En el Centro de Justicia esta mañana comenzó el juicio oral en contra de 10 ejecutivos de tres cadenas de farmacias -que representan el 90% del mercado farmacéutico- y que fueron acusados de colusión de precios en 220 medicamentos, alza aplicada entre 2007 y 2008 a una serie de medicamentos de alta demanda. Esta instancia esta encabezada por el fiscal a cargo Jaime Retamal quien busca probar que los implicados de coludieron para elevar los precios de los remedios.
Los acusados son Mehilin Velázquez y las category manager Claudia Carmona y Judith Carreño (Salcobrand); Sergio Purcell , como gerente general y Ricardo Ewertz , gerente comercial de la empresa (FASA). Mientras que de Farmacia Cruz Verde será formalizado Ricardo Valdivia, gerente de área Farma y Cristián Catalán, category manager. Y además, el ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
La colusión de estas empresas farmacéuticas se probó tras una investigación de la Fiscalía Centro Norte que entre 2007 y 2008 las tres cadenas acordaron precios para una lista de 220 medicamentos en casi el doble de su valor «normal».Este caso evidenció el poder de los empresarios y en el marco del neoliberalismo instalado desde la época de la dictadura, el poder concentrado en estas grandes cadenas de farmacias que barrieron con las boticas de barrio y farmacias pequeñas.
Cabe señalar que en 2013, se desató una polémica cuando el primer fallo indicó una multa de 19 millones de dólares, monto que equivalía sólo a un 3,5% de las ventas totales de Cruz Verde y Salco Brand el año 2007. La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte les ofreció a los ejecutivos vinculados al caso un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética, además del pago de una multa en donaciones a instituciones de salud y ONG por un monto de $ 255 millones, según consigna la Tercera en su edición de hoy.
Para el Ministerio Público estos delitos consideran tanto el ilícito de coludir los precios de medicamentos que son de primera necesidad para la población y la reiteración del delito. El Ministerio pidió para cada implicado la pena de 5 años de reclusión menor, además de una multa de 10 unidades tributarias mensuales, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena.
Se estima que la audiencia de hoy se prolongue alrededor de la 1 de la tarde y que el juicio se extendera por cerca de 45 días.
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