La delegación estadounidense se fue con las manos casi vacías a la conferencia de cambio climático que comenzó este lunes en Copenhague, porque las empresas de petróleo y gas imponen sus intereses con donaciones a legisladores, denuncian organizaciones no gubernamentales.
Las próximas elecciones legislativas están previstas sólo para noviembre de 2010, pero los intereses del petróleo y el gas ya donaron a las campañas políticas de los representantes 4,4 millones de dólares desde el 1 de enero de 2009.
El Center for Responsive Politics, una organización que investiga los vínculos entre las empresas que donan dinero y la política legislativa y electoral, contó a 321 ex legisladores y empleados del Congreso que ahora representan los intereses del sector energético.
«Los intereses empresariales son los que pagan nuestras campañas políticas. En cierto sentido están comprando el acceso» a la legislación, dijo a TerraViva Mary Boyle, portavoz de Common Cause, una organización no gubernamental que vigila el funcionamiento del sistema de gobierno de este país.
«Tienen una voz muy poderosa y un papel muy fuerte a la hora de fijar nuestra agenda política», aseguró Boyle.
Entre las empresas con influencia en el Congreso de Estados Unidos, las del sector petrolero y del gas ejercen un poder especial, y se unieron para influir en el proceso de redacción del proyecto de ley sobre cambio climático que aprobó en junio la Cámara de Representantes.
El proyecto propone reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en 17 por ciento para 2020, tomando como base indicadores de 2005. Eso es aproximadamente cuatro por ciento por debajo de los niveles de 1990, muy lejos de la merma de 40 por ciento recomendada por científicos para impedir que la temperatura promedio de la Tierra suba dos grados, lo cual tendría consecuencias catastróficas.
Una iniciativa similar se encuentra ante consideración del Senado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya presencia en Copenhague está prevista para el último día de la conferencia, el viernes 18, dijo que Washington propondrá la fórmula del 17 por ciento como punto de partida para las negociaciones.
«Hay miles de representantes de los intereses empresariales que cortejan al Congreso y superan por lejos a quienes están de nuestro lado. Lo que salió es un proyecto de ley climático que favorece al sector industrial», sostuvo Kert Davies, director de investigación de la organización ecologista Greenpeace Estados Unidos.
La firma petrolera Chevron lidera la lista de donaciones políticas, con 328.000 dólares entregados, seguida por Koch, a la cual pertenece el Koch Petroleum Group, con 308.000 dólares, Valero Industry con 289.000 dólares y Exxon Mobil con 273.000 dólares.
«Siete de las 10 mayores empresas del mundo son petroleras, según sus ingresos. El dinero que tienen a su disposición les da una voz enorme en el sistema político estadounidense», declaró a TerraViva la experta en estas industrias Antonia Juhasz.
El sector destina su dinero a los legisladores con jurisdicción en la legislación relacionada con la energía, como el proyecto de ley sobre cambio climático ante el senado.
La senadora demócrata Blanche Lincoln y su par republicana Lisa Murkowsky, ambas de la comisión de Energía y Recursos Naturales, recibieron este año 210.000 dólares y 139.000 dólares respectivamente del sector de hidrocarburos.
El senador republicano David Vitter, de la comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas, aceptó 157.000 dólares.
Las empresas también envían sus agentes a las oficinas de los legisladores para convencerlos de incluir o excluir disposiciones en el proyecto de cambio climático y otras iniciativas de su interés.
Las empresas de petróleo y gas gastaron 121 millones de dólares para enviar 745 agentes de presión al Congreso entre el 1 de enero y el 26 de octubre. También donaron dinero a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que hace lobby cada vez más en pos de los intereses petroleros, para el proyecto de cambio climático y otras iniciativas legislativas, indicó Juhasz.
«La industria petrolera está unida en su oposición a la legislación sobre el clima. La (asociación de empresas) American Petroleum Institute, liderada por Exxon Mobil, tuvo un papel destacado en el intento de influir sobre el Congreso, con una campaña muy sofisticada que desacreditaba los indicios del cambio climático», aseguró a TerraViva el director de Energía de Public Citizen, Tyson Slocum. Esta organización es defensora del derechos de los consumidores.
Un destello de esperanza es que el gobierno de Obama, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), tiene la potestad de reducir considerablemente las emisiones de algunos gases invernadero, sin la aprobación previa del Congreso, explicó Slocum.
Sin embargo, el proyecto climático que aprobó la cámara alta procura limitar la autoridad de la EPA en lo que constituye una evidente concesión a la industria contaminante, dijo Slocum. El proyecto no se convertirá en ley a menos que lo apruebe el Congreso en pleno el año próximo.
Muchos de los agentes de presión de las empresas son ex funcionarios de gobierno o del Congreso. Lisa Barry, por ejemplo, es ex secretaria adjunta del Departamento de Comercio de Estados Unidos y ahora se vincula con los legisladores en representación de Chevron, según datos del Center for Responsive Politics.
El ex legislador Vic Fazio ahora representa a la firma petrolera Royal Dutch Shell y otras empresas.
«Que sigamos teniendo un sistema de energía basado en combustibles fósiles y no hayamos transitado hacia los combustibles alternativos se debe a que en Estados Unidos existe un enorme grupo de presión a favor de estas industrias que evitó tomar el camino más sostenible y benigno para el clima, y en virtud de la seguridad nacional», sostuvo Nick Nyhart, presidente de Public Campaign.
Adrianne Appel
IPS