El negocio de las editoriales ha logrado un espacio fértil en el escenario escolar chileno. Las variables que responden a su éxito pueden ser por ejemplo, la instalación de un discurso desde el exitismo y la competencia que sugiere que los colegios con mejores logros académicos utilizan este material o la red publicitaria y de marketing que abordan permanentemente a las escuelas y colegios. Pero lo complejo de este asunto, es que bajo el amparo que ofrece la libertad de enseñanza, las grandes editoriales trasnacionales posan sus intereses y aducen que cada colegio e institución educativa tiene el derecho a plantear sus Proyectos Educativos Institucionales o sus líneas valóricas particulares y sí, eso es parte de las libertades de cada establecimiento, sin embargo, los planes y programas son de aplicación obligatoria tanto para los municipalizados como para los particulares subvencionados y por lo mismo, los textos escolares obligatoriamente deben contemplar los contenidos, los objetivos y los aprendizajes esperados.
Los equipos de cada apuesta editorial, tanto de las grandes como de las pequeñas, se someten a los dictámenes y exigencias que dispone el Mineduc, especialmente los que se relacionan con la red de contenidos, el currículum y los aprendizajes esperados. Estos siempre están siendo supervisados e incluso, transformados en el tiempo -a través de las famosas adecuaciones curriculares que tanto conocen los profesores-, por lo tanto, todos los libros están confeccionados por un material teórico idéntico y tal vez, lo que pueda significar algún tipo de cambio sea la disposición de los contenidos en la progresión de cada unidad o módulo o el acento que se le ponga a cierto eje. Por ejemplo, se puede encontrar en un libro de III Medio de Lenguaje y Comunicación de una editorial mayor atención en el eje de Lectura, en donde las actividades en esa área sean mejor desarrolladas y del mismo modo, se puede observar que en el libro de otra editorial el eje Escritura, tiene mayor atención. El punto central aquí es que los libros, más allá de donde concentren su energía, son regidos por una mirada común y no pueden transformarse en el oneroso mercado en el que actualmente se han convertido.
El espíritu que moviliza a los textos escolares es de ser un apoyo al estudiante y al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Mineduc, de manera torpe, pretende instalar un proceso en que la o el alumno sea capaz de construir el andamiaje de su propio saber, guiado por la presencia del docente en el aula y el uso de los textos de estudio, sin embargo, el Ministerio no ha sido capaz de establecer de manera efectiva esta figura formativa en sus aulas y los libros, también se ven resentidos no logrando ser un instrumento eficaz.
La presidenta Bachelet y el ministro Eyzaguirre, hace unos días atrás, fueron enfáticos al señalar que no se puede exigir a los padres y apoderados de colegios municipales y particulares subvencionados la obtención de textos de estudio complementarios. Sin embargo y a pesar de que el Gobierno entrega a los establecimientos del país más de 17 millones de libros, las inadecuadas estrategias de inserción y uso del material editorial en los colegios por parte del Mineduc, abren un espacio para que el mercado privado de las editoriales se inserte y aproveche -con libros a un costo elevadísimo- las necesidades naturales que presentan los profesores de nuestro país.
Por otra parte, no existe aparentemente, una regulación consistente en la adjudicación de los concursos públicos por parte de las editoriales. En consultas de El Ciudadano a una persona que trabaja en este mercado, nos señala que han habido casos en que propuestas de libros que han obtenido un puntaje de evaluación excelente por parte del Mineduc, extrañamente no se han adjudicado la licitación, obteniéndolas finalmente, las editoriales más grandes o que son parte de trasnacionales. Este «curioso» hecho abre una serie de preguntas y sobre todo, devela que los entes reguladores ministeriales ponen todo su contingente en la persecución a los colegios y escuelas nacionales -y es claro que más que reprimendas, los establecimientos necesitan asesoría y acompañamiento-, olvidando fiscalizar este tipo de convocatorias que son de vital importancia y cuidado.
Por último, el espíritu extremadamente fiscalizador y prescriptivo que ha adoptado el Ministerio de Educación, solo ha resultado en generar una sensación de desamparo y presión en el profesorado, olvidando finalmente, el hacerse cargo de acompañarlo en su quehacer y formarlo para la obtención de resultados efectivos, independiente de cuál sea el origen de sus estudiantes.