La Casa Blanca emitió este lunes un comunicado para informar de la nueva orden ejecutiva promulgada por Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos. En el comunicado difundido, Barack Obama declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y exterior de Estados Unidos«.
En la orden ejecutiva emitida este lunes por la Casa Blanca, Barack Obama implementa y amplía las sanciones contra siete individuos venezolanos acusados de las acciones represivas que tuvieron lugar en Venezuela durante las protestas de febrero de 2014.
En el comunicado oficial enviado por la Casa Blanca, el ejecutivo norteamericano se posiciona paradójicamente como defensor de los derechos humanos: «Estamos comprometidos a hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, a proteger las instituciones democráticas, y a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela».
En la orden ejecutiva, Obama declara: «Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. y declaro una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza«.
La declaración de amenaza nacional le permite al presidente de los Estados Unidos aplicar sanciones contra este país bajo determinadas circustancias -muy sujetas a la subjetividad-, lo que convierte la declaración de ‘amenaza nacional’ en una poderosa herramienta para que Barack Obama pueda gobernar e imponer su voluntad más allá de lo que el Congreso le permite. Así, a partir de la orden firmada este lunes, el Departamento del Tesoro estará autorizado para imponer más sanciones contra aquellos que cometan «acciones o políticas que socaven procesos o instituciones democráticas«.
La orden ejecutiva emitida este lunes por el gobierno de Estados Unidos impone la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos. Entre ellos se encuentra Gustavo Enrique González López, Director General del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia -SEBIN-; Antonio José Benavides Torres, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral -REDI-.
El portavoz presidencial Josh Earnest declaró por escrito que Estados Unidos está «preocupado por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando la disidencia«, sentenció el vocero.
Alguien debería decirle a Estdos Unidos que las lecciones éticas se deben impartir con el ejemplo. No resulta demasiado creíble que una potencia mundial que alimenta, apoya y genera guerras en todo el mundo se preocupe ahora por los derechos humanos de los venezolanos. A otro perro con ese hueso.
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