Colombia: versión de las Farc y visión de Human Rights Watch sobre últimos hechos de violencia

La Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) reportó que las Farc consideran que es irresponsable culpar a alguien por la muerte del gobernador de Caquetá sin haber realizado una »investigación seria». Por su parte, Human Rights Watch señaló que el gobierno colombiano debe actuar inmediatamente para proteger a los testigos, en casos penales contra miembros de los grupos armados que han sucedido o reemplazado a los paramilitares desmovilizados en la ciudad de Medellín.

Según un columnista de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), donde usualmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) publican sus comunicados, este grupo insurgente reaccionó ante el asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, considerando que «es irresponsable para cualquier medio culpabilizar a alguien, sea grupo o persona individual, sin conocer los resultados de una investigación seria».

Según la entrevista concedida a Anncol, las Farc afirman negarse a la «verdad», construida por un discurso oficial al que califican como un «régimen mafioso y paramilitar, que ha hecho del crimen y de la guerra sucia una política de Estado».

Además sostienen que el «régimen» no pasa la prueba en ninguno de los «indicadores sociales, políticos y de bienestar social». «La únicas materias aprobadas con creces son las masacres, los asesinatos selectivos, la concentración de la riqueza y la masificación de la pobreza, ya que los pobres son ahora miserables», señaló la entrevista publicada en el sitio web de Anncol.

Por otra parte, las Farc precisaron a Anncol que «el gobernador no era un santo», puesto que «participaba activamente en la guerra, financiado a los grupos paramilitares».

«¿Quién era el gobernador del Caquetá?», plantearon las Farc. «Casi el 90 por ciento del país ignora que el gobernador de Caquetá rindió indagatoria en el mes de marzo de este año, en la Fiscalía 11 de Bogotá por sus lazos paramilitares. Pero esto, ningún medio lo dice».

Las Farc consideraron que Cuéllar «participaba en el conflicto armado, no era un simple civil, como no lo presentan el discurso oficial, era un instigador, financiador del paramilitarismo».

TESTIGOS EN CASOS CONTRA PARAMILITARES NECESITAN PROTECCIÓN

El gobierno colombiano debe actuar inmediatamente para proteger a los testigos en casos penales contra miembros de los grupos armados que han sucedido o reemplazado a los paramilitares desmovilizados en la ciudad de Medellín, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch exhortó al gobierno a investigar las agresiones contra testigos y a reforzar las medidas de seguridad pública para detener el rápido incremento de la violencia que sufre la ciudad y que se atribuye a los grupos sucesores de los paramilitares.

El 20 de diciembre de 2009, Alexander Pulgarín, un líder comunitario del barrio La Sierra en Medellín, falleció luego de que un grupo de hombres armados no identificados dispararan contra él varias veces. Pulgarín fue un testigo clave en el juicio contra John William López (conocido como «Memín»), un paramilitar desmovilizado que fue condenado recientemente por su continua participación en actividades delictivas. Pulgarín había recibido numerosas amenazas como resultado de su testimonio y su trabajo comunitario.

«Alexander Pulgarín asumió un riesgo enorme al declarar contra los paramilitares desmovilizados que controlaban salvajemente su barrio», afirmó María McFarland, subdirectora de cabildeo en Washington para Human Rights Watch. «Su ejecución a plena luz del día muestra que el gobierno no está protegiendo adecuadamente a los testigos ni brindando la seguridad que Medellín requiere con urgencia».

Autoridades locales informaron a Human Rights Watch que varios hombres armados abordaron a Pulgarín cuando se retiraba de un partido de fútbol comunitario que había ayudado a organizar en La Sierra.  Los hombres dispararon varias veces contra Pulgarín, matándolo.

Human Rights Watch había entrevistado a Pulgarín en 2007 en relación con los abusos cometidos en La Sierra por «Memín» y Antonio López (conocido como «Job»), ambos miembros desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC conformaban una coalición de grupos paramilitares, que operaban como mafias y participaban activamente en el narcotráfico, y que durante décadas cometieron abusos aberrantes y generalizados en Colombia, antes de iniciar un proceso de desmovilización en 2004.

