La iniciativa se gesta debido a la importante crisis política que se vive producto de los casos Penta, Caval y SQM, los que destapan las oscuras relaciones que existen entre los negocios y la política, especialmente en el financiamiento de las campañas electorales de varios de nuestros legisladores en ejercicio.
En palabras de la propia Bachelet, “Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley”.
La medida se enmarca en la serie de anuncios con que la Presidenta busca revertir la profunda deslegitimación que tiene la clase política frente a la ciudadanía, primero, con la puesta en marcha del Consejo Asesor Presidencial anticorrupción y con su compromiso de mejorar y velar porque las declaraciones patrimoniales de quienes quieran detentar cargos públicos.
Es de suma urgencia que este tipo de medidas se hagan efectivas lo antes posible -el informe emitido por el Consejo anticorrupción se entregará este 24 de abril-, y con esto intentar sanear en alguna medida, la azotada imagen de los políticos ante sus malas prácticas al momento de financiar sus campañas.
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