La elite dirigente de la Nueva Mayoría y la cúpula del Gobierno celebraron desde diversas trincheras y con bombos y platillos el anuncio de un oscuro “proceso constituyente”, que con el objetivo de crear una “nueva constitución”, propuso la Presidenta en su discurso de cadena nacional para presentar el informe anticorrupción de la Comisión Engel.
El proyecto de fondo al cual se sometió la elite concertacionista sigue entonces vigente en la Nueva Mayoría. En estos trámites de restauración de la confianza de las instituciones carcomidas por el descrédito siguen teniendo un rol clave los mismo personajes que movieron los hilos en la transición pactada. Así fue como no tardaron en intervenir en estos días los operadores o estrategas comunicacionales para dejar en claro, y sin lugar a dudas, que el mensaje presidencial —“meditado” por la Presidenta en Cerro Castillo con sus asesores de Palacio— debe interpretarse en un único sentido: aquél que corresponde a la estrategia comunicacional diseñada en las oficinas de la Moneda por el asesor político Eugenio Tironi, contratado, según informes de prensa, para hacer el trabajo de restaurar las confianzas y la legitimidad dañadas en el tumulto de los casos Penta, Caval y Soquimich (SQM).
La gran maniobra predecible o “salida institucional” por arriba —esperada con ansiedad por la elite política— no tiene otro objetivo que echarle tierra a la amplitud de la corrupción estructural que se anida en los meandros del Estado neoliberal, se encarna en políticos, parlamentarios y tecnócratas con disposiciones corruptas, además de nutrirse de las prácticas empresariales de fraude al fisco y de compra de voluntades de legisladores y funcionarios estatales, propias del capitalismo de mercado. Se trata así de frenar la aspiración de cambio que crece desde el pueblo.
Ahora piensan que pueden suspirar tranquilos; en un ambiente mediático más relajado (así como si no fuera la cosa fue cerrado el programa los Vigilantes en la Red, tras sutiles presiones de la casta dominante). Pero insistamos, el operativo político puesto en marcha y al mando de una “enérgica” Primera Mandataria, es para “retomar la iniciativa política” … Pero no para hacer un ejercicio de honestidad política ante el pueblo de Chile ni para promover medidas fundamentales que le pongan coto a la férrea alianza entre el poder económico empresarial y los políticos del actual duopolio. Alianza que se manifiesta en el carácter de clase de un Estado que, pese al discurso anti estatista de la ideología liberal de derecha, ha sido clave en toda la consolidación del proyecto neoliberal de expropiación de bienes colectivos, de concentración de la riqueza y de usurpación política. Desde 1973 hasta hoy.
Y tanto aspaviento a estas alturas del debate: las 232 recomendaciones de la comisión Engel hubieran podido ser presentadas por equipos de estudiantes de 18-23 años en una exposición terminal de un curso de educación cívica o de ética política. Implementarlas será otra cosa. Diluirlas será lo más probable. Total, ya conocemos la mentalidad de la casta político-empresarial: las leyes son hechas para ser violadas.
Aunque lo más importante fue la vaguedad de la Presidenta en su discurso con respecto al problema de legitimidad constitucional que arrastra el país. Es la manera de distorsionar los conceptos y razonamientos políticos la que llama la atención. Se supone que un estadista explica, argumenta, replica y convence racionalmente. Bachelet no lo hizo, porque el interés de sus consejeros y ministros es construir un escenario político cuyo fin es distraer. Estos no titubearon en apropiarse, para desfigurarlo, del concepto-método de “proceso constituyente”, que tiene una larga tradición histórica y definición política. Por supuesto, un proceso constituyente, como se debe y que se apoya en el poder constituyente del pueblo ciudadano (o igualdad política) tiene siempre un carácter de ruptura democrática con las viejas instituciones y principios ordenadores tradicionales, que en el caso chileno son sostenidos por una constitución de génesis dictatorial.
Por lo mismo, un proceso constituyente siempre culmina en un gran ejercicio democrático impulsado desde abajo, en el que desde su inicio y a lo largo de todo su desarrollo se entrelazan variadas experiencias de participación democrática. En esta experiencia el Estado se compromete a aportar medios y recursos con el único fin de permitir debatir antes y convocar luego, para elegir más tarde, delegados a una Asamblea que se constituye como un cuerpo representativo para redactar una nueva Constitución. Si no es así, se desfigura la forma y se vacía de contenido y, eso que llaman “proceso”, ya no lo es más, y vale callampa, puesto que quienes van a redactar las nuevas leyes constitucionales van a ser los mismos de siempre, es decir, un Congreso deslegitimado o una comisión designada a dedo, sin competencias democráticas y donde se exagerará el papel de los inefables juristas o constitucionalistas.
