La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) había rechazado recalificar infracciones y sanciones que habían sido impuestas al consorcio japonés Lumina Copper, que opera el proyecto minero Caserones, en un proceso sancionatorio que se sigue contra la compañía que maneja la extracción de cobre fino y molibdeno en la Región de Atacama. No obstante, los reclamantes, entre ellos una comunidad de la etnia Colla, Tata Inti Pueblo Los Loros, han sido informados de que su demanda ha sido acogida a trámite por el Segundo Tribunal Ambiental.
Esto supone un revés para la minera, quien en este proceso ya ha sido sancionada con una multa de $ 7.620 millones, la segunda más alta cursada en Chile detrás de la impuesta a Barrick Gold por Pascua Lama, por lo que las cifras y compensaciones podrían incrementarse.
Sin embargo, más allá del resultado de las sanciones que podrían emanar del Tribunal lo que interesa aquí es que este proyecto minero amenaza seriamente con aumentar la crisis hídrica en la Región de Atacama, por tanto también en nuestro país. Resulta que el proyecto está ubicado en la cordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, cuya población depende del agua del río Copiapó y de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca de tal curso fluvial, por lo que cualquier impacto producto de la operación de la mina puede traer serios riesgos a las aguas de consumo humano y agrícola. Esto ya ha quedado demostrado en Tierra Amarilla y otras ciudades del país que fueron rodeadas por relaves mineros tras la catástrofe en el norte del país.
Finalmente un dato increíble: según consta en el proceso sancionatorio, la multa millonaria corresponde a 17 infracciones, 8 graves y 9 leves, cuyo monto ya fue pagado por Lumina Copper, quien al cancelar dentro de un plazo especial establecido recibió un 25% de descuento. Es decir, pagó sólo $ 5.715 millones.
El Ciudadano
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