La demanda fue presentada por la Corporación Parque Cultural ex Cárcel, representada por su vocero el escritor Francisco Marín; y por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Valparaíso (Sittival), en la persona de su presidenta la actriz Ximena Nuñez. El abogado de los denunciantes es Carlos Sandoval.
Según expresaron estas organizaciones en comunicado emanado la noche de este 8 de mayo, ellos habrían sido excluidos de la nueva Asociación Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, que dirige los destinos de este espacio, “sin justificación alguna, en circunstancias que fueron principales impulsoras de su puesta en marcha y de su reconstrucción”.
La acción judicial va dirigida contra el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA) –representada por la Ministra Claudia Barattini-, contra la Municipalidad de Valparaíso y su alcalde Jorge Castro, contra la Intendencia Regional de Valparaíso y su titular Ricardo Bravo, y contra Ciudadanos por Valparaíso, representado por Vanessa Vásquez Grimaldi, entre otros.
La Corporación Ex Cárcel junto a SITTIVAL “fueron los miembros más críticos del manejo político que se mantuvo dentro de la Organización Funcional Comunitaria Parque Cultural de Valparaíso; como del proceso para la constitución de la nueva Asociación, y del contenido de los Estatutos de la misma. Ahí deben encontrarse las razones de la exclusión y es lo que deberá investigar la justicia”.
Según lo que señaló Marín, la Ministra Barattini nunca recibió a estas organizaciones, “en circunstancias que su antecesora la ministra Paulina Urrutia, tuvo con nosotros decenas de reuniones de trabajo que tuvieron como fruto la construcción del nuevo Parque Cultural”.
En relación con el intendente Bravo este dirigente señaló: “éste fue el más activo y tenaz promotor de la exclusión de las organizaciones ciudadanas de la nueva Asociación”.
Añadió Marín: “Esto es grave si se considera que en 2008 –cuando él era gobernador de Valparaíso- ordenó el desalojo ilegal de este Parque Cultural, acción que fue desautorizada por la justicia”.
Los demandantes –señalan en su comunicado- “buscan mantener la esencia de este proyecto que es la construcción conjunta entre Estado y ciudadanía de un parque cultural para Valparaíso proceso que se ha visto tergiversado debido al negativo liderazgo ejercido por la ministra Barattini, el Intendente Bravo y el alcalde Castro”.
Como se señala en el escrito de la demanda, “no existen antecedentes de hecho, ni fundamentos legales o estatutarios, ni tampoco un proceso racional y justo, que justifiquen la exclusión de ambas organizaciones de la constitución de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso”.
Los recurrentes piden que se deje sin efecto el proceso de constitución de la nueva Asociación Parque Cultural de Valparaíso “y se establezca un plazo prudencial, para reestudiar los Estatutos de la nueva Asociación y su forma de constitución; para que sean incorporadas más organizaciones ciudadanas, culturales y/o artísticas de Valparaíso, además de las cinco organizaciones históricamente consideradas; y se aumente a cuatro los cupos para dichas organizaciones al interior de su Directorio”.
El Tribunal dio a los denunciados un plazo de diez días hábiles para que informen al Tribunal.
Hay que señalar que el Consejo de la Cultura ha negado enfáticamente las acusaciones vertidas por las señaladas agrupaciones. El 25 de febrero –luego que estas presentaran un recurso de protección por la misma causa- la directora Regional de Cultura Nélida Pozo expresó a El Martutino:
«Ellos participaron de todo el proceso, de toda la redacción de los estatutos, estatutos que se fueron revisando y aprobando en cada una de las reuniones del Directorio de la OCF con un equipo de abogados, que además ellos mismos sugirieron contratar y de acuerdo a las expectativas que cada uno tenía para la creación de esta misma Corporación» comentó la directora regional de Cultura.
En relación con esto Marín expresó que lo señalado por Pozo –quien es otra de las denunciadas- es “falso y tendencioso puesto que si bien participamos de la generación de los estatutos, estos fueron modificados entre gallos y medianoche, incorporándose elementos que anulan toda posibilidad de una real participación ciudadana en este proceso”. Además Marín afirmó que Pozo «le negó el ingreso al abogado de la Corporación Ex Cárcel a reunión en que se definirían los estatutos en circunstancias que el Ministerio de la Cultura iba con dos abogados».
También denunció que “el Consejo de la Cultura y la Intendencia Regional validaron una elección de agrupaciones en la que sólo participaron tres agrupaciones que se eligieron a sí mismas” y que entre estas “hay dos que tienen lazos cercanos con la propia ministra de Cultura, como es el caso de Ciudadanos por Valparaíso cuya líder Paz Undurraga es asesora de la ministra Barattini”.
Otros problemas
La noticia del inicio de este juicio llega justo en momentos de cambio de gabinete y en un contexto de un quiebre total entre Barattini y los trabajadores de su Ministerio –agrupados en Anfucultura– y de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y museos, congregados en Anfudibam.
«Hoy como trabajadores hemos llegado a la firme convicción que no existe posibilidad de dialogo con la actual autoridad de cultura. No solo porque no tenemos certeza de su continuidad a la cabeza del CNCA (consejo Nacional de la Cultura y las Artes), sino porque no nos ha entregado las garantías mínimas que nos den la confianza y seguridad para desarrollar un proceso de traspaso a la nueva institucionalidad que garantice mejoras para los trabajadores», señalaron en un comunicado estas organizaciones, que cuentan con respaldo de la ANEF.
Una de las críticas fundamentales que hacen los trabajadores es tardanza en la entrega del proyecto que crea la nueva institucionalidad cultural, para el que –según han denunciado- no han sido debidamente consultados.
Por otra parte, el CNCA es investigado por la Contraloría General de la República investiga millonario financiamiento del programa “Verano para todos y todas” impulsado por Barattini y por la presidenta Michelle Bachelet, para el que se habrían extraído recursos del presupuesto programático regional de este Ministerio y en el que se invirtieron más de tres mil millones de pesos.
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