La segunda multa más alta de la historia aplicada para el rubro -solo superada por Pascua Lama- pero nada en comparación con los graves daños que la irresponsabilidad de Lumina Copper Chile, de capital japonés y titular del proyecto minero Caserones, supone para el medio ambiente de nuestro país y para las comunidades aledañas a la explotación de cobre, ubicada en Tierra Amarilla, Región de Atacama.
La multa, de 14.745 UTA -aproximadamente $ 7.620 millones- quedaría rebajada un 25% en caso de que la firma proceda a cancelar el monto en los primeros cinco días hábiles, una facilidad que en ningún caso correspondería aplicar dada la gravedad de las infracciones detectadas -un total de 17- relacionadas en gran parte con la ausencia de medidas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó.
En concreto, la SMA detectó 23 incumplimientos a las Resoluciones de Calificación Ambiental, absolviéndose a la firma de 6 de ellos tras la presentación de descargos, quedando un total de 17, 8 de carácter grave, relacionados tanto con el yacimiento como con la línea de transmisión que provee energía para el proyecto desde el Sistema Interconectado Central (SIC).
Entre ellas, ausencia de monitoreo efectivo de las aguas, no contar con la infraestructura requerida para el manejo de las aguas afectadas, falencias en la operación de relleno sanitario, la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica siguiendo un trazado distinto al autorizado; la operación y puesta en marcha del proyecto Caserones, sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre e inadecuado tratamiento de las aguas servidas.
Cabe señalar que del proceso sancionatorio, que puede consultar aquí, se hicieron parte la empresa Agrícola Sol de Copiapó LTDA y la Comunidad Indígena Colla Tata Inti Pueblo Los Loros.
“Aprovecho de reiterar una vez más mi llamado a los titulares de proyectos. Nuestro país necesita de sus iniciativas e inversiones para crecer y desarrollarse, pero deben ser muy rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales”, indicó el Superintendente Franz al referirse a esta sanción.
El titular de la SMA añadió que “la Superintendencia está empeñada en elevar el bajo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental que hoy por hoy exhibe nuestro país y por eso la fiscalización está aumentando considerablemente; pero para lograr que el cumplimiento ambiental aumente y nos encaminemos verdaderamente hacia un desarrollo sustentable, al que aspiramos como nación, necesitamos del compromiso y la acción responsable de todos”, lo que hasta el momento parece estar siendo incumplido por parte de los empresarios.