La nueva Ley General de Aguas propuesta por el gobierno mexicano ha sido repudiada por grupos civiles, ambientalistas y científicos bajo el argumento de que provocará la privatización del agua y otorgará a empresas privadas todo el control de gestión de este bien tan preciado y necesario para la vida.
La inciativa de ley preparada por la institución Conagua promueve un modelo de gestión del agua injusto y discriminatorio, tal y como denuncian los opositores a esta nueva ley que permitirá, en el caso de su entrada en vigor, que las empresas privadas gestionen el agua como un recurso mercantil, en lugar de convertirlo en un bien público y accesible para todos los habitantes del país.
La Ley General de Aguas otorgaría enorme poder a las compañías privadas que podrán recuperar su inversión a base de subir las tarifas sobre el agua que soportarían los usuarios finales del recurso. Además, la inciativa de ley promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos a causa de los trasvases que los particulares podrán construir, así como la ampliación de los márgenes para contaminar el agua.
La nueva ley también incluye las concesiones del agua para «uso industrial», lo que los detractores han traducido al uso para el Fracking, técnica de extracción mediante fractura que requiere de grandes cantidades de agua.
El vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Omar Arellano Aguilar, dijo que «en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras contra la ley que busca privatizar el recurso natural«.
La fuerte oposición ciudadana que se alzó tras el anuncio del proyecto provocó que la Cámara de los Diputados de México pospusiera este miércoles el debate sobre la ley que privatizará el agua de México. El diputado oficialista Manlio Fabio Beltrones aclaró que el aplazamiento de la aprobación de la medida busca aclarar dudas y acabar con «la desinformación«.
Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos rechazan esta decisión exigiendo la derogación total del proyecto de ley que consideran no sustentable, injusto y discriminatorio.
La Ley General de Aguas limitará el uso de este líquido a 50 litros diarios por persona, cantidad que «pone en peligro la salud«. El documento cita un análisis jurídico relizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la OMS, según el cual «el acceso óptimo que respresenta el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona«.
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