Caso Teófilo Haro: Director de Carabineros se niega a declarar por montaje en la investigación

Por más de 10 horas se extendió en Coyhaique el juicio por tutela laboral que iniciara el sargento de Carabineros José Martínez Ávila a comienzos de este año, y que tiene que ver con los apremios y hostigamientos que habría recibido tras negarse a encubrir los hechos ocurridos la madrugada del 17 de febrero de 2012, cuando enfrentamientos entre uniformados y el Movimiento Social por Aysén dejaron herido al pescador Teófilo Haro.

Esa noche el sargento Martínez conducía un guanaco en las proximidades del Puente Ibáñez. Lo que observó – asegura – fue muy distinto a lo que el Alto Mando de Carabineros intentó obligarlo a declarar: que el disparo que le reventó un ojo a Teófilo había salido del arma del suboficial Héctor Aburto.

Esta versión fue inicialmente avalada por el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, cuando ambos declararon en el Congreso para dar cuenta de las medidas que estaba tomando el gobierno de Piñera ante la serie de excesos policiales en Aysén.

Antecedentes que hoy están en poder de la Justicia Militar refutan la participación del suboficial Aburto y apuntan sus dardos al teniente coronel Victor Follert Alarcón como el verdadero autor del disparo.

En febrero de este año el sargento José Martínez, asesorado por la defensoría capitalina “Equánime”, presentó una querella en contra de Carabineros para investigar la acción de una presunta red de encubrimiento digitada desde Santiago con la finalidad de proteger a su ex superior Follert.

Esta confabulación habría comenzado a operar desde el momento en que el general Gustavo González Jure envío a la región austral al coronel Leonardo Glade para instruir una investigación sobre los hechos y conseguir una declaración del sargento Martínez que exculpara al comandante Follert.

“Me dice: ‘Tienes que ubicarte en este lugar… tienes que señalar que fue el suboficial Aburto el que disparo’. Yo le dije que no. Yo nunca estuve ahí, yo siempre estuve a la altura de los semáforos dispersando la manifestación. Por ende, era imposible que yo estuviera en el lugar donde él me sindicaba para que yo diera una versión falsa”, explicó Martínez en una entrevista que concedió hace algunos meses al Diario El Divisadero.

“ME DIERON DE BAJA EN LA CALLE”

El ex policía da ahora una pelea judicial para impugnar su irregular expulsión de Carabineros. Ayer, en los tribunales del trabajo de Coyhaique, se desarrolló una maratónica audiencia a la que lamentablemente no asistió el general director González Jure, antiguo empleador directo del sargento.

En representación suya concurrió en cambio el prefecto de Aysén Sergio Alarcón Torrealba, quien hace algunos meses profirió amenazas públicas en contra del denunciante. Luego de ocurrido este pronunciamiento, el abogado de derechos humanos Cristián Cruz expresó su preocupación a Radio Santa María, señalando que en vez de amedrentar, el jefe de la Prefectura debía “reconocer o investigar los hechos para la tranquilidad de la comunidad”.

Consultado este martes sobre la presentación del cuestionado prefecto a tribunales, el suboficial José Martínez dijo a El Ciudadano que sus palabras dejaron “expresamente expuesto que él no venía empoderado y no tiene los conocimientos que debiera tener el general director o cualquier oficial con personal a cargo”, desconociendo pormenores administrativos e incluso detalles logísticos mínimos, como la flota vehicular que posee en su región.

Martínez reveló que mediante un análisis pudo determinar otras irregularidades en la investigación que realizó el coronel Glade sobre el ataque de balín contra Haro. “Había unas declaraciones (de la Central de Comunicaciones, CENCO) que están entregadas por los carabineros de una forma y lo que está transcrito en el sumario no se ajusta al audio”, aseguró.

El próximo 24 de abril el tribunal laboral coyhaiquino deberá determinar si Carabineros de Chile vulneró garantías constitucionales a este ex empleado del Estado, lo que de comprobarse judicialmente podría resultar en una millonaria indemnización.

“Me gustaría dejar establecido que yo fui contratado en la Escuela de Formación de Carabineros, en una oficina delante de un oficial, con las formalidades y el respeto que se debe a nuestra calidad de personas. No obstante, fui dado de baja con 22 años de servicio en la vía pública y haciendo un retiro inmediato de mi placa, algo que no se ajusta a derecho”, puntualizó.