Los estados de Arkansas e Indiana, bajo el pretexto de proteger la libertad religiosa de sus ciudadanos, aprobaron unas polémicas leyes de libertad religiosa que han sido usadas por algunos comerciantes, por ejemplo, para negarse a atender a parejas homosexuales aludiendo que ese tipo de servicios no iban con su fe.
Ante la lógica y fuerte oposición que se creó tras la proclamación de dichas leyes de libertad religiosa, los legisladores republicanos que las promovieron se vieron obligados hace unos días a modificarlas para evitar que fueran usadas como arma discriminatoria contra los miembros de la comunidad LGBT -lesbiana, gay, bisexual y transexual-.
Ante las acusaciones de algunos grupos que defienden que los objetivos ocultos de la ley de libertad religiosa era precisamente la permisividad de la discriminación contra homosexuales, el presidente de la Cámara de Representantes estatal de Indiana, Brian Bosma, defendió que ésa no era la intención de la polémica ley: «Esa no es la intención o el diseño de la ley. No, no es el efecto. Estamos preparados para impulsar a nuestros colegas legisladores a tomar acción inmediata para calificarlo«, aclaró el parlamentario tras las primeras críticas y oposiciones a la ley de libertad religiosa de Indiana.
La nueva formulación de la ley de libertad religiosa establece que ningún comerciante puede negarse a ofrecer un servicio bajo el precepto de «raza, color, religión, origen, edad, nacionalidad, antepasados, incapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o servicio militar en Estados Unidos».
El debate surgido tras la promulgación de las leyes de libertad religiosa muestra una triste realidad: inexplicablemente aún existen personas -algunas de ellas con poder, que es lo más peligrosos- que se empeñan en negar el derecho igualitario a los homosexuales y en aceptar con normalidad la orientación sexual de cada ser humano.