La solución para la isla es el autogobierno Rapa Nui

Carlos Llancaqueo (50) dice no estar sorprendido. Opina que las tomas y movilizaciones de las últimas semanas en Isla de Pascua solo son la “crónica de un olvido anunciado”.  Abogado y actualmente socio del estudio Zúñiga, Llancaqueo, Colil y Asociados en Temuco, en 2010 fue llamado por el ex presidente Sebastián Piñera para asumir como Subsecretario de Bienes Nacionales, convirtiéndose en el tercer mapuche en alcanzar esa línea de gobierno tras Jaime Andrade Guenchocoy (PS, Subsecretario de Planificación Social) y Francisco Huenchumilla (DC, Subsecretario de Marina).

El dato nada tiene de trivial. Sin militancia partidista, dice estar convencido que su origen mapuche influyó en la invitación de Piñera. También su destacado curriculum, vinculado al trabajo con comunidades. Antes de llegar a La Moneda, Llancaqueo  se desempeñó como subdirector regional del Servicio Electoral y por casi una década como abogado externo de Conadi en el programa de apoyo a la compra de tierras. Reconoce que le propusieron ser director nacional del organismo. Él no aceptó y finalmente Jorge Retamal, ex director regional de Corfo, asumió el puesto.

Tras un año en el cargo, Llancaqueo dejó Bienes Nacionales y asumió como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros para asuntos indígenas. La toma del hotel Hanga Roa y el escenario de represión y protestas que dicha acción desembocó en Rapa Nui el segundo semestre de 2010, llevó a Piñera a designarlo Comisionado Presidencial para Isla de Pascua. Asumió el cargo a comienzos de 2011 con la tarea de abordar los conflictos pendientes y coordinar el trabajo de cuatro mesas acordadas por el entonces ministro Rodrigo Hinzpeter y los clanes rapanui; tierras ancestrales, ley de migración, estatuto especial y desarrollo. Ello hasta el 11 de marzo de 2014.

¿Le sorprenden las protestas en la isla?

Para nada, es la crónica de un olvido estatal anunciado que se repite también con los mapuches y otros pueblos. Yo dejé el cargo de Comisionado Presidencial luego de tres años de arduo trabajo y no solo llegó a su fin mi mandato; también el cargo, que en el actual gobierno no fue ocupado por nadie. Desapareció. Desconozco el motivo.

¿En qué consistió su labor?

Siempre a la isla se la trató a nivel regional, como parte de la provincia de Valparaíso y el diagnóstico de la dirigencia rapanui era que la relación debía ser bilateral, de la isla directamente con el poder central. Esto lo entendió el presidente Piñera y para darle una mayor relevancia al tema se creó el cargo de Comisionado Presidencial, con amplias facultades, equipo de trabajo y presupuesto. Mi labor era coordinar las cuatro mesas de negociación que se establecieron con la Comisión para el Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), que es la principal instancia representativa de los isleños, electa por votación.

¿Allí trabajaron una propuesta de ley de migración?

Si, avanzamos junto a la Codeipa en una propuesta de ley de migración que era tal vez, junto al tema tierras, su principal demanda. La isla necesitaba y necesita de manera urgente un control migratorio por su finita capacidad de carga, los recursos naturales son escasos, no existe claridad cuánta agua queda en las napas subterráneas y si están o no en riesgo de contaminación. No olvidemos que allí no existe alcantarillado. Esto hace necesario que se controle la llegada de personas al lugar, también para resguardar la propia cultura de la isla. No por un tema folclórico, más bien para contrarrestar la aculturación chilena y extranjera que los propios rapanui advierten como un fenómeno negativo. Atendiendo esto desarrollamos un proceso de diálogo inédito que fue incluso paralelo a la reglamentación de la consulta que dio origen más tarde al Decreto N° 66. Tuvimos decenas de reuniones de trabajo y arribamos muy temprano al convencimiento de que para avanzar en la ley de migración debíamos primero reformar la Constitución, cosa que hicimos en 2012.

¿En qué consistió esta reforma?

En Chile existe la garantía constitucional de libre desplazamiento y locomoción por todo el territorio nacional. Debíamos entonces reformar la Constitución para permitir que existieran regulaciones de este derecho en casos especiales como Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández. En 2011 iniciamos el proceso legislativo y en enero de 2012 el Congreso votó por amplia mayoría esta reforma constitucional, donde los dirigentes rapanui cumplieron una muy importante labor. Fueron innumerables los viajes al Congreso que realizamos con ellos para convencer a los legisladores de apoyar la reforma. Si bien se aprobó, existían temores y eran transversales a nivel de partidos.

¿Cuáles eran esos temores?

