Ministro Arenas anuncia el fin del copago para las enfermedades con tratamientos costosos

La nueva indicación de la Ley Ricarte Soto establece que las personas con enfermedades cuyo tratamiento es altamente costoso no deberían pagar por las prestaciones. Así lo ancunió este martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con la presencia de Alberto Arenas, ministro de Hacienda; y Carmen Castillo, ministra de Salud.

La nueva indicación de la Ley Ricarte Soto establece el fin del copago para aquellos pacientes, adscritos tanto a Fonasa como a Isapres, que requieran tratamientos de alto costo, pues la cantidad de dinero que tienen que pagar estos pacientes para costear los remedios continúa siendo demasiado elevada para un bolsillo medio.

“No hemos tenido ninguna duda de avanzar en esta materia, más allá de la contabilidad fiscal, que siempre es importante para darle sustentabilidad a un proyecto de ley, porque es un beneficio no para un día, no para un año, sino que tienen que ser sustentables en el tiempo”, señaló el ministro Arenas.

Tras varias solicitudes de organizaciones de pacientes denunciando la falta de fondos para afrontar el copago, la petición fue evaluada por los ministerios de Hacienda y Salud y aprobada este martes en una sesión especial de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La diputada de Amplitud, Karla Rubilar, valoró la indicación anunciada por el Ejecutivo pero recordó que también es necesaria una moción que establezca la cobertura financiera de los diagnósticos de las patologías de alto costo, pues son exámenes muy caros que no están cubiertos.

El fin del copago para los afiliados al sistema de salud supondrá el desembolso de unos 7 mil millones de pesos anuales.

Durante su intervención, el ministro de Hacienda anunció el interés del gobierno en que la Ley Ricarte Soto sea aprobada «lo antes posible» y destacó los esfuerzos que se están realizando para agilizar los trámites pendientes en la Cámara y en el Senado «para que ojalá antes del 21 de mayo sea ley de la República y podamos dar una buena noticia, en el marco de seguridad social moderna, solidaria«, declaró Arenas.

Ese «ojalá» del ministro resulta anecdótico, pues el gobierno anunció dificultades para materializar ciertas reformas antes del 21 de mayo, por lo que estableció un nuevo plazo legislativo para la aprobación de proyectos como la Ley Ricarte Soto que termina el 31 de agosto. Una vez más, el gobierno se ve presionado por el tiempo a consecuencia de una mala previsión y vende a la población sus esfuerzos por agilizar los trámites para la aprobación de las reformas prometidas, mientras atrasa los plazos legislativos más de dos meses.

Tras ser aprobado en la Comisión, el proyecto de ley debe pasar por la Cámara de los Diputados y luego por Senado para finalmente ser reconocido oficialmente como Ley Ricarte Soto y comenzar a ofrecer sus beneficios a los chilenos que, por limitaciones económicas, se ven obligados a renunciar a los tratamientos que podrían salvarles la vida.