Job y Memín también eran miembros de la «Corporación Democracia», una organización que durante años trabajó en estrecha colaboración con el gobierno municipal para coordinar las actividades de los paramilitares desmovilizados en Medellín. Job cobró notoriedad a nivel nacional luego de que Semana, una de las principales revistas de noticias de Colombia, informó a mediados de 2008 que éste se había reunido con asesores del Presidente Álvaro Uribe en el Palacio Presidencial en Bogotá en abril de 2008. Job fue asesinado en Medellín pocas semanas después.

Memín fue detenido posteriormente y juzgado por varios delitos vinculados con su estrategia para mantener el control del delito en su barrio luego de la desmovilización. Los medios y las autoridades locales han informado que durante el juicio al menos cuatro testigos contra Memín fueron asesinados. Según informes de medios, Memín fue condenado en marzo de 2009 y recibió una pena de 22 años.

El Programa de Protección del Ministerio del Interior para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que son víctimas de amenazas había asignado a Pulgarín un escolta armado. El escolta habría resultado herido por los disparos durante el atentado contra Pulgarín; también habría sido asesinado un policía que se acercó al lugar de los hechos.

Como resultado de las graves amenazas recibidas por Pulgarín, durante los últimos cinco meses había estado viviendo en las oficinas de una organización sin fines de lucro. En una reunión celebrada el 20 de noviembre con el Ministerio del Interior auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de Pulgarín pidieron que fuera reubicado temporalmente y que se reforzaran las medidas de protección. El Ministerio habría aceptado brindar más protección, pero aún no había cumplido este compromiso cuando Pulgarín fue asesinado un mes después.

La violencia en Medellín se ha incrementado drásticamente en los últimos años. En los primeros diez meses de 2009, el índice de homicidios se ha más que duplicado, y pasó de 830 ejecuciones registradas en el mismo período de 2008 a 1,717 este año, según datos del Instituto de Medicina Legal de Medellín.

El incremento se atribuye principalmente a los grupos sucesores de las AUC, que controlan el delito en la ciudad. Los grupos pelean entre sí por el control de los territorios, y a menudo llevan a cabo ejecuciones selectivas, desplazamientos forzados, extorsión y amenazas contra residentes de Medellín.

Human Rights Watch ha documentado el desplazamiento forzado de decenas de residentes del barrio Pablo Escobar, por parte de uno de los grupos sucesores de los paramilitares. En un paso positivo, fiscales en Medellín detuvieron a 18 miembros de ese grupo. No obstante, aún no han logrado detener a tres otros que tienen orden de captura.

Varios de los residentes desplazados intentaron declarar en el caso del barrio Pablo Escobar. Sin embargo, Human Rights Watch ha recibido información que indica que ya habrían sido asesinados cinco testigos en los últimos meses.

En junio, Human Rights Watch escribió a la Fiscalía General de la Nación para solicitar que estos testigos fueran incluidos en el Programa de Protección a Testigos de ese organismo. La Fiscalía respondió que los casos estaban siendo analizados. La mayoría de los testigos aún no han sido incluidos en el programa.

Human Rights Watch instó al gobierno a tomar medidas urgentes y efectivas para impedir el asesinato de testigos en los casos existentes y futuros. Estas medidas incluyen la expansión y el financiamiento adecuado del programa de protección de testigos, garantizar que las solicitudes de protección se resuelvan de manera rápida y establecer procedimientos para proteger a las víctimas que no reúnan los requisitos del programa pero que se encuentren en riesgo.

«Es positivo que algunos fiscales estén intentando investigar a estos grupos», afirmó McFarland. «Sin embargo, los asesinatos indiscriminados de testigos generan dudas sobre el compromiso del gobierno con la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares».

Fuente: TeleSur/Human Rights Watch