Así lo sentencio el 19º Juzgado Civil de Santiago en pronunciamiento del 24 de abril recién pasado ante requerimiento del SERVIU Metropolitano, en causa rol C-24129-2014 contra la municipalidad de Ñuñoa por construir en terreno de propiedad del servicio público sin su consentimiento y en abierto desafío a la prudencia.
“El alcalde Sabat, imprudentemente, pese a nuestras advertencias en el Concejo, instruyó construir un Centro Comunitario de Salud en la villa Olímpica de un costo cercano a los 500 millones de pesos. Lo hizo teniendo una sola oferta y con una premura de la que todavía esperamos explicaciones. Por ello, recurrí a la Contraloría General de la República en su momento”
“Lamento esta sentencia por la comunidad que se verá privada de un servicio esencial y necesario que pudo beneficiar a todo el sector sur-poniente de Ñuñoa. En este sentido, todos los concejales apoyamos la idea de crear este Centro. Lo que no apoyamos y más bien censuramos y criticamos desde la bancada de la NM -especialmente quien suscribe- fue la forma de abordar la concreción de la idea por el alcalde Sabat: Abrupta e inconsultamente haciendo caso omiso de nuestras advertencias y recomendaciones, demostrándole con documentos que el sitio está a nombre del SERVIU y que así constituiría una imprudente y riesgosa determinación, construir ”.
“El tiempo nos dio la razón una vez más, la porfía y tozudez de Sabat le está resultando demasiado caro a Ñuñoa, se han dilapidado 500 millones de pesos, que bien pudo evitarse si el alcalde hubiese actuado con prudencia, seriedad y responsabilidad”
“Estamos viendo los pasos a seguir administrativamente por cuanto esta irresponsabilidad del alcalde debe tener sanción. No descartamos recurrir de notable abandono de deberes, hecho que constituye destitución del cargo”.
“Esperamos pasar este trago amargo buscando una solución con las autoridades de gobierno a esta impase, que permita, dada la sentencia, dar una solución constructiva, a la brevedad, a un Centro de Salud por parte del ministerio respectivo, para no defraudar a la comunidad afectada”.