La libertad constituyente, poder constituyente (Potentia) o igualdad política le ha sido vedada al pueblo de Chile desde 1980 —en la constitución actual— al impedir que se someta a plebiscito el llamado a una nueva Asamblea Constituyente. Es una violación de la libertad política de los ciudadanos y trabajadores de Chile. La más fundamental de todas. Es el talón de Aquiles del razonamiento político de los seudo liberales de la derecha chilena y de la Nueva Mayoría que están en contra y optan por los poderes instituidos (Potestas) por la fuerza. Su temor es que se cuestionen los sacro santos principios de la propiedad privada y se valoricen formas comunes, públicas y sociales de propiedad. Con estas medias tintas del gobierno, el objetivo no es otro que calmar los espíritus agitados y las pesadillas de una clase dominante con pies de barro.
El transitólogo Eugenio Tironi fue claro en un programa radial. Ahí afirmó que Bachelet quiso decir que este “proceso constituyente” no culminará en una Asamblea Constituyente. Tironi sostuvo: “Yo creo que lo que plantea la Presidenta revela mucho coraje, revela mucha convicción, mucha congruencia y bastante moderación, porque no está planteando una Asamblea Constituyente ni nada por el estilo, sino que un diálogo mucho más moderado», dijo.
Y el “experto”, que se opuso al pluralismo informativo desde el comienzo de la transición pactada (y que prefirió financiar a El Mercurio y a Copesa con plata del fisco), remató con una metáfora de las que suele usar para consumo de sus clientes: “Ella es hija de un general de la Fuerza Aérea. Los generales de la Fuerza Aérea son finalmente pilotos de aviones de combate, y el piloto de avión de combate, si algo lo caracteriza hasta donde yo entiendo, es su sangre fría, es su capacidad para soltar el misil justo en el momento necesario, no antes y no después. Y yo creo que la Presidenta en el timing que ella misma se impuso, mostró un grado de sangre fría bastante notable (…) en el sentido de no precipitarse con respuestas que podían haber sido muy atractivas para la galería o para nosotros los analistas. Habría resultado muy emotiva, incluso, pero podría haber sido precipitada”.
¡Y cómo Tironi iba a decir que el misil de Bachelet es un petardo mojado! Que Tironi desinforme y manipule es normal. Que lo haga la Presidenta es un desatino que no le hace honor a eso que llaman República.
Además, el escenario de la Comisión Engel puede ser interpretado como otra cortina de humo o como otra movida en el mismo tablero. Todas las interpretaciones de los analistas de la clase dominante tienden a oscurecer el hecho de que los escándalos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y especulación son síntomas de una realidad más profunda: la institucionalidad post dictadura y su Estado, junto con el modelo económico de explotación del trabajo, productor de desigualdad y depredación de la naturaleza conforman un dispositivo de dominación: un régimen de producción y acumulación de la riqueza articulado a un régimen político-constitucional, con tensiones que se resuelven mediante acuerdos tácitos o explícitos sí, pero que produce al final de cuentas políticas neoliberales o políticas públicas de tinte social-liberal. De ahí viene el maridaje de los políticos del duopolio con la clase empresarial. Los primeros se sometieron a las reglas del juego políticas, ideológicas y económicas que les fueron impuestas primero e interiorizaron después, a cambio de participar en la dirección misma de la institucionalidad neoliberal.
Cabe señalar lo que viene. Los operadores del sistema ya comenzaron a lanzar algunos argumentos que se aparentan a aquellos utilizados para negarle el voto al “vulgo” y a las mujeres hace poco menos de un siglo. Porque, ¿alguien cree que para legislar en el parlamento chileno o ser delegado constituyente AC se necesita tener competencias exclusivas que no pueda poseer un dirigente de organización, ya sea sindical, mapuche, estudiante, poblador, mujer, homosexual o lesbiana, o un ciudadano cualquiera? Cuando los mismos diputados y sus asesores comienzan a defender la política oligárquica, como lo hace Patricio Zapata, abogado “constitucionalista” que asesora a la DC, al expresar que “los parlamentos necesitan gente de experiencia para mantener el ritmo legislativo” (La Tercera R, domingo 03/04/15) es porque sabemos con qué chichita nos estamos curando. Pues así, con este tipo de reflexiones, aparentemente anodinas, se vulnera de manera directa el principio de la igualdad política que la democracia liberal y representativa no está nunca dispuesta a asumir en todas sus letras.
La casta o clase dominante, en su mundo de poder y privilegios, cree que la única experiencia válida para hacer política y fabricar leyes es su “experiencia”, la de la propia casta. Su sueño: reproducirse entre ellos mismos, lejos de la “chusma inconsciente”. Y cuando esto ocurre, “es hora —entonces— de devolver las decisiones a las mayorías”.
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