La propuesta anticorrupción de La Nueva Mayoría

El momento actual

Nuestro sistema político atraviesa por un momento complejo. A la creciente desconfianza que veníamos observando en las instituciones políticas, especialmente en los partidos, se suma la aparición de hechos de alta connotación pública que amenazan con empeorar la situación si no se toman medidas a la altura de las circunstancias.

Hemos coincidido en considerar de la máxima gravedad los hechos que evidencian cómo se ha venido incubando y desarrollando una relación tóxica entre el dinero y la política. Sería una irresponsabilidad enorme intentar minimizar o relativizar la magnitud del problema que enfrentamos. Compartimos la indignación de nuestros conciudadanos.

Reconocemos autocríticamente la responsabilidad que nos corresponde y, con humildad y sobre la base de lo ya avanzado, nos proponemos enfrentar los graves problemas que afrontamos comprometiendo nuestro apoyo a las medidas aquí enunciadas.

Entendemos que avanzar en una nueva regulación es indispensable para evitar que estas situaciones ocurran y que, de ocurrir, reciban drásticas y ejemplares sanciones. Creemos también en la necesidad de recuperar el valor ético que debe tener el ejercicio de la política y los negocios. No hay regulación que resista cuando hay quienes por ambición, codicia o simplemente por buscar una ventaja particular, están dispuestos a ir contra el conjunto de la sociedad.

Damos todo nuestro apoyo a las instituciones de la República que, dentro de sus competencias legales, deben investigar y eventualmente sancionar todas las irregularidades y delitos. Aquí no cabe tapar nada, empatar nada ni amnistiar nada.

Por nuestra parte, asumimos nuestro deber cívico irrenunciable de impulsar, desde la Política, las respuestas legales indispensables que nuestra democracia necesita.

Lo que venimos a proponer es un conjunto de medidas legislativas y administrativas a ser propuestas a la comisión asesora presidencial en estas materias y también al ejecutivo, pero también otras iniciativas que, en lo inmediato, compromete avanzar en transparencia y en recuperar desde los partidos una relación virtuosa con la ciudadanía.

Reafirmamos nuestro compromiso con el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. No hay mejor manera de sostener la confianza y la credibilidad en un proyecto transformador como el que proponemos, que ir cumpliendo, de cara a la ciudadanía, con aquello que hemos comprometido.

Luego de un análisis profundo y de un rico debate, y aprovechando muy especialmente ideas emanadas de nuestros distintos partidos y de nuestros diputados y senadores, queremos plantear ante el Pueblo de Chile la siguiente  Agenda concreta de trabajo:

• El objetivo es revertir los bajos niveles de confianza (reconstrucción de confianzas) y apoyo hacia las instituciones de la democracia (elevar los estándares de probidad). Al mismo tiempo, hay que subsanar la deficiente relación entre la política y el dinero.
• Se trata de identificar los cambios que fortalecen el marco regulatorio, en vista de una institucionalidad coherentemente democrática. Nadie puede colocarse por encima de la ley y quedar inmune a la justicia. La ley es igual para todos. Valoramos en lo que vale que los poderes del Estado en Chile funcionen autónomamente, sin presiones de ningún tipo y con las facultades que la ley les otorga.
• Se trata de elevar significativamente las penas y sanciones para quienes incurran en conductas reñidas con la probidad. Los problemas que enfrentamos no han superado la capacidad de las instituciones democráticas para hacerles frente. Son ellas las principales interpeladas y deben hacerse cargo de la situación, que es una prueba donde ha de mostrar su madurez y capacidad. Por eso el llamado es también a reflexionar sobre la ética en la política.
• Parte importante de los proyectos de ley que se necesitan aprobar se encuentran ya en tramitación en el Congreso Nacional y, aunque se requieren revisión y perfeccionamiento, pueden acelerar su proceso de aprobación desde ya, contando con un respaldo parlamentario amplio y suficiente.
• En este marco, es de principal interés no caer en errores políticos que vayan contra el objetivo principal, y que establezca una legislación que mantenga la debilidad institucional de los partidos políticos. Lo anterior implica:
  • Atender los cambios institucionales en los dos ámbitos: público y privado, no únicamente centrando la atención en lo público.
  • Mantener la iniciativa por parte de la Nueva Mayoría, haciendo que la política marque el ritmo del debate y no la implementación técnica de las modificaciones legales. Hay que identificar pronto los cambios que se apoyan, sin perder el horizonte en una maraña de especificaciones técnicas.

