Caserones: Por donde secas, pagas

Se acaba de conocer una multa al Proyecto minero Caserones del Consorcio Japonés Lumina Copper, de $ 7.620 millones, la segunda multa ambiental más alta luego de la cursada a Barrick Gold en el proyecto Pascua Lama. Este proyecto se ubica en la cordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Atacama.

La multa corresponde a 17 infracciones al permiso ambiental, 8 graves y 9 leves. Lo más preocupante son los incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó, lo que pone en riesgo las aguas de consumo humano y de uso agrícola de la provincia de Copiapó, considerando que es una cuenca en la que la Dirección General de Aguas (DGA) ha entregado 5 veces más derechos de agua de la capacidad de recarga del acuífero, y donde las aguas superficiales (están desaparecidas) ya no existen.

Caserones es un proyecto minero regalón de la Concertación, fue aprobado el 8 de Enero del 2010 en las últimas semanas del primer gobierno de Michelle Bachelet, pese a la evidencia de que no contaba con el agua suficiente para su funcionamiento. La cabeza del proyecto fue Nelson Pizarro, ex hombre fuerte de Los Pelambres (Luksic), hasta que fue nombrado presidente ejecutivo de Codelco a mediados del año 2014 en el segundo gobierno de Bachelet. El segundo hombre del proyecto Caserones es Jaime Andrade, alto dirigente del Partido Socialista y que ha tenido distintos cargos de Gobierno en periodos de Aylwin, Lagos y Bachelet, también hizo dupla con Pizarro en Minera Los Pelambres, en ambos casos como Gerente de Asuntos Externos, encargado de las relaciones con la Comunidad.

Las fiscalizaciones que desembocan en las multas cursadas hoy, son del año 2013, o sea cuando Nelson Pizarro era el máximo directivo de Caserones. Pero Pizarro lejos de (caer preso) ser procesado, encarcelado o sancionado, fue promovido a máxima autoridad ejecutiva de Codelco, en cuyas manos está la decisión estratégica de ampliaciones como la división Andina con el proyecto 244, que amenaza con secar a las regiones de Valparaíso y Santiago.

Asumiendo la corrupción y conflictos de interés como una cuestión normalizada que atraviesa a la clase política, una noticia como esta multa a Caserones trae inevitablemente consigo preguntas como: ¿hablamos de multa o de permiso de desertificación acelerada? ¿entiende realmente el gobierno la dimensión de la crisis hídrica que está provocando el extractivismo? ¿Cuánto tiempo más (pretenderán) demorarán en solucionar el problema de la brutal falta de agua con multas irrisorias, guateros gigantes y desalinizadoras, sin abordar los problemas de fondo?

La inversión minera proyectada por el gobierno en la región de Atacama supone cuadruplicar la demanda de agua fresca de aquí al 2021, y aunque no se diga, esa es la sed que justifica que el Intendente Miguel Vargas vocifere que con fondos públicos (U$ 200 millones) se construirá una Planta desaladora en Caldera… está todo orquestado para que la megaminería química siga galopando sobre nuestras cumbres, a cualquier costo, operando bajo la lógica de que en el camino se arregla la carga, aun cuando la carga suponga, como en este caso, la destrucción del camino.

Para el gobierno vale $7.620 millones de dólares arriesgar el agua de 150.000 habitantes de la provincia de Copiapó, pero como «por donde secas pagas», quizás les termine saliendo más caro, sobre todo si las comunidades siguen asumiendo el rol que les cabe en la defensa de sus territorios y en la construcción de un país creador y no meramente depredador. Hacia allá apuntan los esfuerzos articuladores que este 21 de Marzo se movilizan en los territorios y el 22 de Abril en Valparaíso, para exigir el fin de las soluciones cosméticas y la recuperación del agua y la vida para los ecosistemas y las comunidades que los habitan.

Por Lucio Cuenca Berger

Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Santiago, 19 de Marzo de 2015