La renuncia de Bachelet que no ha sido desmentida y la Asamblea Constituyente como salida democrática

Es tan delicado el tema que el silencio oficial del Gobierno indica que existe una alta posibilidad que sea cierta la “información” que compartió el periodista de radio Bío-Bío quien señaló: «Es tal la hecatombe que Michelle Bachelet ha hablado de renunciar, y no ha sido cauta y lo ha dicho ante personas que no son de su confianza, incluso ante desconocidos”.

El actual escenario político institucional es extremadamente endeble. Las acusaciones de ilegalidad alcanza sin excepción a todo el orbe político. Las pugnas internas al interior de los partidos de la Alianza y de la Nueva Mayoría o vieja Concertación alcanzan niveles de suicidio colectivo voluntario. Las filtraciones de información parcializada desde La Moneda , Fiscalía, Servicios de Impuestos Internos, incluso las policías, evidencian la pugna real entre los que realmente quieren transparencia y los que necesitan salvar el pellejo de una casta política enferma y distorsionada sin corazón de país. La institucionalidad está seriamente dañada y su funcionamiento condicionado entre el deber ser y la actual realidad política.

Esto es solo parte del complejo escenario político que estamos viviendo y en donde la corrupción ha adoptado una clara connotación sistémica.

Existe también otro escenario igualmente complejo. Un escenario psicosocial.

El estrés provocado a la ciudadanía por los aluviones del norte, los incendios y la sequia del sur, la estacionaria desaceleración económica, las sucesivas reformas y su discusión sin altura de miras, la sensación de impunidad ante la delincuencia, la crisis moral de las instituciones eclesiásticas con protagonistas como Barros o el Pastor Soto y otras han deslindado en un clamor ciudadano que apunta como gran responsable a la clase política y al gobierno, repercutiendo directamente en el Estado de Chile.

La sociedad chilena herida demanda renuncias, justicia, decencia, fin a la corrupción sin medir consecuencia y como única válvula de escape a esta frustración social que alguna vez fue impulsada por la clase política tras la búsqueda de dividendos que hoy se vuelven contra ellos mismo. Han creado un monstruo que esta a las puertas del país y cuya puerta pareciera ser que nadie puede cerrar.

En este sentido, 50 investigadores de las más importantes universidades chilenas han emitido una declaración pública indicando que no se puede obviar el grave daño que provocan estos actos sistemáticos de corrupción, y su posterior naturalización, en nuestra convivencia democrática, ya que impactan negativamente en las condiciones materiales de vida de la ciudadanía .

Lo que no que no señalan los académicos firmantes es que esta situación también daña la imagen del país en el extranjero. Durante años nos hemos mantenido bien posicionados en materia de corrupción. Actualmente ocupamos el número 23 del mundo. Inversionistas extranjero han considerado nuestro país como un lugar reputado para consolidar relaciones, negocios, proyectos. Todo ello actualmente está puesto sobre la balanza y hemos sido hallados culpables como Estado, como Gobierno y como Sociedad. Los Mercados Internacionales aun no se han pronunciado. No se puede desconocer que las repercusiones de lo interno podrían afectar y desestabilizar nuestra economía y su relación con los Mercados Internacionales. Nuestra imagen país en un mundo globalizado e influenciado por el marketing ha sido debilitada desde el interior . A rio revuelto ganancia de pescadores. El Chile de 15 días atrás que enfrentaba la demanda de Bolivia ante La Haya lamentablemente ya no es el mismo.

La eventual renuncia de Michelle Bachelet no solucionará el conflicto. La Constitución establece que ante tal eventualidad asumirá el Presidente del Senado, en este caso Patricio Walker creando con ello un abisal vacío de poder. Somos un país inmaduramente político que ha crecido bajo la lógica del binominalismo. Esta cultura de la polarización política nos llevaría a un conflicto de legitimidad institucional e incluso a un posible estallido social e incredulidad publica cuyo daño sería peor que el actual estado de las cosas.

Por lo tanto debemos adoptar decisiones país en forma responsable. Friamente. Sin revanchismo ni odiosidades. Sin calculadora política. Renunciando a nuestro típico y muy nacional egoísmo político. Dispuesto a asumir un sacrificio personal, individual y también colectivo. Pero ser responsable significa también ser impopular por lo que se debemos estar dispuesto a pagar el precio.

Para ello se debe establecer un acuerdo político transversal a través de una mesa ampliada e invocar «razones de Estado» y detener la investigación de la arista política del caso Penta y Soquimich o al menos decretar una prohibición de informar aunque con ello se atente contra la libertad de expresión, contra la ética y la moral pública. Una medida excepcional con el fin de conservar la salud y fuerza del Estado, bajo el supuesto de que la supervivencia es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos. Hay que recordar que cuando la naciente democracia estuvo en peligro bajo los Gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei y bajos las amenazas del llamado “ejercicio de enlace” y “el boinazo” por el caso de corrupción conocido como Pinocheques fueron las Razones de Estado que suprimieron toda investigación y salvaron la democracia conquistada en las urnas.

Paralelamente y bajo un estado de excepción se debe aprobar e implementar un serie de articulados transitorios en la Constitución Política que permita sucesivamente : dar prioridad y aumentar recursos humanos, logísticos y económicos que permita llegar a conclusiones definitivas e inapelables en cuanto a la responsabilidad de quienes en contravención con la legalidad han operado políticamente defraudando la fe pública y la ley en torno al financiamiento ilegal de la actividad política.

Suspender y prohibir bajo los mismo mecanismos la participación política de quienes sean sancionados por su responsabilidad ante estos graves hechos.

Convocar a una nueva elección política parlamentaria y presidencial en un plazo prudencial.

Establecer una Asamblea Constituyente transitoria que defina un nuevo marco regulatorio para la actividad política en Chile y cuyos integrantes constitucionalistas estén avalados principalmente por la comunidad académica, alejando de la ecuación a los partidos políticos deslegitimizados por su solo accionar. En definitiva un golpe de Estado ciudadano.

Establecer como obligatorio la reinscripción de los partidos políticos en Chile a fin de ratificar su legitimidad, debe ser otra de la prioridades.

Mientras que en el ámbito legal se deben establecer modificaciones a las leyes que sancionan los actos de corrupción o similares ampliando la responsabilidad penal y sancionatorias no solo a las personas sino que también al RUT o a la EMPRESA a fin de desincentivar la practicas de hechos delictivos estableciendo mecanismo fuertes y autoregulatorios de caracter ejemplarizador. (Hoy solo están en prisión preventiva Delano y Lavin mientras que Penta sigue operando como si nada )

Todas medidas que aunque suenen impopulares enviarían una potente señal de que en Chile somos capaces de legítimamente resolver nuestros conflictos interno en un marco de sana convivencia, sana civilidad restituyendo la imagen país que hemos construido entre todos y que se ve deteriorada por unos pocos.

No avalamos ni la impunidad, ni la corrupción. Ni el secretismo. Pero debemos aprender a hacer concesiones morales y dogmaticas si queremos salvar la integridad del Estado de Chile, nuestra imagen país y la convivencia interna para no caer en la disyuntiva que impopularmente pero con objetividad plantea el ex senador Sergio Bitar quien cuestiona “¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar?”.

Claro que lo nuestro, aquí y ahora, es solo una opinión, a menos que usted pueda entregar con justo equilibrio una alternativa distinta.