Comienza el Mea Culpa en el Senado: solicitan medidas que permitan perfeccionar la democracia y sus instituciones

Por unanimidad, la Cámara Alta respaldó solicitar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, una serie de medidas que permitan «perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones, resguardando su legitimidad, dignidad e integridad de éstas y de sus integrantes», se desprende del documento.

Asimismo, por acuerdo de los Comités del Senado se acordó crear una Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia.

En tanto, los legisladores de todos los sectores, impulsores del proyecto de acuerdo hicieron presente la necesidad de:

– Poner suma urgencia a los proyectos de reforma constitucional o de ley, que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional, entre otros: el que consagrar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Constitución; el que establecer la rendición de cuenta del Congreso Nacional, y de  los parlamentarios en particular; el que consagra los principios de probidad pública, que permitan asegurar el cabal conocimiento del patrimonio y de los intereses de las autoridades que ejercen responsabilidades públicas; entre otros.

– El pronto envío de un proyecto de ley que configure a los partidos como personas jurídicas de derecho público, donde se consagren los principios de probidad, publicidad, transparencia, acceso a la información pública, democracia interna, descentralización y participación.

– Consignar un sistema de financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales de naturaleza público/privada, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido, publicitando su fuente y limitando el tope del gasto.

– Aplicar de la ley del lobby (20.730) a los partidos políticos, para conocer las reuniones de todas las autoridades y dirigentes políticos con grupos de interés o de presión, los viajes realizados y los donativos recibidos.

– Establecer siempre la prohibición de postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos que afecten a la probidad pública y fe pública.

– Establecer la obligación de todo candidato a elección popular de presentar y difundir su programa de gobierno, de lo cual deberán rendir cuenta periódica en el curso de su desempeño si son elegidos.

– Prohibición temporal a quienes se desempeñen como autoridades en la Administración Pública, de establecer relaciones comerciales, civiles y/o laborales con las empresas que están bajo su fiscalización, regulación o control.

– Revisar y fortalecer la tipificación penal de aquellas conductas que permiten el abuso de poder, tales como el tráfico de influencias o el uso de información privilegiada.

– Limitar el número de reelección de todas las autoridades, en todos los cargos de elección popular, impidiendo con ello la reelección indefinida.

– Transformar al Servicio Electoral (Servel) en un órgano constitucional autónomo, con recursos suficientes, amplias facultades de superintendencia en el ámbito de los partidos políticos y con capacidad real para fiscalizar el financiamiento de éstos y de las campañas electorales, incluyendo en ello las atribuciones para hacer extensivo ese control en las candidaturas independientes.

– Sancionar con la pérdida del escaño y la prohibición de postular a cargos de elección popular, a los parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales que hayan sido condenados por sentencia penal firme por haber financiado su campaña electoral con aportes de terceros, obtenidos a través de actos fraudulentos que importen crimen o simple delito. Misma sanción aplicarla cuando existan negociaciones incompatibles en las que se vean involucradas las autoridades señaladas.

– Solicitar a la Presidenta de la República, que en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2016, no se contemple reajuste de remuneraciones para las altas autoridades del Estado.

– Establecer códigos de conducta vinculantes para las autoridades y funcionarios públicos (nacionales, regionales, provinciales y municipales) que contemplen fuertes sanciones en los casos de intromisión en asuntos ajenos al ámbito de su competencia, castigando particularmente el uso de recursos públicos y toda actuación u omisión realizada en períodos de campaña que busque influir en sus resultados.

– Reforzar las normas que impiden a los parlamentarios desarrollar actividades privadas que configuren conflictos de interés.

– Sancionar de modo efectivo a los parlamentarios que voten o promuevan asuntos en que tengan conflictos de interés.

– Modificar la composición de las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y de la Cámara de Diputados, incorporando en ellas a personas de reconocido prestigio público, que no pertenezcan al parlamento y que den garantías de ecuanimidad e independencia.

– Fortalecer la normativa e institucionalidad tributaria, con la finalidad de cerrar pasajes o intersticios, oscuros o contradictorios en el ordenamiento, y así propender a evitar prácticas como la elusión y evasión tributaria en el ámbito político.