Posible caso de tráfico y trata de personas de nacionalidad boliviana en Teno

La Ficalía investiga acerca de un posible delito de tráfico y trata de personas en Teno, Región del Maule, tras el hallazgo de 36 bolivianos viviendo hacinados en apenas dos cabañas y trabajando para una empresa que no cumplía con sus compromisos salariales.

Personal de extranjería de la PDI encontró en la localidad de El Guindo a 36 personas de nacionalidad boliviana viviendo en deplorables condiciones. Al parecer, los 36 trabajadores fueron contratados por la empresa Isidora SPA para realizar trabajos de montajes de torres de alta tensión en la zona de Copiapó. Tras los aluviones que devastaron el norte del país, este grupo de trabajadores fue trasladado a la Región del Maule para trabajar en la comuna de Teno.

Las 36 personas, de entre 28 y 35 años, en el momento de ser encontradas vivían hacinados en dos pequeñas cabañas y se alimentaban de restos de alimentos de forma muy deficitaria. Según declaraciones de testigos, la empresa contactó con ellos en Cochabamba, luego fueron trasladados a Santiago y de ahí los distribuyeron entre Copiapó y San Fernando. Ellos aceptaron el trabajo de montar torres de alta tensión a cambio de 700 dólares mensuales, pero desde el mes de enero estos trabajadores no habían percibido el salario acordado.

Tras ser encontrados, los 36 ciudadanos bolivianos prestaron declaración y fueron derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule.

La suprefecto Cynthia Contreras, jefa de la unidad de Trata de Personas de la PDI, explicó a la prensa: «Trabajamos en la hipótesis sobre la trata con fines de trabajos forzados, porque ellos se encuentran en Chile prácticamente forzados por la necesidad de que se les cancele su sueldo y ahí configuramos el delito de trata«.

La Inspección Provincial del Trabajo, que clausuró el recinto de manera inmediata apenas conocer los hechos, descubrió que la visa de trabajo de los bolivianos estaba pendiente y que desde enero no habían percibido los sueldos correspondientes. El Ministerio Público ha ordenado la investigación del caso.

La fiscal Mónica Barrientos, según declaraciones publicadas por Cooperativa, afirmó que este caso se descubre a raíz de «una denuncia que se realiza por parte de la gobernación» y que en estos momentos hay una investigación en curso para «determinar si estamos ante el delito de tráfico y trata de personas«. Al parecer, la fiscal no ha logrado encontrar por el momento ningún documentos legal de la empresa que contrató los servicios del grupo de trabajadores bolivianos.