A pesar de los síntomas de intoxicación que presentaron las personas afectadas, como ronchas en la piel, picazón, dolor de cabeza y mareos, el gobierno de Claudia Ledesma Abdala no dispuso la evacuación, no se ordenaron análisis, ni se tomaron las medidas sanitarias requeridas.
“Que una población afectada por las inundaciones esté además expuesta a los agroquímicos resalta la responsabilidad de la agricultura industrial en estas catástrofes. Cambian los bosques nativos por cultivos que requieren uso intensivo de pesticidas contaminantes”, alertó Franco Segesso, coordinador de la campaña de agroecología de Greenpeace.
El depósito arrasado pertenece a la Finca Avellaneda y contenía bidones de herbicidas e insecticidas, entre ellos glifosato, clorpirifos y clethodim. En el área se encuentran 50 viviendas, una escuela, un puesto sanitario, la Comisaría, la Comisión Municipal y una Capilla. La denuncia fue presentada por el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y la Mesa de Tierras de Choya al gobierno de la Provincia.
Greenpeace reclamó al ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Luis Gelid, la suspensión de las actividades públicas y comerciales para la zona afectada, hasta tanto no tenga resultado de análisis científicos que demuestren que la zona no presenta ningún riesgo para la salud.
“La población de Guasayán, deber ser resguardada de los tóxicos que persistan en el ambiente y las autoridades deben garantizar que quienes fueron afectados reciban atención médica completa” señaló Segesso.
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