I.- REFERIDOS A ELECCIONES Y ELEGIDOS

(probidad en todo cargo de elección popular)

1. Apoyar decididamente la sanción de pérdida del cargo para la autoridad elegida que haya infringido gravemente las normas sobre gastos electorales o sobre probidad y transparencia, hoy en primer trámite constitucional ante el Senado. Así como pérdida del cupo para el partido político por el cual fue elegido el infractor.

2. Limitar el número de reelecciones de todas las autoridades, en todos los cargos de elección popular.

3. Inhabilidad obligatoria para todo cargo de elección popular, para la discusión y votación, cuando exista un conflicto de interés.

4. Promover y regular las campañas que se realicen por internet y diversas plataformas, incluyendo dispositivos móviles.

II.- REFERIDOS AL EJECUTIVO

(transparencia en la gestión pública y probidad de los funcionarios de gobierno)

5. Dar urgencia a la tramitación del Proyecto de ley de Probidad Pública, en segundo trámite constitucional ante el Senado.

Su importancia radica en que regula las declaraciones de patrimonio e intereses, la obligación de constituir mandato de administración activos y la obligación de enajenar ciertos bienes para determinadas autoridades a fin de prevenir conflictos de intereses.

6. En relación a la institucionalidad de la Transparencia en Chile se propone dar urgencia a la modificación de la Ley de Transparencia contenida en la ley 20.285, hoy en segundo Trámite Constitucional ante el Senado, que regula las hipótesis bajo las cuales son públicos los correos electrónicos, se establecen normas sobre incompatibilidad de los consejeros del Consejo para la Transparencia y se perfecciona normativa sobre acceso a la información pública.

7. Hay materias en las que avanzar en materia de transparencia:

• Otorgar rango constitucional al derecho de acceso a la información y autonomía al Consejo para la Transparencia en la carta fundamental
• Aumentar el número de sujetos obligados en materia de transparencia (legislativa y judicial), incluyendo a los partidos políticos. Esto implica que el incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia se sancione con el retiro del aporte estatal permanente a los partidos de manera proporcional a la falta cometida.
• Garantizar para el CPLT, que en el cumplimiento de sus funciones pueda contar con los recursos necesarios para promover el derecho en la ciudadanía

8. Regular con eficacia la relación entre lo público y lo privado. Ello debe lograrse mediante una reforma legal que contenga al menos, los siguientes elementos:

• Su consagración en una norma general que alcance tanto a los funcionarios como a quienes han dejado de serlo. La insuficiente regulación actual contemplada en el artículo 56, inciso final, de la ley de bases de la administración del Estado (prohibición por seis meses para que ex autoridades o funcionarios de órganos reguladores establezcan relaciones laborales con los sujetos previamente regulados) se torna totalmente estéril puesto que la responsabilidad administrativa no puede hacerse valer respecto de quienes han dejado la administración.
• Ampliación del plazo de prohibición, ajustándose a los criterios que prevalecen en los países de la OCDE (en torno a dos años).
• Compensar al funcionario afecto a la prohibición, de modo que una prohibición llamada a preservar la probidad administrativa previniendo conflicto de intereses, no se traduzca en desincentivos para reclutar profesionales de excelencia y experiencia en cargos claves de los organismos fiscalizadores.
• Prohibir, por un período de hasta 2 años, que personas provenientes de cargos ejecutivos en el sector privado regulado, asuman cargos directivos en los correspondientes organismos de regulación, fiscalización o control.

9. Mejorar el sistema de penas introduciendo mayores penas accesorias (inhabilidades para administrar bienes, ejercer cargo de director de empresas o cesación en cargos).

10. Mejorar el sistema de responsabilidades extendiendo la noción de interés general y definiendo mejor el conflicto de interés.

11. En casos graves, aumentar la pena de cohecho y soborno a penas de reclusión efectiva.

12. Revisión del modelo de contratación laboral público con énfasis en las prohibiciones derivadas de las relaciones de parentesco.

13. Perfeccionamiento de las normas destinadas a limitar la intervención gubernamental en periodos de campaña, especialmente en materia de inauguraciones y urgencias legislativas.

14. Ante los abusos y omisiones por parte de la administración del Estado, se hace imprescindible velar por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas. Por ello proponemos se reponga a la brevedad un proyecto que cree el Defensor de las Personas, institucionalidad autónoma de los otros poderes, que sea el articulador del actual sistema de protección de derechos vigente en Chile, con atribuciones en toda la Administración del Estado, incluyendo los servicios públicos que prestan empresas en áreas licitadas.

15. Avanzar en la profesionalización de la administración del Estado, evitando la discrecionalidad y reconociendo el mérito, resguardando la igual ante la ley.