Algunos señalaban su preocupación si esto después no implicaría que también en La Araucanía los mapuches iban a demandar regular el libre tránsito, temores de ese tipo. No fue fácil. Sucede que existe mucha ignorancia en nuestra clase política sobre estos temas. Nosotros, para trabajar luego el proyecto de ley, estudiamos la experiencia comparada; el caso de Galápagos en Ecuador y las islas de San Andrés en Colombia, donde existen este tipo de regulaciones. A fines de 2012 arribamos a una propuesta base para someter a consulta. Allí se establecieron cuatro categorías migratorias: tripulantes, turistas, habitantes y residentes, además del pago de tasas dependiendo de la permanencia en la isla en el caso de los turistas. Y así contemplaba numerosas otras materias.

¿Qué pasó con esa propuesta?

Por lo que me señalaron dirigentes de la isla, todo volvió a fojas cero con la nueva administración. Creo que en materia indígena los temas hay que abordarlos con visión de Estado. De otra forma se vuelve imposible avanzar y el resultado final es mayor desconfianza y descontento.

Hoy, al igual que en 2010, el tema vuelve a la agenda por las protestas. ¿Cómo romper este círculo vicioso?

La solución a los conflictos en la isla, sean por tierras, por migración, por desarrollo, etc., es avanzar hacia el autogobierno de Rapa Nui. Yo estoy convencido de ello. No existe otro pueblo originario que reúna mejores condiciones que ellos para que el Estado se atreva a explorar el camino de la autonomía, que para nada implica separatismo o independencia, que es el temor recurrente en la elite política chilena. La propia Ley Indígena del año 93’ ya reconoce a los rapanui una condición especial. Hoy el Convenio 169 y la Declaración de la ONU de 2007 reconocen el derecho a la libre determinación y el autogobierno de los pueblos indígenas. Chile, si de verdad considera importante la isla por geopolítica o por su valor cultural y turístico de clase mundial, debe tomar en serio sus demandas. Y una de ellas que cada día se escucha con mayor fuerza y argumentos, es la demanda por autogobierno.

¿Qué obstáculos existen para avanzar en el autogobierno? A nivel del continente, me refiero.

Hay un desconocimiento de los conceptos jurídicos “autonomía”, “autogobierno”, “pueblo” y “nación”. Casi siempre la clase política asocia estos conceptos con ideas separatistas o el peligro de una independencia. Y la verdad es que esos conceptos están muy lejanos de implicar aquello. Lo otro es que el Estado en materia indígena ha firmado acuerdos y convenios internacionales que en la práctica se ha demorado décadas en implementar. El Convenio 169 por ejemplo. Para mí el Convenio 169 es una norma vieja, que llegó a Chile con 20 años de retraso respecto de otros países. Tiene la impronta del debate de su tiempo, fines de los años 70’ y década de los 80’, que buscaba el resguardo de derechos culturales y la participación de las comunidades vía la consulta previa. Y el debate hoy en la comunidad internacional es otro.

La Declaración ONU del año 2007…

Exacto. Esta declaración se comienza a trabajar en los años 90’ para el primer Decenio de los Pueblos Indígenas en la ONU y allí se consagran finalmente otros derechos que van mucho más allá de la consulta previa. La Declaración de la ONU, apoyada por Chile, reconoce el derecho a la libre determinación y el autogobierno. Chile como estado tiene una deuda al respecto. Si hoy ni siquiera ha sido posible implementar debidamente el propio Convenio 169, así de atrasados estamos. Basta ir a un foro internacional para darse cuenta como se critica a los estados que no están al día en estas materias. Me correspondió ir a Ginebra y Nueva York por mi cargo de comisionado. Y Chile en ambos foros siempre ha sido muy criticado.

Hoy complica el uso del concepto de “nación”. ¿Observas eso?

Una de las razones por las que se demoró décadas la ratificación del Convenio 169 fue el debate por el concepto de “pueblo”, que algunos relacionaban también con separatismo. Hoy todo el mundo habla de los “pueblos indígenas” o los “pueblos originarios”, la política pública lo usa en diversos instrumentos y el temor inicial despareció. Hoy no es ningún escándalo o novedad hablar de “pueblo”. Yo creo sucederá lo mismo con el concepto de “nación” y el de “autogobierno”, que existe y es usado en la dirigencia mapuche y por países desarrollados con avanzados estándares de reconocimiento.

Los países anglosajones reconocen a las “first nations”, las primeras naciones.

Yo no escuché a ningún rapanui señalar que querían independizarse de Chile, ellos demandan un nuevo tipo de relación con el estado. La isla, en lo relativo a sustentabilidad económica, no resiste una idea de ese tipo. Desde el punto de vista económico no existen las condiciones para que la isla sea independiente y eso lo saben sus líderes. De allí que su reclamo sea muy sensato y muy atendible. Ellos quieren mayor control sobre sus asuntos y dejar atrás una relación colonial que no ha redundado en mejores condiciones de vida, resguardo de su cultura e identidad o en un mayor desarrollo o progreso. Creo están en todo su derecho de exigir autonomía territorial, que no es otra cosa que el derecho de acertar o equivocarse por sí mismos.