Caso Guzmán: PDI en retiro dice que no lo dejaron investigar cuentas millonarias asociadas a ex frentistas

El subprefecto en retiro Gilberto Opazo, quien fuera jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Santiago hasta 2010, relató supuestas trabas a la investigación por el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán producidas en el gobierno de Sebastián Piñera.

Las revelaciones las hizo ayer en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red en el marco de un reporte preparado por el periodista Marcelo Araya (ex de Informe Especial) a 24 años del crimen del otrora colaborador de la dictadura pinochetista.

Gilberto Opazo, quien recientemente ganó un juicio de tutela laboral que tuvo en la mira a su ex superior, el prefecto (r) Luis Sandoval Monteiro, por vulnerar su derecho a la libertad de opinión tras denunciar irregularidades dentro de la policía, aportó nuevos antecedentes que, declaró, nunca fueron investigados como se requiere.

Opazo señaló que en el cumplimiento de una orden de investigar emitida en 2010 por el ministro Lamberto Cisternas, en la causa de la fuga de los frentistas desde la CAS, un equipo de la PDI detectó “la existencia de un par de cuentas corrientes de personas que habían recibido depósitos en efectivo de grandes sumas de dinero”, cercanas a los 2.600 millones de pesos.

“Esa información fue entregada a las autoridades institucionales y eso nunca se ha investigado como se debe, nunca se supo el destino de esos dineros y de dónde provenían esos dineros”, indicó el oficial en retiro.

El ex jefe de la BH enfatizó que “si uno hace un análisis en el tiempo, se dará cuenta que todos los funcionarios que participamos en la investigación de este crimen (de Guzmán)… se encuentran afuera”.

Recordemos que el caso del senador gremialista fue reabierto a comienzos del gobierno de Piñera luego de las declaraciones emitidas en Brasil por el ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, quien señaló a su antiguo compañero del FMPR Enrique Villanueva Molina como supuesto informante de la Dirección de Seguridad Pública (“La Oficina”), organismo de inteligencia creado por Patricio Aylwin que infiltró a organizaciones de izquierda en democracia.

Aunque esta versión es refrendada por el ex empleado de “La Oficina” condenado en el caso de las cartas-bomba a la embajada de EEUU, Humberto López Candia, y presuntamente por la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven (Comandante Ana) – cuya extradición fue solicitada con urgencia por el ministro Mario Carroza – el abogado de Villanueva, Roberto Celedón, niega este antecedente y lo califica como un «invento» de los funcionarios de la PDI que llevaron el caso Guzmán.