Proyecto salmonero desatará tsunami en el Congreso

Senadores de zonas salmoneras señalaron que las normas relativas a los requisitos para mantener y renovar concesiones acuícolas serán las que generarán mayor debate en Sala durante enero.

En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó el proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura luego de que el Ejecutivo formalizara esta semana, el envío del informe financiero sobre las últimas indicaciones que introdujo a la iniciativa en la Comisión de Hacienda.

El texto de la Dirección de Presupuestos señala que el objetivo de la indicación que incorporó un artículo transitorio al proyecto, es fortalecer las iniciativas de capacitación y desarrollo sindical de los trabajadores de la industria acuícola y de los dirigentes de sus organizaciones sindicales.

Para ello, se podrá destinar hasta el 20% del total de recursos asignados en la Ley de Presupuestos 2010, es decir hasta $ 84.132 miles, al Programa Escuela Formación Sindical de la Subsecretaría del Trabajo a las iniciativas de capacitación mencionadas.

Asimismo agrega que esta indicación no generará impacto fiscal adicional, ya que dichos recursos se encuentran incluidos en el total aprobado con tal objeto para el año 2010.

En consecuencia, las normas del proyecto en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país, concluye el texto.

No obstante, los senadores Pedro Muñoz y Carlos Kuschel anticiparon que los temas más polémicos serán los relativos a las normas que establecen la caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.

Cabe recordar que la Comisión de Hacienda aprobó, por mayoría, la indicación del Ejecutivo que estableció que las concesiones no se renovarán si una empresa tiene 3 sentencias ejecutoriadas por prácticas antisindicales en 3 periodos productivos.

Al respecto, el senador Pedro Muñoz advirtió que dicha disposición en la práctica «es letra muerta, porque no contempla a las empresas relacionadas y subcontratistas». Y explicó que «es evidente que el titular de la concesión no tendrá trabajadores o no los dispondrá en el centro de cultivo».

Asimismo aseveró que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una grave limitación al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al tiempo que «constituyen un indudable privilegio en favor de una actividad económica».

Por estas razones junto a su par, Alejandro Navarro presentaron una moción que apuntaba a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura limitando la concentración de las concesiones acuícolas. Sin embargo, la iniciativa fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.

Por su parte, el senador Kuschel recordó que el 15 de enero próximo se cumplirá un año, desde que el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura y que apunta a normar, sobre todo, la actividad salmonera.

«Al final vamos a pasar el año sin una ley sobre acuicultura porque resulta que todavía está pendiente en la Sala del Senado y presumo que lo que se aprobará en la Sala será distinto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados por lo que lo más probable es que haya Comisión Mixta», indicó.

Agregó que «soy un convencido que el tema laboral no hay que mezclarlo porque no se puede hacer una ley laboral para todos los sectores. Si se quiere considerar hay que hacerlo como una sola ley y que represente a todos los trabajadores».

El parlamentario recalcó que «no se puede seguir perdiendo el tiempo en esta materia porque muchas pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad acuícola se han visto afectadas. Los grandes ya se acomodaron con los bancos pero los chicos no que están a la espera de esta Ley para poder retomar su actividad productiva»…..

Nota:    el   Ejecutivo   y  el  ministro de   Economía   son   los  agentes   más   interesados   en   apoyar  el  proyecto   para  salvar  a  las   empresas   salmoneras   de  la  quiebra,   entregándole   Concesiones   de  25   años  o   más,   grandes  espacios   territoriales   y  de   nuestro    mar   para   la  ejecución   de   la  explotación   del   salmón,  generando   con  ello,   una   contaminación   entre   la  costa   y  el  mar,  de     grandes   proporciones.   Cómo   lo  han   echo   en  sectores  pesqueros  en Puerto  Montt  y  otros   lugares.

Otro  antecedente,    es  que  el  Estado   sea   aval   del   desastre   por  la  mala   gestión económica,  de  apróximadamente   $3.600   millones  de  dolares   de  estás    empresas,   donde   en  su  mayoría    son   transnacionales.     Cederles  está    concesión  por  parte   del   Congreso   a  estás    empresas,   estaríamos    vulnenando   un    echo   puntual   donde   los  espacios   de   playas   y   otros  accesos  al   mar,   son   territorialidad   de  todos   los  chilenos,   por  lo  tanto,  la   legislación  actual   no  permite   espacios   del   borde  costero,   «privados»   salvo  aquellos   que  están   en  manos  de  la  Armada y  de   otras   ramas   del   ejercito   chileno.

Por Patricio  Escobar

El Ciudadano