¿Empezamos a hablar de feminicidio en el Estado español?

La violencia machista es la principal causa de muerte para las mujeres de entre 15 y 44 años en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Diana Russell , activista y escritora, fue la pionera en utilizar ‘femicide’ en 1976 para definir estas violencias extremas contra las mujeres, con resultado de muerte. En los años 90, las feministas latinoamericanas incorporaron ese término en dos variantes: feminicidio y femicidio. El primero, defendido por la mexicana Marcela Lagarde, añade un componente político, ya que se refiere no solo a los asesinatos sistemáticos de mujeres, sino a que estos ocurren en un contexto de complicidad o inacción por parte de los Estados.

El Gobierno español, en cambio, optó por emplear “violencia de género” como categoría jurídica que se aplica en delitos en los que el agresor tenga o haya tenido una relación sentimental con la víctima. Esta decisión política ha contribuido a que la sociedad tienda a identificar como violencia de género solo la que ocurre en la pareja y que no acabe de situar su origen en la desigualdad y la dominación masculina. El movimiento feminista ha denunciado que excluye realidades como la violencia sexual por parte de hombres que no tenían una relación afectiva con la víctima o las agresiones contra las trabajadoras del sexo.

La ONG vasca Mugarik Gabe convocó un debate entre feministas el pasado 21 de abril en Bilbao, para reflexionar sobre las potencialidades de apostar también en el Estado español por el concepto de ‘feminicidio’ o ‘femicidio’, como forma de nombrar y castigar todos los asesinatos machistas.

En el encuentro participaron integrantes de Mugarik Gabe, Pikara Magazine, Medicus Mundi y expertas en violencia machista a título individual. Se contó con la intervención por videoconferencia de Gabriela Atencio, integrante de Otro Tiempo , colectivo impulsor de la plataforma feminicidio.net, que documenta y clasifica todos los asesinatos de mujeres en el Estado español desde el 2010. Su nuevo proyecto ha sido la edición del libro Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres, que incluye aportaciones de autoras como Beatriz Gimeno, Irene Ballester, Laura Rebolledo Génisson, Ana Messuti, Elena Laporta y la propia Atencio.

La impulsora de Feminicidio.net defendió la idoneidad de “feminicidio” como un término “aglutinador”, que permitiría “nombrar a las nadie”: a las mujeres asesinadas fuera del contexto de la pareja. En el Estado español, entre el 50 y 60 por cierto de las muertes de mujeres se producen en manos de las parejas, pero el resto de violencias no constan en los registros oficiales de violencia de género.

A diferencia del genocidio, el feminicidio lo determinante en los asesinatos no es tanto un objetivo como la razón: el hecho de que, en una sociedad patriarcal, las mujeres son percibidas como objeto de control, de dominación y de desprecio. El asesinato machista es la punta del iceberg de una violencia estructural contra las mujeres presente en todos los ámbitos de la vida. En palabras de Atencio, utilizar el término ‘feminicidio’ en el Estado español para nombrar estos asesinatos “propiciaría un reconocimiento jurídico” que contribuiría a una lucha más eficaz contra estos crímenes.

Hacia una radiografía más completa

Feminicio.net ha registrado en su base de datos 460 feminicidios -asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres- y asesinatos de mujeres -por otras causas- entre entre 2010 y 2013, que clasifica en 12 tipos (entre otros, feminicidio íntimo, no íntimo, familiar, infantil o por prostitución). En el libro se detalla que 260 de ellos fueron cometidos por la pareja o expareja (mientras que las cifras oficiales se quedan en 240), que 22 de las víctimas fueron prostitutas y 20 fueron niñas. El 26% del total de víctimas (121) eran de nacionalidad extranjera.

Esta plataforma aboga por visibilizar también a los 29 hombres asesinados entre 2010 y 2013 como víctimas indirectas de la violencia de género: una cifra que incluye 16 casos de padres que quitaron la vida a sus hijos para vengarse de sus exmujeres, así como otros familiares, amigos o nuevas parejas de la víctima de violencia de género asesinadas por el agresor.

Atencio criticó también que las estadísticas oficiales no recaban suficientes datos sobre las víctimas como el origen étnico, la nacionalidad, la situación administrativa, la clase social, la identidad de género, la orientación sexual o la diversidad funcional. Contar con estos indicadores permitiría visibilizar factores de discriminación determinantes que inciden en la violencia de género. Una de las preguntas en el debate fue qué ocurre cuando las víctimas son transexuales o transgénero: si el Gobierno está incluyendo en los registros a mujeres transexuales que no hayan cambiado de nombre y sexo, o a las personas que se identifiquen como hombres pese a que en su DNI conste el sexo femenino asignado al nacer.

El riesgo: jerarquizar entre violencias

Las participantes coincidieron en que el concepto ‘feminicidio’ es claro (al contrario que ‘violencia de género’, difícil de comprender para una ciudadanía con escasa o nula formación en feminismo), que aporta fuerza para “reclamar reconocimiento y reparación social” hacia las víctimas y sus familias, y que sirve para denunciar “la dejación del Estado” en su obligación de garantizar la integridad y los derechos de la ciudadanía.
Por ello, se mostraron partidarias de proponer su uso al movimiento feminista y debatir sobre cómo extenderlo a los medios de comunicación y la opinión pública. Atencio disipó la duda sobre si habría que elegir entre ‘feminicidio’ o ‘feminicidio’, considerando que ambos términos son válidos y complementarios.

La principal preocupación que mostraron es si el uso de ‘feminicidio’ puede implicar “una jerarquización entre violencias”, por lo que subrayaron la importancia de seguir denunciando las múltiples consecuencias de la dominación machista en la vida de las mujeres.
También se interesaron por su dimensión jurídica. Atencio señaló que hay diferentes formas de legislar, ya sea a través de una ley específica contra el feminicidio, o incluyendo un tipo penal que se aplique como agravante en los juicios. En el libro cita la legislación uruguaya, en el que reconoce el feminicidio como un crimen universal, y también el caso de países que han desarrollado una ley específica para el feminicidio, como Perú, México, Chile, Bolivia y Ecuador.

Además, abogó por consolidar una política internacional que unifique criterios jurídicos. Si bien en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamaericana (celebrada el 29 de marzo del 2014 en Atenas) se aprobó una resolución de urgencia sobre el feminicidio, empleando este término, falta que el derecho penal internacional llegue a unos consensos que vinculen a los diferentes Estados.

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