III.- REFERIDO A LOS PARTIDOS

(financiamiento de la política; probidad en los partidos; modificar la regulación que rige a los partidos)

16. Los partidos políticos cumplen un rol fundamental para la democracia, no sólo porque son las entidades encargadas de intermediar la relación entre los ciudadanos y el Estado, sino que porque promueven también el debate público, la formación de cuadros políticos y defienden distintas miradas de sociedad. Sin partidos políticos, no hay democracia, no obstante, es preciso hacerse cargo de la necesidad urgente de mejorar la relación con la ciudadanía que se ha venido debilitando aceleradamente. Para esto, venimos a proponer dos líneas de acción que compromete no sólo la iniciativa del ejecutivo para perfeccionar la norma de partidos ya existente y en discusión, sino que también los compromisos que nuestros propios partidos políticos pueden asumir de cara a la ciudadanía.

• Desde la perspectiva legislativa, junto con apoyar el financiamiento permanente a los partidos políticos, nos parece indispensable que se asegure que este aporte se destine específicamente a actividades de formación política, la discusión programática y actividades de difusión y vínculo con la sociedad.
• En contra partida, creemos que a alero de la ley de transparencia y acceso a la información, los partidos políticos deben transformarse en sujetos obligados en la ley de transparencia y acceso a la información. Debiendo responder en este punto ante el Consejo para la Transparencia.
• Sin perjuicio de lo anterior y considerando que la legislación no es el único instrumento para mejorar las prácticas, promoveremos la adopción de estándares mínimos de transparencia activa para cada uno de los partidos de la Nueva Mayoría, de manera de poner a disposición de la ciudadanía información relevante y útil sobre su actividad a los ciudadanos.

17. Aplicación de normas sobre transparencia y probidad a los dirigentes de los partidos políticos

18. Establecer la prohibición de postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos que afecten a la probidad pública y la fe pública.

19. Incorporar a los Partidos Políticos como sujetos obligados por la Ley 20285 de Transparencia y Acceso a la Información, en su carácter pasivo y activo.

20. Promover Códigos de Ética en todas las instituciones, públicas y privadas.

IV.- REFERIDOS A LOS ORGANOS REGULADORES

21. Destacar la importancia de establecer atribuciones de supervisión y control del Servicio Electoral, en el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Democracia y transparencia, hoy para primer informe comisión de Constitución, Legislación de la Cámara de Diputados.

22. Reforma al SERVEL, fortaleciendo sus atribuciones fiscalizadoras, con personal y presupuesto que permita una efectiva labor para las actuales y nuevas atribuciones que se le asignen.

23. Se debe elevar la capacidad actual de fiscalización de las Superintendencias y otros entes pertinentes sobre las empresas privadas que provean servicios y bienes públicos concesionados por el Estado. La baja calidad relativa de los servicios y los abusos a la ciudadanía, afectan la calidad de vida y dañan la gobernabilidad democrática.

V.- REFERIDOS AL SECTOR PRIVADO.

Creación de nuevos tipos penales e incremento de las penas e incremento de penas aplicables a los delitos económicos y tributarios.

24. Respaldamos el proyecto de ley sobre colusión que endurece las sanciones contra prácticas oligopólicas, monopólicas y colusivas; endurecimiento de la sanción penal en i) cohecho pasivo, ii) delitos funcionarios y, iii) defraudaciones en subsidios.

25. Apoyar la moción 4186-06 (o su equivalente) a fin de establecer impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo, que hoy se encuentra en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados.

Es relevante porque establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo.

26. Apoyar la legislación sobre transparencia en materias de seguros relacionados con créditos hipotecarios, hoy en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados

Tiene la importancia de establecer deberes de transparencia para Bancos e Instituciones Financieras.

27. Establecer la declaración de patrimonio e intereses como una exigencia de los directores y ejecutivos superiores de todas las empresas que transen con bienes públicos por las Isapres y AFP.

28. Considerar la cuantía de los delitos como factor relevante para determinar la prisión preventiva de los imputados.

29. Limitar la aplicación de atenuantes que permiten disminuir las penas, reparando con celo el daño causado.

30. Transparentar el lobby de las empresas. Creación de un registro obligatorio de las empresas que desarrollan actividades de lobby.

31. Establecer la prohibición temporal para acusados y prohibición definitiva para condenados por delitos económicos y tributarios que sean, para ejercer cargos directivos en empresas.

32. Penalizar el uso de subterfugios, como la contratación de servicios del candidato por parte de empresas

33. Fortalecer la normativa e institucionalidad tributaria a fin de evitar prácticas como la colusión y evasión tributaria en el ámbito político.