El gobierno de Mongolia no ha respondido de forma efectiva a los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante los disturbios de julio de 2008 en la plaza de Sukhbaatar, Ulaanbaatar, ni a su legado de impunidad e injusticia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe hecho público el 18 de diciembre.
El informe de Amnistía Internacional describe cómo, durante los disturbios, centenares de personas fueron conducidas a centros de detención de la policía en los que permanecieron recluidas en celdas abarrotadas, sin comida ni agua, hasta 72 horas. La policía golpeó a los detenidos mientras estaban bajo custodia y durante los interrogatorios, para obtener de ellos “confesiones”.
Más de 700 personas fueron detenidas durante los disturbios, y más de un centenar más en las semanas siguientes, por presuntos delitos cometidos durante los disturbios.
Un año después, el ámbito de la investigación llevada a cabo seguía siendo limitado. Las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, y de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía, se han ignorado en gran medida.
“Las investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos se han retrasado, y muchas de esas denuncias se han ignorado o no se han investigado adecuadamente”, ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Un año después de los disturbios, las autoridades no han rendido cuentas y no hay justicia para las víctimas.”
Los procedimientos para enjuiciar a diez agentes y cuatro altos mandos de la policía sospechosos de utilizar y autorizar el uso de munición real durante los disturbios estuvieron paralizados, por los acusados y sus abogados, durante más de siete meses, hasta principios de noviembre de 2009. Las familias de las víctimas y sus abogados están leyendo ahora el expediente del caso.
“El gobierno mongol no ha investigado seriamente las denuncias de tortura y otros malos tratos a las personas detenidas tras los disturbios, y tampoco ha procesado a los sospechosos de utilizar y autorizar el uso de munición real”, ha manifestado Roseann Rife.
Mongolia no ha cumplido con sus obligaciones internacionales, según las cuales debe adoptar una serie de medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro tipo para prevenir las violaciones de derechos humanos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que las víctimas reciben reparación, de acuerdo con las normas internacionales.
El secreto que rodea las operaciones de la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley daña aún más la reputación del cuerpo, y provoca desconfianza y temor. Esos sentimientos persistirán mientras las autoridades no tomen medidas concretas para llevar a cabo investigaciones independientes y procesar a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, e introduzcan reformas para garantizar que estos delitos no se repiten.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Mongolia que:
· Garantice que la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General está dotada de fondos y apoyos suficientes para poder llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios, y que existen procedimientos para garantizar que las partes implicadas en la investigación no pueden paralizar o retrasar de forma no razonable los procedimientos e impedir así el enjuiciamiento de los casos.
· Garantice que todas las denuncias o informes sobre violaciones de derechos humanos se investigan sin demora y de forma independiente, imparcial y exhaustiva, y que los sospechosos de delitos de ese tipo son procesados. Las investigaciones deben ser llevadas a cabo por personal competente, imparcial e independiente de los presuntos responsables y del organismo al que pertenecen.
· Inicie una revisión de las normas, las políticas y la formación para garantizar que las prácticas de la policía, incluido el uso de la fuerza, en manifestaciones son conformes con las normas internacionales de derechos humanos, entre ellas el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
· Establezca mecanismos efectivos para examinar las denuncias, proporcionar información oportuna y accesible sobre el progreso de los casos y garantizar que cualquier persona que desee presentar una denuncia contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no se encuentra con ningún obstáculo a la hora de hacerlo. Cuando una denuncia se rechace por considerarla inadmisible, se darán al denunciante razones claras y detalladas de la decisión, por escrito, e información sobre los mecanismos de apelación y las vías alternativas de recurso.
· Garantice que las víctimas de delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso a un remedio efectivo y reciben reparación adecuada, que incluya indemnización, reparación, rehabilitación y garantías de no repetición, de acuerdo con las normas internacionales.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 1 de julio de 2008, miles de personas se manifestaron en la plaza de Sukhbaatar, entre denuncias de fraude electoral generalizado. Los disturbios fueron imprevistos, e inesperadamente violentos. Al menos nueve personas recibieron disparos de la policía, cuatro de ellos mortales, y una quinta murió, presuntamente por inhalación de humo.
El gobierno declaró el estado de emergencia durante cuatro días, desde la medianoche del 2 de julio de 2008. Se trataba del primer estado de emergencia declarado en el país desde la transición, en 1990, a un sistema de gobierno democrático.
Fuente: Amnistía Internacional
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