Crisis del agua en Chile: Dinero, Política y Frivolidad de la mano para ocultar el problema

Después de observar las noticias aparecidas en torno a la crisis hídrica que vive nuestro país, se constata la mirada economicista, legalista y frívola que persiste entre quienes dirigen nuestra sociedad

Crisis del agua en Chile: Dinero, Política y Frivolidad de la mano para ocultar el problema

Autor: Sebastian Saá

cristian_freneDespués de observar las noticias aparecidas en torno a la crisis hídrica que vive nuestro país, se constata la mirada economicista, legalista y frívola que persiste entre quienes dirigen nuestra sociedad. Si analizamos la mirada del Gobierno, podemos darnos cuenta que su campaña #yocuidoelagua en realidad se preocupa del menor de nuestros problemas, el uso domiciliario del agua, pero nada dice en cuanto a la escasez derivada del acaparamiento de derechos de agua en pocas manos ni de las malas prácticas productivas de grandes empresas mineras, agrícolas y forestales, que afectan suelos y aguas despojando a los habitantes locales del vital elemento.

Por otra parte, al leer a los gremios que reúnen a estas grandes empresas, los verdaderos controladores de Chile, de su discurso sólo podemos extraer preocupaciones legales, relacionadas con la certeza jurídica que les otorga la propiedad privada sobre el agua y los “vicios de constitucionalidad” de las tibias reformas propuestas por el Ejecutivo, y también de tipo económico, cuando amenazan con una “grave afectación de sus patrimonios y la valoración de sus propiedades que garantizan sus créditos de inversión, lo que implicaría una indemnización por parte del Estado”.

Finalmente, no podemos dejar pasar la frivolidad con que los programas de televisión abordan el tema, haciendo eco de la campaña del Gobierno y preguntando sandeces en la calle, del tipo ¿cuánto rato se ducha?, ¿cierra la llave al lavarse los dientes? Este tema es serio, hay más de 500 mil personas que no tienen acceso al agua potable y que reciben entre 7-12 litros de agua al día en camiones aljibe, que no puede ser considerada como agua potable debido a las condiciones de traslado y almacenamiento.

Con estos antecedentes cabe hacerse (al menos) dos preguntas y una reflexión: la primera, ¿para quién trabaja el Estado cuando hace estas reformitas y campañas que sólo distraen la atención del foco del problema?; la segunda ¿cuál debería ser el monto de la indemnización que piden los empresarios, si obtuvieron los derechos de agua de manera gratuita y han lucrado por décadas con ella? Las respuestas son obvias, si prima el sentido común.

Respecto a la reflexión, se hace imprescindible aportar antecedentes para abrir la mirada a este tema, porque al paso que vamos en el futuro próximo van a existir derechos de aprovechamiento de agua nominales, pero no existirá agua en los territorios. El agua es un bien común, no una mercancía, y su acceso un derecho humano. El acaparamiento del agua por los sectores más poderosos de la economía, como el agrícola exportador, minero, hidroeléctrico e industrial, entre otros, va en desmedro de la gran mayoría de los habitantes y de la propia naturaleza. Por lo tanto, nadie debe tener el derecho de apropiarse del dominio del agua o acaparar su uso para fines de lucro privado, en perjuicio de los seres vivos que habitan los territorios.

El Estado tiene el deber de garantizar el derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas de todos los habitantes, porque Chile ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otra parte, se deben establecer prioridades en el uso de las aguas, asegurando para cada cuenca un porcentaje del caudal (al menos 30%) para que los habitantes locales tengan agua para consumo humano, soberanía alimentaria y se mantenga un caudal ecológico. Además, las decisiones en cuanto al uso productivo del agua deben ser determinadas por la comunidad que habita la cuenca, mediante un proceso participativo.

El agua debe ser de dominio público, principio que indica la definición del agua como bien público bajo el control de la sociedad en su conjunto. Para lograrlo, debemos formular mecanismos equitativos de acceso y uso, que respondan a las necesidades de las comunidades humanas y de los ecosistemas de los que dependemos, priorizando la gobernanza local a través de mecanismos democráticos que permitan la subsistencia, soberanía alimentaria y desarrollo local por sobre los intereses privados con fines exportadores. Esto no se trata solo de lucas y leyes, es la vida la que está en juego. Los movimientos sociales lo tienen claro y por ello convocaron a una gran marcha por el agua el 22 de abril en Valparaíso, donde todos/as dejaron un mensaje claro al Estado.

Por Cristián Frene

Iniciativa Agua que has de beber, AIFBN


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