Derechos de agua en vilo

En África el agua es más cara que los diamantes. Dada la escasez del recurso hídrico en el continente negro, su valor está por las nubes y se transformó en una “valiosísima joya”. Esto, que parece fuera de toda lógica, en Chile puede convertirse en una realidad.

Éste es un país privilegiado, que cuenta con una gran masa de recursos hídricos de superficie en el mundo, y una de las mayores reservas de campos de hielo norte y sur. El problema es que estos recursos están distribuidos desigualmente por razones físicas y climáticas: En la zona norte hay un promedio de 500 metros cúbicos por persona al año, mientras que en el sur, el promedio llega a 160 mil.

Más allá de la condición geográfica, la regulación de los accesos también es muy diferenciada entre las comunidades agrícolas indígenas y campesinas en contraste con las grandes empresas mineras y agroexportadoras.

Por otra parte el Código de Aguas, de 1981, define el recurso como “bien nacional de uso público” y “bien económico” al mismo tiempo, y autoriza su privatización mediante la concesión de derechos de uso gratuito y a perpetuidad.

Se entiende, entonces, que las aguas son de todos pero sólo algunos pueden usarlas, ya que la ley permite el predominio del uso privado por sobre el alcance nacional.

Ante esta disposición legal, herencia de la dictadura para el beneficio privado, se ha desatado un conflicto social y ecológico en pos del “correcto” aprovechamiento de las aguas.

En octubre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), presentó un proyecto de ley que busca una nueva regulación constitucional de las aguas. Según el titular de la cartera, Sergio Bitar, era urgente manifestarse al respecto, dado que el agua pasó a transformarse en un bien escaso y se encuentra marcado por graves desequilibrios hídricos por su irregular distribución.

“El futuro de Chile requiere una nueva política de aguas. La rápida expansión de la demanda en todos sus frentes: Agrícola, minero, industrial y consumo humano, está generando una escasez que no habíamos visto antes. Está disminuyendo el caudal de los ríos, en las cuencas está aumentando la conflictividad entre los usuarios. Si a ello le agregamos el cambio climático y las proyecciones, resulta evidente la necesidad de adaptar la legislación a la realidad”, señaló Bitar.

ESCASEZ V/S DISTRIBUCIÓN DESIGUAL

Los derechos de aguas en Chile, luego de ser concedidos a los privados gratuita y perpetuamente, incluyendo el mantenimiento, tenencia y uso del recurso, no tienen cobros diferenciados por su uso, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos integrados a la red de alcantarillado.

Además, tal como lo establece el denominado Código de Aguas de 1981, existen dos categorías referentes a los derechos: Consuntivos y no consuntivos.

Los derechos consuntivos se refieren al derecho de consumo de aguas sin que puedan reutilizarse superficialmente. Principalmente corresponde a la utilización en riego, minería, industria y uso doméstico. De éstos, un 84.6% se concentra en el sector agrícola.

Los no consuntivos son los que se solicitan para usarla sin consumirla, como en proyectos hidroeléctricos. Éstos establecen que una vez utilizada el agua debe devolverse a los ríos, sin perjudicar a los usuarios de las aguas. Aquí hay un punto de conflicto, ya que la autoridad es muy blanda a la hora de fiscalizar si existen daños para la gente de las comunidades y a su vez, la predisposición de la autoridad para autorizar nuevas inversiones sabiendo que, en el caso de las hidroeléctricas, existen claros daños al medio ambiente y a la biodiversidad. Éstos derechos se concentran principalmente en Endesa, que posee el 81%.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO Y SUS CUESTIONAMIENTOS

La propuesta del MOP contempla cinco ejes: Rango constitucional al concepto de agua como bien de uso público en sus estados líquidos, gaseosos y sólidos; facultar al Estado para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas; legalizar el procedimiento de constitución, traspaso, renuncia, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas; crear corporaciones administradoras de cuencas que velen por la gestión integrada de éstas; y establecer por ley la explotación, exploración y constitución de derechos de aprovechamientos de aguas en conformidad a la diversidad geográfica y climática.

Si bien es una iniciativa para el resguardo legal de los usos y derechos de las aguas, la acogida por parte de grupos ecologistas ha sido crítica a la hora de evaluarla, ya que la situación actual de las comunidades en el norte cada día es más delicada.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), esta reforma no cambia en nada la situación actual, “ya que no contempla una garantía que abra el camino a la desprivatización de los derechos de aguas, sino por el contrario, mejora la situación de los actuales propietarios y acrecienta la desigualdad en el acceso de los recursos hídricos”. Y enfatiza en que la incorporación de los recursos en estado sólido y gaseoso, otorgaría derechos de uso, provocando una mayor amenaza en el acceso y distribución.

Al contrario, Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y miembro del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID), considera esta iniciativa como un avance, “ya que por la vía de los hechos, reconoce las enormes inequidades e injusticias que ha provocado la privatización de las aguas en Chile y además, la incoherencia de haber mantenido la vigencia del Código de Aguas durante los cuatro gobiernos concertacionistas”.

Sin embargo, Mundaca agrega que durante estos cuatro periodos, un número importante de empresarios se ha visto claramente favorecido con la vigencia de este código, en desmedro de las mayorías que habitan en los centros urbanos y rurales.

Según datos de la Dirección General de Aguas (DGA), actualmente el embalse Lautaro, ubicado en la Tercera Región y fuente importante de abastecimiento para Atacama, tiene 7,3 millones de metros cúbicos almacenados, lejos de los 10 millones que tenía el año pasado en la misma fecha y muy debajo de los 13 millones que promedia históricamente en esta época del año.

Según Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, “la problemática, que ya registra más de 50 conflictos locales, refleja los vicios estructurales del Código de Aguas. Aunque el Gobierno reconoce que enfrentamos esta crisis, abundan los proyectos de inversión que intervienen, contaminan y destruyen cuencas, ríos y acuíferos”. De no tomar medidas, se proyecta la agudización de la conflictividad. El caso de Copiapó es hoy el más visible y algo similar ocurre en Tarapacá y el Bíobío.

El proyecto, que está siendo discutido con el Congreso, según Bitar, no debería tener dificultad para su aprobación, debido a que existe un gran listado de proyectos presentados por diputados de distintas bancadas desde 1992, referentes al tema.

por Claudia Pedreros

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