La Municipalidad de San Pedro de Atacama firmó acuerdo que consiste en expresamente en prestar su pleno reconocimiento al Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
La ceremonia se realizó en el Centro de Eventos Coyo Antay en donde estuvo presente el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, la alcaldesa, Sandra Berna Martínez, concejales de la comuna de San Pedro de Atacama, y la jefe de oficina Conadi de la Provincia el Loa, Liliana Cortés.
En la ocasión se dio la cita para que la Municipalidad de San Pedro de Atacama firmara en un acto voluntario el acuerdo que hará validos y respetados los derechos de los pueblos que conforman su comuna.
El Convenio 169 de la OIT es una de las mayores demandas de las comunidades originarias del país, puesto que dentro de sus objetivos fundamentales consagra un conjunto de derechos orientados a proteger la integridad y mejorar las condiciones de existencia de los pueblos indígenas, proponiendo al mismo tiempo mecanismos que regulen de una manera mucho más justa la relación de éstos con el resto de la sociedad.
En este sentido el Ministro José Antonio Viera Gallo, dijo: “se ha firmado un convenio por el cual este municipio pone en vigencia el Convenio de la OIT, ejemplo que debierán seguir los municipios de Chile que tengan un porcentaje de población indígena“ .
Por su parte, la alcaldesa de la comuna de San Pedro de Atacama dijo: “como municipio tenemos que ratificar lo que hemos luchado siempre, y, como lo ha dicho el ministro, somos un ente autónomo, nosotros hemos trabajado fuerte en los derechos de nuestros pueblos, queremos trabajar y queremos que esta herramienta funcione, haciendo consultas y trabajando con nuestro pueblo”.
El Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos de los pueblos indígenas a orientar el rumbo de su desarrollo de acuerdo a sus propias prioridades, tanto como la relación especial de éstos con sus tierras y con los territorios que ocupan. También el Convenio 169 de la OIT convoca a los Estados ratificantes a que consulten de buena fe a los pueblos indígenas cada vez que contemplan medidas legislativas o administrativas que les afecten y el derecho de éstos a participar en la toma de decisiones por parte de instituciones y organismos responsables de políticas que les conciernen.
El Ciudadano
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