así pasara. Huenupan reconoce que ellos sabían que tenían que actualizar los documentos, pero no tenían claridad respecto de cómo hacerlo. “No nos llegó ningún aviso”, señaló. Agregando que la PDI no les entregó una lista de los equipos requisados.

En efecto, la Subtel les otorgó la concesión de radiodifusión sonora en mínima cobertura para la comuna mediante decreto 42, de fecha 16 de enero de 2006, y su vigencia se extendía hasta el 23 de febrero de 2009, pero debía ser renovada en 2008, trámite que no se realizó.

Por su parte José Merino, ex director de la emisora, afirma que han sido “vulnerados en el derecho básico en la libertad de expresión por la forma y el modo con los cuales la fiscalía y Carabineros de Chile llegaron a nuestro medio y requisaron todos nuestros equipos. Me recordó mucho lo que pasaba en tiempos de dictadura. Se llevaron todo el material de trabajo con los cuales llegábamos a la comunidad y todo el trabajo que hacíamos diariamente”.

Merino explicó que cuando quisieron renovar la concesión lamentablemente estaba en discusión de la nueva ley de radios comunitarias y cuando uno se acercaba a solucionar el problema legal las puertas estaban cerradas. No se podía hacer nada mientras esta nueva ley de radios comunitarias no entrase en vigencia y después de eso intentar solucionar el problema legal en el cual caímos en 2008 era imposible. Cuando no pudimos renovar nuestra concesión, el técnico respondió la carta confirmando la renovación, pero no presentó el proyecto completo”.

Con fecha 19 de enero dirigieron una carta al Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, solicitando una autorización para la emisión de su señal a través de una señal transitoria sin fines de lucro, mientras realizaban la postulación a una nueva concesión para seguir desarrollando su función comunitaria y social, pero aún no han tenido respuesta.

La voz de Nueva Braunau

El otro caso, en tanto, se produjo este martes 24 de febrero, cuando efectivos de la Bicrim de la PDI allanaron la radio La voz de Nueva Braunau, en Puerto Varas, con el fin de cesar sus transmisiones debido a una denuncia por parte de la Subtel por “infracción a la ley de telecomunicaciones”. En el procedimiento fueron requisados los equipos y detenidos Rubén Loncomilla, Sergio Quintul, Francisco Loncomilla y Yasna Levicán, quienes fueron trasladados a la prefectura de la PDI en esa ciudad donde fueron obligados a pasar la noche, afectando la salud de los más adultos y quedando libres al día siguiente tras el control de detención en el Tribunal de Garantía, donde se les ofreció la suspensión condicional del procedimiento bajo el compromiso de dejar de trabajar en radio durante un año o hasta que los documentos de la radio sean presentados para reactivar la concesión.

En diálogo sostenido con la Radio KimcheMapu, Marcos Leiva, vocero de la radio La Voz de Nueva Braunau, explicó que el allanamiento e incautación de transmisor obedecería a las denuncias que vienen realizando por el daño ambiental que estaría produciendo una planta de tratamiento de aguas servidas desde hace más 12  de años y que afecta a unos 4 mil habitantes de la comuna de Puerto Varas.

Cabe señalar que esta emisora inició sus transmisiones en octubre del año 2014 y fue denunciada en el mes de noviembre del mismo año por el presidente de la Agrupación de consumidores y usuarios de Puerto Varas. Leiva señalo que «el pueblo (de Braunau) ha estado  totalmente  excluido de los avances que ha tenido la comuna; es un pueblo dormitorio que no ha tenido ningún tipo de retribución económica importante». Reiteró además que se sienten en “el patio  trasero” de la comuna y que en la radio encontraron un lugar de acogida, de encuentro.

El Werken Luis Navarro, en tanto, mediante un testimonio audiovisual subido a youtube,  responsabiliza al diputado de la República Fidel Espinoza de la denuncia interpuesta. Condena el allanamiento por ser un atentado a la libertad de expresión, un acto irregular e ilegal que vulnera el derecho a la comunicación y también desconoce la jurisprudencia del Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena 19.253, por ser una radio mapuche, williche y lafkenche.

