Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.
En el programa de Bachelet se establecía: “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”. Entonces cabe la pregunta ¿en qué parte del proceso solo quedan los empresarios y las consultoras técnicas y jurídicas que trabajan para ellos en el ruedo? ¿cómo puede comprenderse el drama de los territorios impactados por la megaminería, la energía sucia, la agroindustria, el modelo forestal, la expansión mercado céntrica de las ciudades, sino se los invita a los espacios de debate y decisión? ¿Entiende el gobierno que este tipo de medidas solo contribuyen a profundizar el malestar y la desesperación en los territorios? ¿Pretenden exacerbar la crisis socioambiental que están generando, rumbo a salidas violentas y tan depredadoras como el sistema que imponen?
Poco a poco van surgiendo experiencias pioneras de otras formas de vida, de otras economías, de otros paradigmas educacionales, de otros modos de organización política y social, y estos referentes son conocidos por el gobierno, sin embargo una y otra vez son invisibilizados.
Hace años cientos de organizaciones hemos desplegado esfuerzos de reflexión, articulación y diagnóstico común, para buscar soluciones que posibiliten nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, que legitimen nuestros saberes, que garanticen la salud de nuestros ecosistemas, de los que nos sentimos parte y no dueños. De ese proceso han emanado aportes riquísimos, que han fortalecido nuestros procesos de despertar y de toma de conciencia a nivel local y nacional… poco a poco van surgiendo experiencias pioneras de otras formas de vida, de otras economías, de otros paradigmas educacionales, de otros modos de organización política y social, y estos referentes son conocidos por el gobierno, sin embargo una y otra vez son invisibilizados, porque lo que los territorios decimos choca con la lógica extractivista que financia a los conglomerados gobernantes, y que se han comprometido a profundizar a costa de nuestros derechos.
Pero eso resulta tan burdo que Bachelet dé a conocer la Comisión diciendo “no basta con escribir nuevas leyes y decretos. Estos ajustes deben generarse en forma transparente y dialogada, porque la base de la eficacia de un sistema de evaluación es su legitimidad social. Ello hace que cada avance llegue a ser realmente confiable y respetado por todos”. Entonces a la presidenta no podrá extrañarle luego que el “SEIA corregido” no cuente con credibilidad ni legitimidad social, no sirva como ellos pretenden para prevenir impactos ni conflictos socioambientales, y solo contribuya a aumentar la movilización, el descontento y el deterioro de nuestros bienes comunes.
La glosa de “valor compartido” y “participación ciudadana temprana” viene directamente extraída de los manuales de buen vecino hechos por las empresas, y los territorios sabemos que eso significa cooptación, división, promoción de la corrupción e ilegitima presión individual para poner “precio” a los bienes comunes. Es decir, las empresas ya no llegarán vendiendo un “proyecto” del que se dispone información técnica en el SEIA, sino que un “producto” y las comunidades pactarán su suerte, blindando jurídicamente a las empresas, pero sin tener conocimiento real de los impactos y alcances de la propuesta presentada. Esto no es la participación vinculante que exigimos, ni descentralización ni ejercicio de la soberanía territorial, no se puede hablar de equidad ni de igualdad de condiciones desde una Comisión como la recientemente constituida.
La hipocresía es grande, claramente esta Comisión se enmarca dentro de la agenda pro inversión pactada con los grupos económicos extractivistas que operan en el país, desoyendo completamente la agenda de las comunidades, por eso suena excesivamente violento que Bachelet remate al fin de su discurso de apertura de esta comisión “Estamos convencidos que la protección de nuestros recursos naturales, el respeto a las comunidades y la promoción de un desarrollo armónico es la única forma de cuidar el presente y el futuro de nuestra patria”.
Creemos en un desarrollo armónico, por eso marcharemos este 22 de abril en Valparaíso y seguiremos fortaleciendo los procesos de defensa territorial y de empoderamiento individual y colectivo, para que el desarrollo armónico no sea otra bravata más como la “minería virtuosa”, la “economía verde”, y cuánto absurdo soporta la palabra manipulada.
Por Lucio Cuenca Berger
Director Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
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