Reacciones

Ante estos nuevos hechos que vulneran el derecho a la libre expresión, Paulina Acevedo, periodista, comunicadora en derechos humanos y coordinadora del Área de Comunicación del Observatorio Ciudadano, puntualiza que urge modificar en Chile la Ley de Telecomunicaciones, en especial su artículo 36b. «La actual ley marco debe ser modificada por ser una legislación impuesta mediante decreto supremo por la dictadura militar, sin tramitación parlamentaria, con el claro propósito de mantener un control sobre los discursos disidentes, la que hoy sigue siendo utilizada por los gobiernos sucesivos con el mismo propósito. En particular su artículo 36b, que permite penalizar con cárcel e incautación de equipos la transmisión sin licencia, una disposición que viola abiertamente los derechos humanos tanto de quienes expresan opinión, como de aquellos que tienen derecho a recibirla«, aclaró.

A la comunicadora le inquieta además que estos hechos se produzcan en zonas de movilización y protesta social. “Es preocupante que estas persecuciones se concentren en zonas donde existe activa movilización y protesta social, lo que da cuenta de los intereses políticos y económicos de diversa índole que están detrás de quienes denuncian esta situación determinada como delito penal por la dictadura; así como también la cuestionable validación de Subtel de estos procesos, sabiendo que desde hace cinco años no ha abierto concursos que permitan garantizar el acceso al espectro radioeléctrico -un bien público que el estado administra, cuya propiedad es de todos y además patrimonio de la humanidad-, exponiendo de este modo a quienes ejercen su legítimo derecho a expresarse por este medio radial a persecuciones y abusos que contravienen los compromisos contraídos por el Estado al ratificar tratados de derechos humanos», finalizó.

Para Raúl Rodríguez, representante de AMARC Chile, capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, organismo que posee sedes en todos los continentes y que agrupa a más de 550 radios y centros de producción radial, señaló que «el allanamiento, decomiso de equipos y detención de radialistas contraviene estándares de libertad de expresión en relación con el sector social, más aún, en el caso de radios de carácter indígena, pues no se puede penalizar un acto de libertad de expresión como es comunicar por medio de las ondas de radio”.

Agregó que les preocupa que el Estado, por una parte, todavía no ponga en plena ejecución la ley de radios comunitarias promulgada en 2010 y, por la otra, siga pendiente la derogación del artículo 36b, letra a), que permite este tipo de acciones judiciales contra radios sin licencia, o en trámite de ella. Así también el gobierno de Chile se comprometió en 2013 a desarrollar la radio comunitaria indígena para que comunidades organizadas de las diversas etnias pudiesen ejercer su derecho a comunicar, a través de la entrega de 40 licencias de radios y recursos para su implementación.  Situación que no se ha cumplido.

Finalmente Rodríguez dijo que esperan “que este tipo de persecuciones, amparadas por la ley, permitan un debate más amplio sobre las radios comunitarias como también sobre las radios públicas, como se dio con el caso de radio La Victoria de carácter municipal».

En la misma línea el Colegio de Periodistas de Chile, mediante una declaración pública, también condenó los hechos. “Como Colegio de Periodistas de Chile rechazamos categóricamente el allanamiento de la radio La voz de Nueva Braunau, así como toda forma de hostigamiento y persecución hacia las comunidades mapuche que en la actualidad no cuentan con igualdad de condiciones para el acceso a la comunicación pública.  Este hecho vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 número 12 de la Constitución como las garantías cauteladas en normativas internacionales como las de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a los cuales Chile adscribe”, señalan.

Les preocupa también que este sea el segundo allanamiento a radios comunitarias o públicas en menos de un mes.  Con lo que se ataca directamente al pluralismo mediático en el país, el cual ya se encuentra lo suficientemente amenazado por la concentración en el sistema de medios de comunicación existente. “La cercanía temporal de ambos allanamientos, da cuenta de la precariedad en que se encuentran las radios comunitarias y públicas. Aunque en 2010 se promulgó la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión ciudadana, esta normativa -que por lo demás todavía no cuenta con reglamento- aún es deficiente para garantizar y no obstaculizar el derecho de toda la ciudadanía a utilizar un bien público como es el espectro radioeléctrico y a operar un servicio de radiodifusión. Esto ha permitido la criminalización de lo que a nivel internacional es reconocido como un derecho humano: la comunicación. La acción aparece como aún más cuestionable cuando la radio La voz de Nueva Braunau se encontraba en proceso de regularizar su situación legal”, se sostiene.

Concluyen exigiendo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones explique claramente los motivos de su atención personalizada a las radios comunitarias y públicas, qué gestiones llevará adelante para apoyar al sistema de comunicación público y comunitario, y de qué forma pretende abogar por una modificación a la normativa y la elaboración y publicación de un reglamento que efectivamente permita el uso democrático del espectro radioeléctrico y no su concentración en pocas manos.

 
Por Elías Paillan C.- (texto y fotos)

Edición El Ciudadano